viernes, 19 de julio de 2019

CORTE ORDENA A BANCO RESTITUIR FONDOS SUSTRAÍDOS VÍA FRAUDE INFORMÁTICO


17 de julio de 2919

“El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del banco recurrido y le ordenó restituir a la afectada la suma de $1.230.000.”

“En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Talca (Chile) acogió el recurso de protección presentado en contra de Banco Estado, por denegar la restitución de dinero sustraído vía internet de la chequera electrónica de clienta.

La sentencia sostiene que como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema, ‘ante un fraude informático en el uso de las claves de una cuenta corriente y productos asociados a ellas no resulta posible sostener que los dineros sustraídos, sin el consentimiento del cliente, como ocurre en autos, corresponda a caudales específicos de éste, toda vez que los depósitos de dinero en las entidades financieras se realizan como un simple género y en caso alguno como especies o cuerpos ciertos, a lo que debe sumarse el carácter de bienes fungibles que en su esencia representan las especies monetarias empleadas para la satisfacción de lo debido, conforme dispone el artículo 575 del Código Civil, esto es, dotadas de igual poder liberatorio, y por cuya razón pueden reemplazarse unas a otras mutua o recíprocamente en la ejecución de las obligaciones sin perjuicio ni reclamo del acreedor (Carlos Ducci Claro, Derecho Civil, Parte General, Editorial Jurídica de Chile, 1980). Sentencias Corte Suprema Rol N°2196-2018 y 29.635-2018'.

La resolución agrega que, en armonía con lo antes señalado y teniendo especialmente en consideración el uso de la tecnología en la actualidad para efectuar transacciones comerciales, financieras y bancarias; ya no es suficiente que las entidades bancarias mantenga estricta seguridad en sus bóvedas; si no que es preciso que adopten todas las medidas de resguardo computacionales, para proteger eficazmente las plataformas digitales que ponen a disposición de sus clientes para realizar diversos tipos de transacciones bancarias, con los dineros que se le han entregado en depósito. Cabe agregar que la fragilidad de tales resguardos, ha quedado en evidencia con los diversos y masivos ‘ataques cibernéticos' que han sufrido la banca y otros organismos, como lo es el hecho de público conocimiento que el 20 de febrero de 2019, existió un sabotaje vía internet respecto de varias cuentas de clientes del BCI, cuyos dineros sustraídos fueron trasferidos a cuentas del Banco Estado, e incluso esta última entidad indicó que en el mes de enero de este año fueron víctimas de igual situación.

Añade que en consecuencia, el único y exclusivo afectado por el fraude informático resulta ser la entidad bancaria respectiva que, en la especie, es el Banco Estado, atendida su calidad de propietario del dinero y, como se dijo en lo que precede, es su responsabilidad procurar los elementos de custodia computacional, para resguardar eficazmente de los dineros que recibe en depósito de sus clientes; sin que obste a ello la circunstancia de que el fraude informático se haya ejecutado mediante el uso irregular de los datos y claves bancarias personales del recurrente de autos.

Por último, concluye que la negativa del banco recurrido de reintegrar los dineros sustraídos desde la chequera electrónica del Banco Estado, cuya titular es la actora, constituye un acto ilegal y arbitrario, desde que con tal proceder, ha pretendido desligarse de la responsabilidad que le cabe en tal hecho, haciendo recaer en su clienta los perjuicios económicos derivados de un fraude informático.”

Tomado de: DIARIO CONSTITUCIONAL.cl

miércoles, 17 de julio de 2019

DON RÓMULO GALLEGOS


SEMBLANZA

15 de julio 2019

Nació en Caracas. Hijo de Rita Freire Guruceaga y de Rómulo Gallegos Osío, inició la escuela en primaria en 1888. En 1894 ingresó en el Seminario Metropolitano pero sale obligado por la muerte de su madre el 13 de marzo de 1896 por la necesidad de ayudar a su padre a sostener la familia. En 1898 ingresa en el colegio Sucre, donde tiene como maestros a Jesús María Sifontes y a José Manuel Núñez Ponte. Recibe el título de bachiller en 1902 y en ese mismo año se inscribe en la Universidad Central de Venezuela para seguir la carrera de leyes, que abandona en 1905. En 1906, fue designado jefe de la estación del Ferrocarril Central, en Caracas. Ya Gallegos había comenzado su larga trayectoria como escritor.2​ El 1 de abril de 1912 se casó con Teotiste Candelaria Arocha Egui (1895-1950), hija de Rafael Arocha Merchan y de María de Jesús Egui.

El inicio de Rómulo Gallegos como escritor está asociado al teatro. Junto a sus compañeros de la revista La Alborada compartió la pasión por este género. Llegó a escribir varias obras, como «Los ídolos» (1909) y «El motor» (1910), de las cuales solo esta última se publicó en vida del autor. «Los ídolos» fue una pieza de la cual hizo una versión probablemente del mismo año, «Los predestinados» (la primera permanece inédita; la segunda fue publicada en el n° 2 de La Alborada, el 14/2/1909). En las «Obras selectas», Editorial Edime, 1959, aparece «El motor» y «El milagro del año» de 1915, que también publicó como cuento.

