martes, 19 de febrero de 2019

NULIDAD DE SENTENCIA POR VIOLACIÓN DE ORDEN PÚBLICO


Sala de Casación Civil N° 135 / 22/5/2001
“Los hechos narrados, llevan a la Sala a la conclusión, de que en la incidencia sub-judice, se han violentado garantías fundamentales, tales como el derecho al debido proceso y a la defensa. Derechos estos de progenie Constitucional y sobre cuya observancia, debe este Tribunal Supremo de Justicia ejercer labor de celoso guardián, que lo constriñe a ordenar subsanar las violaciones que de ellas se perpetren, todo en resguardo de los derechos antes aludidos, protegiendo así a los ciudadanos de arbitrariedades cometidas en su contra; potestad esta que ejerce este Alto Órgano en aplicación de los artículos 49 y 257 de la Carta Fundamental y desarrolla con la institución de la casación de oficio, establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y puntualizada en la doctrina supra invocada.

En fuerza de los razonamientos que preceden y ante la subversión del orden procedimental observada, que deviene en la violación de normas de orden público, por ser las de procedimiento de esta especie y consciente la Sala, que tales reglas con las cuales el legislador ha revestido la tramitación de los juicios son de obligatorio cumplimiento y no pueden los tribunales, aun con el acuerdo de las partes, inobservarlas sin que con ello se vulnere aquél, la Sala declara, de oficio y de manera expresa y positiva, la violación por parte del Juez Superior Temporal Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de los artículos 49 y 257 de la Constitución, (…), hechos que patentizan el flagrante  menoscabo del derecho a la defensa y la violación grosera del debido proceso. Así se decide:”

COMPETENCIA PARA CONOCER REVISIÓN CONSTITUCIONAL


Sala Constitucional N° 2461 / 18/12/2006
“Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la solicitud de revisión de la sentencia que se analiza y para ello realizará varias observaciones que se desarrollan a continuación:

El artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:
“Artículo 336: Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(…)
10.- Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.
En efecto, dentro de las facultades atribuidas, por la actual Carta Magna, en forma exclusiva a la Sala Constitucional, en concordancia con el artículo 5, numerales 4 y 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se encuentra la de velar y garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, a los fines de custodiar la uniformidad en la interpretación de los preceptos fundamentales, además de la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional en interpretación directa de la Constitución y en resguardo de la seguridad jurídica.

De tal modo que, se atribuye a esta Sala la competencia para que, a través de un mecanismo extraordinario, pueda revisar las decisiones definitivamente firmes dictadas por los tribunales de la República, incluyendo la de las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, cuya potestad ejerce de forma limitada y restringida, en aras de evitar un arbitrario quebrantamiento de la cosa juzgada.

Sobre la competencia para conocer de las solicitudes de revisión de sentencias definitivamente firmes, se pronunció esta Sala en sentencia N° 93, del 6 de febrero de 2001, expediente N° 00-1529 (caso: CORPOTURISMO), dejando establecido que, según lo pautado en el artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son susceptibles de revisión:
“1) Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional, de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier Juzgado o Tribunal del País.
2) Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los Tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
3) Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal Supremo de Justicia o por los demás Tribunales o Juzgados del País, apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.
4) Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás Tribunales o Juzgados del País, que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional”.

Ahora bien, visto que en el caso de autos se solicitó la revisión de la sentencia N° 01025-2005, dictada el 11 de mayo de 2005, por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en el expediente N° AP42-R-2004-000871, a la que se imputa la violación del artículo 89, numerales 1, 2 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala se considera competente para conocer la solicitud, siendo criterio jurisprudencial reiterado la posibilidad de revisar estas sentencias cuando se observen graves inconsistencias en aspectos modulares del orden jurídico (Vid. Sentencias 520/07.06.2000, 1.250/24.10.2000 y 1.312/01.11.2000, entre otras) . Así se declara.

lunes, 18 de febrero de 2019

LEY DE JURAMENTO Y ORDEN PÚBLICO


Sala de Casación Civil N° 192 / 31/5/2010
“En este sentido, la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 19 de marzo de 1998, en el juicio seguido por Giuliano Pasqualucci Sindoni contra La Viña, C A., expediente N° 96-280, sentencia N° 90, argumentó lo que a continuación se trascribe:
“…Considera la Sala que el formalizante tiene razón. En efecto, la Ley de Juramento, en el artículo 7, en su único aparte, dispone: “Los jueces y demás funcionarios judiciales accidentales, prestarán juramento ante el juez o tribunal que los haya convocado”.
La doctrina de la Sala, en sentencia de fecha 8 de febrero de 1995, bajo la ponencia del Magistrado Dr. Carlos Trejo Padilla, se expresó así:
“La Sala, en uso de la atribución que le confiere el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, de casar de oficio el fallo recurrido, por manifiestas violaciones de normas de orden público y constitucionales, aunque no se las haya denunciado, hace el siguiente pronunciamiento:
El juramento ha sido definido por el profesor Eduardo J. Couture, así:
‘Declaración solemne que formula un funcionario, magistrado, perito, testigo o colaborador de la justicia, responsabilizándose por su honor o por sus creencias religiosas, de cumplir bien y fielmente su cometido’. (Eduardo J. Couture, Vocabulario Jurídico, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1976, pág. 368).
Dado el contenido de la declaración que emana de quien presta