Gallegos hace referencias en diferentes momentos de obras de teatro que tenía en proyectos, o que destruyó, como lo es el caso de «Listos» (que refiere en carta a su amigo Salustio González) y «La espera» (probablemente de 1915). Su experiencia como dramaturgo luego se mostrará en el cine con el guion de «Doña Bárbara»(1940), y de «La Trepadora», «Canaima» y «La Señora del frente», para la industria mexicana. También en «Juan de la Calle» (1941). Casi ninguno de sus guiones se conserva. Salvo una pieza en 32 actos llamada «La doncella», que se publicó en México en 1957. Se trata de una emocionante pieza sobre la vida de Juana de Arco, y donde su maestría del diálogo se muestra con fuerza, pero no se llevó a cabo su rodaje pese a que era un encargo.

En sus comienzos como narrador, Rómulo Gallegos publicó Los Aventureros (Caracas, 1913), una colección de cuentos. Otros relatos son recopilados en La Rebelión y otros cuentos (Caracas, 1946), La Doncella y El Último Patriota (México, 1957).3​ Su período como cuentista abarca desde 1913 hasta 1919, aunque otros cuentos se publicarán en 1922. En sus obras siempre mantendrá el realismo, las cuales se dividen en tres temáticas fundamentales: Los de crítica de costumbres, los de ambiente criollo donde plantea la antinomia civilización y barbarie, y los que describen pasiones, desequilibrios y anormalidades.

Sus novelas reflejan su interés por la vida del campesinado venezolano. Su primera novela, El último Solar (1920), la reeditaría en 1930 con el título de Reinaldo Solar que relata la historia de la decadencia de una familia aristocrática a través de su último representante, en el que se adivina a su amigo Enrique Soublette, con quien fundará en 1909 la revista Alborada. En 1922 escribe El forastero pero lo publica empezando el año de 1942 por temor a la reacción del dictador Juan Vicente Gómez. En 1922 logra publicar La rebelión y en 1925 La Trepadora, retratando en ambas obras el problema del mestizaje, planteando como solución los matrimonios mixtos. En 1926 viaja a Europa y redescubre en el santuario de Lourdes su fe perdida.

En 1927 viaja para presenciar los Llanos venezolanos y así documentarse para su próxima novela. El resultado sería Doña Bárbara publicada en 1929. Doña Bárbara representa aquella Venezuela [Como la actual] cruel e insensible afectada por la corrupción, la traición, el despotismo, la falta de libertad, el latifundismo, la injusticia y la brujería; pero en el melodrama se muestra que en la realidad existía también una raza buena que ama, sufre y espera para luchar contra la dictadura desenfrenada de aquel entonces, representada en el personaje de Santos Luzardo.4​ Esta novela lo llevaría al reconocimiento público, fue la más exitosa de sus obras. El dictador Juan Vicente Gómez al ver su prestigio lo nombró en 1931 senador por el estado de Apure, pero sus convicciones democráticas lo hicieron renunciar al cargo y expatriarse, exiliándose en 1931 a Nueva York.

En 1932 va a España y permanece allí hasta que en 1935 muere el dictador y Rómulo Gallegos decide volver a Venezuela. En el año de 1934 publicó Cantaclaro, y en 1935 Canaima. Así como para Gallegos el mestizaje era la solución de los conflictos entre mantuanos e indígenas, el mestizaje también sería la solución de los conflictos de civilización y barbarie.

En el año 1937 publicó Pobre negro, en 1942 El forastero, y al año siguiente Sobre la misma tierra. En 1951 publicó La brizna de paja en el viento. En 1952 comienza a redactar su última novela Tierra bajo los pies, que permanecería inédita hasta su tardía publicación en 1973.” (Interlineado y destacados de quien publica.)

Tomado de: Wikipedia

lunes, 15 de julio de 2019

REVALIDACIÓN DE TÍTULO DE MÉDICOS RESPECTO DEL SECTOR PRIVADO


13 de julio 2019

“El fallo de la Corte indicó que se deja sin efecto el citado oficio N° 880, de 2019.”

“La Contraloría General de la República dio cumplimiento a la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que mediante sentencia de fecha dos de julio del año en curso, acogió el recurso de protección rol N° 6.325, de 2019, interpuesto por un particular-en representación de todos los médicos que hayan obtenido sus títulos profesionales en el extranjero, en países sin tratados de convalidación vigentes con Chile- en contra de esta Contraloría General, por la emisión del oficio N° 880, de igual año.

Este último oficio desestimó una solicitud de reconsideración -formulada, entre otros, por la persona antes indicada y la ex Diputada señora Karla Rubilar Barahona- del criterio sustentado en el oficio N° 23.454, de 2009, que cursó con alcance el decreto N° 8, de 2009, del Ministerio de Salud -reglamento relativo a la aplicación del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM)-, y en el dictamen N° 50.173, de 2013. El ente fiscalizador agregó que esos pronunciamientos constituían la jurisprudencia administrativa uniforme aplicada por este Ente de Control desde el año 2009 -contenida, además, en los dictámenes N°s. 5.644, 36.740, 39.696 y 49.880, todos de 2011, y 90.521 y 94.265, ambos de 2014-, la que sostenía que la revalidación automática de un título profesional de médico cirujano obtenido en el extranjero por la aprobación del EUNACOM, prevista en el artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 20.261, habilitaba al respectivo profesional sólo para acceder a las plazas o ejercer las actividades enunciadas en el artículo 12 del aludido decreto N° 8, de 2009, vinculadas con el sector público.

Al respecto, el ente contralor expone que, en este orden de ideas, la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante el mencionado fallo, acoge el recurso de protección de que se trata y deja sin efecto el citado oficio N° 880, de 2019, declarando “que los médicos cirujanos con títulos obtenidos en el extranjero que han aprobado el” EUNACOM, “han revalidado en Chile dichos títulos profesionales y éstos los habilitan sin otro requisito para ejercer la profesión de médico cirujano, tanto en el sistema de salud pública y privada del país”.

En ese contexto, añadió el órgano contralor que, en este contexto, esta Contraloría General cumple con señalar que ha decidido no apelar la sentencia reseñada y, en reemplazo del citado oficio N° 880, de 2019, que pierde vigencia, acceder a lo solicitado en las presentaciones que dieron origen a aquel, dejando sin efecto el oficio de alcance N° 23.454, de 2009, y el dictamen N° 50.173, de 2013.

En ese sentido, el ente contralor razonó que, además, y no obstante el efecto relativo de las sentencias judiciales -reconocido en el artículo 3° del Código Civil-, se ha estimado pertinente recoger, con efectos generales, el criterio contenido en la sentencia mencionada, conforme al cual la revalidación automática de títulos de médico cirujano de profesionales que aprueben o hayan aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, a que se refiere el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 20.261, opera tanto para el ejercicio profesional en el sector público como privado.

De esa forma, la CGR concluyó que, por consiguiente, se reconsidera el criterio jurisprudencial sustentado en la materia por los dictámenes N°s. 5.644, 36.740, 39.696 y 49.880, todos del año 2011, y 90.521 y 94.265, ambos de 2014, como asimismo, toda otra jurisprudencia administrativa en contrario.” (Resaltado de quien publica).

Tomado de: DIARIO CONSTITUCIONAL .cl

CÁMARA DIPUTADOS CHILE ANALIZÓ CRISIS MIGRATORIA VENEZOLANA EN SU FRONTERA


12 de julio 2019

 “…cómo el Gobierno está abordando la ola migratoria de venezolanos en Chacalluta, complejo fronterizo ubicado al norte de Arica.”

“La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados informó sobre la crisis migratoria surgida en el complejo Chacalluta, desde el 22 de junio, y las medidas adoptadas por el Gobierno.

Para este análisis asistieron el jefe del Departamento de Extranjería y Migración (dependiente del Ministerio del Interior), Álvaro Bellolio, y el director general de Asuntos Consulares, Raúl Sanhueza, repartición dependiente de la Cancillería.

Álvaro Bellolio informó que la población venezolana residente en Chile alcanza a 400 mil personas, siendo la más numerosa, seguida por la peruana y haitiana. Agregó que, desde abril de 2018, se han solicitado más de 96 mil visas, de las cuales se han otorgado 37 mil, 31 mil están en proceso y 30 mil han sido rechazadas por la presentación de documentación falsa.

Respecto a la crisis en la frontera norte, Bellolio explicó que el problema surge cuando Perú decide solicitar visa consular a los migrantes venezolanos, por lo que llegaron en gran número al complejo fronterizo Chacalluta, donde se implementó un plan de contingencia para atender a las familias venezolanas, priorizando a mujeres y niños.

“Efectivamente, hubo un número de extranjeros venezolanos que tenían la intención de entrar a Chile como turistas. Ellos nunca hicieron un ingreso efectivo, pero a pesar de estas condiciones y, aún estando administrativamente bajo el Perú, Chile les entregó todo su apoyo. Puso espacios de hidratación, médicos y buses para que puedan hacer sus trámites en Tacna", informó.

Enseguida acotó que, "hoy en día, es el consulado de Tacna el que les está entregando su documentación; el que está entregando salvoconductos. Y, de esta manera, permitir que los venezolanos que cumplen los requisitos y puedan entrar al país, facilitar su inserción en Chile”.

Luego, el encargado de Extranjería señaló que se entregaron mil números a las personas que permanecían en la frontera para ser atendidas en el consulado de Tacna, que serán recibidas hasta el 18 de julio, aproximadamente, citas donde no tendrían que esperar más de 48 minutos.

Por último, Álvaro Bellolio señaló que, entre el 22 y el 29 de junio, se realizaron 815 ingresos consulares de venezolanos y 84 solicitudes de refugio. Además, se registraron 119 ingresos clandestinos.

Asimismo, el director general de Asuntos Consulares explicó la operatividad del Sistema de Atención Consular y Análisis Policial (SACAP), que permite a los migrantes venezolanos realizar trámites en línea por internet; y luego establecer la entrevista y análisis de datos por la PDI, que tiene convenio de datos migratorios con otros países como Uruguay.

Este sistema busca frenar las mafias de trata de personas o gestores o tramitadores que operan con los migrantes, destacó el funcionario.Reacciones parlamentarias
El diputado Mirosevic calificó como una gran improvisación lo ocurrido en Chacalluta y llamó al Gobierno a tomar medidas especiales.

“Yo creo que el Gobierno tiene que tomarse en serio lo que está pasando. Yo lo que he visto es más bien una improvisación. Se toma una decisión de aumentar los requisitos pero la ciudad de Arica no estaba preparada, de la misma manera que otras zonas de frontera tampoco lo estaban. A todos nos sorprendió esta circunstancia y, la verdad, es que la frontera de Chacalluta se transformó en un campamento”, consideró.

El legislador recalcó que la ciudad de Arica no está preparada por sí sola para resistir esta ola migratoria y sostuvo que se requiere de parte del gobierno central un apoyo decidido en salud y en educación. "De lo contrario, la cuidad por sí misma no es capaz de financiar lo que eso significa”, aseguró.

Por su parte, la parlamentaria Del Real explicó que la Comisión reiterará la invitación al subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, para buscar una solución política para la migración venezolana.

“Dentro de las soluciones que hemos discutido hoy día en la mesa: primero es una solución que abarque a todos los países de la región, donde todas las naciones se hagan partícipes de asumir esta migración. Chile ha recibido a 400 mil venezolanos y nosotros tenemos una población menor a 20 millones de personas, siendo que Brasil que tiene más de 200 millones de habitantes ha recibido solo 160 mil venezolanos. Por lo tanto, tenemos que ser un poco más equitativos; y que los países de la región enfrenten de manera conjunta esta crisis migratoria”, detalló.

Cabe señalar que la coordinación regional de los países de América del Sur es un anhelo de los integrantes de la comisión de Relaciones Exteriores, para que las y los venezolanos que dejan su país, accedan a mejores condiciones de vida en otro territorio.”

Tomado de: DIARIO CONSTITUCIONAL .cl

AUSTRALIA CONVOCARÁ A REFERÉNDUM PARA EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUS PUEBLOS INDÍGENAS PARA ANTES DEL 2022


11 de julio de 2019

Se prometió que el Gobierno federal organizará en los próximos tres años un referéndum para que los pueblos indígenas de Australia sean reconocidos en la Constitución.

Recientemente, el Ministro australiano de Asuntos Indígenas, Ken Wyatt, prometió que el Gobierno federal organizará en los próximos tres años un referéndum para que los pueblos indígenas de Australia sean reconocidos en la Constitución.

Cabe recordar que hace poco más de una década el ex Primer Ministro de Australia, Kevin Rudd, pidió perdón a los indígenas por las vejaciones inferidas a quienes formaron parte de la denominada “generación robada” que, entre los años 1910 y 1970, fueron separados a la fuerza de sus familias.

Al efecto, el Ministro Ken Wyatt sostuvo que es necesario "diseñar el modelo correcto para avanzar a un punto en el que la mayoría de los australianos, la mayoría de los estados y territorios y los australianos indígenas apoyen el modelo para que sea exitoso".

Agregó luego que “el exitoso referéndum de 1967 fue el resultado de un incansable trabajo y un extraordinario impulso nacional para el cambio. Si queremos ver ese tipo de consenso nacional de nuevo, debemos ser exhaustivos y tomarnos el tiempo necesario para hacerlo bien", sostuvo el Ministro aludiendo  a la consulta en la que un 91% de los australianos votaron por una enmienda constitucional para incluir a los indígenas en el censo y permitir que el Gobierno federal creara leyes para ellos.

De acuerdo a lo anterior, se espera que el referéndum se lleve a cabo  antes del año 2022.

"EL INFORME BACHELET: DESAHUCIO AL RÉGIMEN"


Por Allan R. Brewer-Carías.
10 de julio de 2019

Llamamiento al Gobierno a que se aparte del poder.

Todas las Recomendaciones formuladas en el Informe, y ello lo sabe la Sra. Bachelet, solo podrían ejecutarse e implementarse por un gobierno democrático.

A propósito del reciente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela, Allan R. Brewer-Carías, publicó el documento "El informe Bachelet: desahucio al régimen”.

En el documento, se expone que el Informe Bachelet, de 4 de julio de 2019, tuvo por objeto mostrar una “visión general de la situación de los derechos humanos” en Venezuela de enero de 2018 a mayo de 2019, destacando lo que denominó: “patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales” (§ 2); es decir, todos los derechos de los venezolanos, afectando además a toda la población.

En sí mismo, aduce el autor, el Informe constituye un desahucio al régimen: es decir, una notificación formal de que debe desalojar el poder en Venezuela y pronto, es más, “de inmediato”.

Por eso, después de la lectura del Informe, la única conclusión que puede sacarse, interpretado adecuadamente, es que aparte de evidenciar a grandes rasgos el horror que vive el país, lo que por lo demás, constituyen “hechos comunicacionales,” de todos conocidos, y que por tanto no requieren de mayor prueba, lo que plantea sobre todo en sus recomendaciones son una serie de medidas que solo podrían aplicarse e implementarse por otro gobierno, no por el que causó todos los espantos denunciados. Se requiere de un gobierno democrático, democráticamente electo, y funcionando conforme a los parámetros de un Estado de derecho.

A partir de lo anterior, concluye en síntesis el profesor Brawer-Carías que después del cuadro de horror expuesto por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, Michel Bachelet, luego de haber visitado a Venezuela entre el 20 y 22 de junio de 2019, al hacer en sus “Recomendaciones” un “llamamiento al Gobierno de Venezuela para que de manera inmediata” haga cesar todas las acciones y omisiones de los órganos del mismo que son las que han provocado, durante lustros, las horrendas violaciones a los derechos humanos sintetizadas en el Informe, no puede entenderse en otra forma que no sea una conminación a que ese abandone el poder.

Y es que todas las Recomendaciones formuladas en el Informe, y ello lo sabe la Sra. Bachelet, solo podrían ejecutarse e implementarse por un gobierno democrático, actuando en un todo sometido a un Estado de derecho; razón por la cual, al no ser el régimen actual un gobierno democrático, las recomendaciones son un llamamiento al Gobierno a que se aparte del poder “de manera inmediata” y pueda producirse la transición a la democracia y el cese de la usurpación, y la realización de elecciones libres, que es lo único que puede garantizar la implementación de las recomendaciones del Informe.

EL CREDO


De Aquiles Nazoa

Creo en Pablo Picasso, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra; creo en Charlie Chaplin, hijo de las violetas y de los ratones, que fue crucificado, muerto y sepultado por el tiempo, pero que cada día resucita en el corazón de los hombres; creo en el amor y en el arte como vías  hacia el disfrute de la vida perdurable; creo en los grillos que pueblan la noche de mágicos cristales; creo en el amolador que vive de fabricar estrellas de oro con su rueda maravillosa; creo en la cualidad aérea del ser humano configurada en el recuerdo de Isadora Duncan abatiéndose como una purísima paloma herida bajo el cielo del Mediterráneo; creo en las monedas de chocolate que atesoro secretamente debajo de la almohada de mi niñez; creo en la fábula de Orfeo; creo en el sortilegio de la música, yo que en las horas de mi angustia, vi el conjuro de la Pavana de Fauré, salir liberada y radiante a la dulce Eurídice del infierno de mi alma; creo en Rainer Maria Rilke, héroe de la lucha del hombre por la belleza, que sacrificó su vida al acto de cortar una rosa para una mujer; creo en las flores que brotaron del cadáver adolescente de Ofelia; creo en el llanto silencioso de Aquiles frente al mar, creo en un barco esbelto y distantísimo que salió hace un siglo al encuentro de la aurora; su capitán Lord Byron, al cinto la espada de los arcángeles y junto sus sienes un resplandor  de estrellas; creo en el perro de Ulises; en el gato risueño de Alicia en el País de las Maravillas, en el loro de Robinson Crusoe, en los ratoncitos que tiraron del coche de la Cenicienta, en Baralfiro, caballo de Rolando y en las abejas que labraron su colmena dentro del corazón de Martín Tinajero; creo en la amistad como el invento más bello del hombre; creo en los poderes creadores del pueblo; creo en la poesía y en fin, creo en mí mismo, puesto que sé que hay alguien que me ama.

lunes, 8 de julio de 2019

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA


27 de junio2019.

TC de España acogió amparo y estableció que el secreto de las actuaciones judiciales no impide al investigado conocer su contenido para impugnar su privación de libertad.

“El Tribunal Constitucional de España estimó el recurso de amparo promovido por un investigado penal al que se le impidió el acceso al expediente procesal al acordar su prisión provisional por estar decretado el secreto de las actuaciones judiciales.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional española sostuvo que la decisión de no dar acceso al expediente procesal privó al amparado de adquirir el conocimiento de los datos esenciales para impugnar su privación de libertad y articular correctamente su defensa, con lo que se vulneró su derecho a la libertad personal (artículo 17.1 de la Constitución Española), en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 de la Constitución Española). En efecto, los derechos se vulneraron cuando el juez instructor no atendió la petición del demandante de acceder a lo sustancial de las actuaciones en la comparecencia que precedió a la decisión de convertir la detención en prisión preventiva. Así, la prolongación en el tiempo del secreto no puede constreñir indefinidamente un ejercicio del derecho de defensa que llegue a abarcar la totalidad del sumario, desautorizándose constitucionalmente todo proceso penal que, como consecuencia de la declaración judicial de secreto, se geste a espaldas del interesado y recorte así sus derechos y garantías en el proceso. Recordó que la declaración de una causa como secreta siempre habrá de extenderse lo mínimo indispensable para lograr sus fines y que el paso del tiempo debilita el interés en el mantenimiento del secreto en favor de los intereses del investigado a conocer el contenido íntegro de las actuaciones.

Por tanto, el TC de España declaró la nulidad tanto del Auto de 9 de noviembre de 2017 dictado por el Juzgado de Instrucción núm.3 de Reus, que decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza del demandante, como del Auto de 7 de diciembre de 2017 de la Audiencia Provincial de Tarragona que confirmó en apelación la medida. Sin perjuicio de ello, aclaró que el otorgamiento del amparo solo tiene efectos declarativos puesto que posteriormente a la presentación de la demanda, se alzó el secreto de las actuaciones y el investigado fue puesto en libertad.”

Tomado de: DIARIO CONSTITUCIONAL.cl

CORTE SUPREMA DE CHILE SUSPENDE A MINISTROS DE CORTE DE RANCAGUA Y ABRE CUADERNO DE REMOCIÓN


Chile, 2 de julio 2019

El pleno del máximo Tribunal del país informó que la sentencia íntegra se dictará en 10 días, una vez que se culmine el proceso de redacción.

“La Corte Suprema aprobó el informe de la ministra instructora Rosa María Maggi y aplicó la sanción de cuatro meses de suspensión a los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez investigados por actos contra la probidad.

Según explicó el vocero del máximo Tribunal, Lamberto Cisternas, el pleno del máximo tribunal del país dispuso, además, la apertura de cuaderno de remoción de los tres ministros sancionados, e informó que la sentencia íntegra se dictará en 10 días, una vez que se culmine el proceso de redacción.

El ministro Elgueta enfrenta cargos por haber intervenido en la tramitación y fallo de un recurso de protección, haberse comunicado con abogados respecto de la tramitación de procesos, solicitado al fiscal regional de O'Higgins la designación de personas en la institución, haber exigido la designación de una exalumna en un tribunal y requerido y aceptado una suma de dinero.

En tanto, los cargos en contra del ministro Vásquez son: haber dictado una resolución en la que se nombró a su hija como consejera técnica suplente en un tribunal de la jurisdicción; dar consejo a imputado sometido a la medida cautelar de arresto domiciliario y haber procedido como presidente de la Corte de Rancagua, a instalar una sala que no estaba de acuerdo al sorteo.

Finalmente, el ministro Albornoz enfrenta cargo por haber solicitado a un imputado una suma de dinero.

Sobre las medidas adoptadas, el ministro Cisternas sostuvo que "si se aplica la máxima sanción y se ordena abrir un cuaderno de remoción es porque se estima que las faltas son graves, afectan a la probidad y se infringen las normas del Código Orgánico de Tribunales, los autocordados de la Corte Suprema de los principio de probidad y las normas del Código Iberoamericano de Ética Judicial".

Asimismo, explicó que el cuaderno de remoción es un proceso nuevo que requiere informes de los ministros, de la Corte de Apelaciones de Rancagua y demás antecedentes necesarios para resolver la remoción o destitución de los magistrados.

"Esto es la apertura del cuaderno de remoción. Esto no es la remoción o desvinculación como se usa en lenguaje más general, es solamente la apertura del cuaderno de remoción y, en su minuto, la Corte (Suprema) tendrá que resolver qué se hace con este cuaderno de remoción. En el sentido si se le da o no curso definitivo. Si le da curso definitivo se comunica al Ejecutivo para la dictación del decreto correspondiente o se emite por la propia Corte Suprema", dijo.

El ministro Cisternas informó, además, que se aprobaron la serie de sobreseimientos propuestos por la ministra Maggi respecto de otros investigados.”

Tomado de: DIARIO CONSTITUCIONAL.cl

PROPUESTAS DE REFORMA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE CHILE


4 de julio 2019

“El documento fue presentado en el marco de la VI Conferencia Anual de Icon-s (la Sociedad Internacional de Derecho Público), realizada en la Universidad Católica.”

“Cuatro abogados y académicos, un documento: 25 propuestas para un Tribunal Constitucional (TC) del Siglo XXI. En la Casa Central de la Universidad Católica, y en el marco VI Conferencia Anual de Icon-s (la Sociedad Internacional de Derecho Público) que se realiza en Chile, los constitucionalistas Gastón Gómez, Miriam Henríquez, Patricio Zapata y Arturo Fermandois, presentaron el informe final elaborado por 16 juristas de nueve instituciones (cinco universidades y cuatro centros de estudios) sobre la reforma al TC.

Dentro de los principales ejes de la propuesta, se encuentra el fin del control preventivo de constitucionalidad, la implantación de un control posterior, la reducción de quórum para la declaración de inconstitucionalidad, el aumento de los integrantes del tribunal, entre otras.

CONTROL PREVENTIVO

En 2018, ingresaron al TC 20 proyectos de ley a control preventivo obligatorio y se presentaron tres requerimientos por control preventivo eventual. La propuesta considera la eliminación del control preventivo de legalidad, con la excepción de los tratados internacionales que deben ser ratificados por el Congreso. En su reemplazo, se crea la figura de un control posterior a la promulgación de la ley.

Para Gastón, académico de la U. Diego Portales y coordinador del grupo de estudios, “en la actualidad, el control preventivo está muy cerca del proceso legislativo y se tiñe en todos los debates. El propósito de fondo es que se retira al TC del debate político y se convierte en un organismo que se pronuncia sobre leyes vigentes. El pronunciamiento del TC no vuelve a la Cámara, sino que se declaran inválidos los preceptos que se considere inconstitucionales”.

Con relación a la excepción para el caso de tratados internacionales, Miriam Henríquez, académica de la U. Alberto Hurtado, dijo que esto se sostiene “en la lógica que la voluntad de este control preventivo es prevenir la inconsistencia entre el tratado y la Constitución. Esto en la medida en que esté sometido a la consideración del Congreso.”

CONFORMACIÓN

El documento elaborado por los académicos y que sería entregado al Presidente Sebastián Piñera, también plantea reducir el quórum para la declaración de inconstitucionalidad de los 4/5 a mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del TC.

Otro aspecto a reformar, estaría en el traspaso de la totalidad de contiendas de competencias al TC, hoy se comparten en algunos casos puntuales con el Congreso.

Sobre la conformación del tribunal, se propone aumentar de 10 a 12 sus integrantes, además de eliminar a los ministros suplentes. El Presidente, el Senado, la Cámara de Diputados y la Corte Suprema seleccionarían a tres de los miembros. Entre sus particularidades, se plantea que el Ejecutivo sea asesorado por un consejo de nombramientos, así como darle facultad a la cámara baja de decidir sus nombres sin necesidad de ratificación de la cámara alta. Además, se recomienda introducir directrices de equidad de género en la integración del tribunal.

Con relación a inhabilidades, el documento indica que autoridades políticas de elección popular, incluidos quienes hayan participado de órganos superiores de partidos políticos, no puedan incorporarse al tribunal en uno o dos años. Lo mismo para el caso de litigantes ante el TC.  Además, los miembros de la Corte Suprema y cortes de Apelaciones podrían optar a estos cargos y retornar al Poder Judicial al término del periodo.

¿TIEMPOS DE CAMBIO?

Según Patricio Zapata, a diferencia de la reforma que se realizó al organismo en 2005 “la discusión que hiciéramos hoy, no puede desconocer que los vientos que soplan en materia de instituciones, son muy distintos a aquellos años. En ese entonces, la discusión era por la gobernanza, la estabilidad, la eficiencia. Hoy la preocupación es incidencia, participación y legitimidad”. En este sentido, el abogado dijo que el eje de la discusión es legitimidad, dado que las labores propias del TC “lo ponen en conflicto con la mayoría. Entonces, para que no lo desgaste por completo, el TC requiere legitimidad“.

En una posición distinta se planteó Arturo Fermandois, para quien pese a que se reitera en hablar de crisis institucional y tiempos de cambios “tenemos una buena institucionalidad producto de la evolución, que va perfeccionando y creando instituciones porque la gente demanda más prestaciones, derechos sociales y control. Pero eso no es una crisis, sino producto de un país que avanza aceleradamente como Chile”. Al respecto, consideró que la propuesta de reforma al TC “es una oportunidad para que podamos llegar a buenas propuestas para el fortalecimiento de la institución”.

Tomado de LA TERCERA, diario digital de Chile.

CORTE DE SANTIAGO ORDENA INDEMNIZAR A VÍCTIMA DE TORTURAS


2 de julio 2019

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que acogió la demanda y estableció la responsabilidad del Estado en un crimen de lesa humanidad, imprescriptible penal y civilmente.

En fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $40.000.000 a víctima de torturas y vejámenes en los centros de detención clandestina de Villa Grimaldi y Cuatro Álamos, en 1974 y 1975.

La sentencia de primera instancia sostiene que de acuerdo a lo dispuesto en el motivo anterior, se establece que las acciones emanadas de hechos públicos y notorios constituidos por las violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos en nuestro país durante la época del régimen militar, de acuerdo a la normativa nacional e internacional vigente, tienen el carácter de imprescriptibles por tratarse de crímenes de lesa humanidad, al atentar contra los derechos fundamentales e inherentes a la persona humana, por lo que un acto ilícito de esa naturaleza, conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, genera tres obligaciones imprescriptibles para el Estado que ha incurrido en dicha infracción, las que se refieren a investigar las violaciones denunciadas, sancionar a los responsables y reparar íntegramente a las víctimas.

La resolución confirmada agrega que en virtud de lo expuesto y razonado en el apartado precedente, este Tribunal considera que, en el caso aquí ventilado, no resultan atingentes ni aplicables a la responsabilidad civil del Estado, las normas de Derecho Interno que regulan la prescripción civil, por encontrarse dichas disposiciones en abierta contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen el derecho de las víctimas de recibir una reparación integral, por tratarse este último, de un estatuto normativo internacional reconocido por el Estado de Chile, motivo por el cual se desestimará la excepción de prescripción extintiva en comento, fundada, como se dijo, en el artículo 2332 del Código Civil, y, en subsidio, en el artículo 2515 del mismo cuerpo legal.

La decisión se adoptó con el voto en contra del ministro Mera, quien señala que 4º) Que el citado artículo 2332 del Código Civil establece un plazo de cuatro años para la prescripción de la acción deducida en estos autos, plazo que se contabiliza desde que se cometió el acto ilícito, ya que la expresión “perpetración del acto” utilizada en la norma legal recién citada, tiene un sentido amplio, que comprende la realización de una acción u omisión que provoca el daño que motiva el resarcimiento de los perjuicios supuestamente causados. En el caso sub judice, el acto por el que se demanda la indemnización de perjuicios es único, y consiste en las torturas a que fue sometida la señora María Stella Dabancens Gándara, ocurridas a contar del 2 de noviembre de 1974 y hasta mediados de 1975, por lo que a la fecha de la notificación de la demanda, el 11 de mayo de 2018, el plazo que establece el artículo 2332 del Código Civil había transcurrido en exceso. 5º) Que aun cuando el plazo se cuente desde que el país volvió a la normalidad democrática, el 11 de marzo de 1990, igualmente estaría cumplido el plazo de prescripción de cuatro años referido. 6º) Que, en consecuencia, la acción deducida está extinguida por la prescripción.

CORTE SUPREMA DE CHILE SOBRE REGISTRO DE MARCA


18 de junio 2019

“Sin lugar recurso de casación contra sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, que rechazó registro de marca.

“En fallo unánime, la Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó solicitud de la empresa Viña Concha y Toro S.A. que pretendía registrar como marca expresión asociada a zona geográfica o denominación de origen de zona del valle central.

La sentencia sostiene que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 22 de la Ley N° 19.039, rechazó de oficio el registro de la marca mixta "CLOS DE PIRQUE", clase 33, fundado en el artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial, y en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y j) del artículo 20 del citado texto legal, atendido que el término "CLOS" es una mención tradicional de la Comunidad Económica Europea y coincidente con varias de las menciones complementarias de calidad para vinos tanto para dicha comunidad como para Chile.

La resolución agrega que la sentencia impugnada señala que el rechazo se funda en que el signo solicitado es indicativo, de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, no presenta carácter distintivo o describe aquellos a que debe aplicarse y la marca solicitada puede inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una indicación geográfica o denominación de origen.

A continuación, el fallo señala que agregan que la marca solicitada de acuerdo al Decreto Supremo N° 464, de Zonificación Vitícola, es una Denominación de Origen de la zona del Valle Central, a lo que se adiciona que el elemento "CLOS" es una mención tradicional de la Comunidad Económica Europea, que se reservan a ciertos vinos con calidad verificable de catastro, por lo que su concesión podría prestarse para inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una indicación geográfica o denominación de origen.

Por último, concluye que de acuerdo a lo expuesto por los sentenciadores de las instancias, el asunto ha sido resuelto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que es una expresión que se asocia a un lugar geográfico y a un atributo sobre la calidad del producto, por lo que no puede configurar una marca comercial y por ende el signo no goza de la distintividad necesaria, de tal forma que puede inducir a confusión, error o engaño al público consumidor, de manera que se impone el rechazo del recurso en esta sede, por manifiesta falta de fundamento.”

Tomado de: DIARIO CONSTITUCIONAL.cl

CS CONFIRMA AMPARO CONTRA JUEZA DE GARANTÍA QUE NO SOBRESEYÓ PESE A QUE LA FISCALÍA NO SUBSANÓ LOS VICIOS DE LA ACUSACIÓN


Chile, 19 de junio 2019

La juez recurrida debió dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 270 del Código Procesal Penal.

“La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Chillán que acogió el amparo deducido en favor de una persona formalizada contra la resolución dictada en audiencia de debate de sobreseimiento definitivo y preparación de juicio oral por la jueza titular del Juzgado de Garantía de Chillán, conforme a la cual se mantuvo la privación de libertad del amparado al no decretar el sobreseimiento definitivo, de acuerdo al artículo 270 del Código Procesal Penal, pese a que habiéndosele concedido plazo al Ministerio Público para que subsanara los vicios formales de los hechos contenidos en la acusación, no lo realizó, y en definitiva presentó dentro de plazo nuevamente la misma acusación no corregida, pese a que dicha norma de manera expresa e imperativa sanciona dicha conducta con el sobreseimiento definitivo.

En su sentencia, la Corte de Chillán indicó que lo discutido y el motivo del presente recurso consiste en determinar si el ente persecutor cumplió o no con lo que se le ordenó en la audiencia de preparación de juicio oral, y no en examinar si existe congruencia entre la formalización y la acusación, pues al respecto ya se resolvió y se ordenó la corrección aludida, restando únicamente fiscalizar su cumplimiento.

Luego, la sentencia verifica que, al no dar cumplimiento a la corrección de vicios formales en el plazo fijado por el tribunal, la juez recurrida debió dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 270 del Código Procesal Penal, y decretar el sobreseimiento definitivo, por lo que su negativa a dar cumplimiento a la citada disposición legal conlleva que actualmente se mantenga vigente un procedimiento penal en contra del amparado, que de no haber incurrido en el vicio denunciado, debió estar terminado por sobreseimiento, lo que por cierto constituye una amenaza a su libertad personal, razón por la cual el recurso es acogido.

Por su parte, el máximo Tribunal confirmó la sentencia apelada.”

Tomado de DIARIO CONSTITUCIONAL.cl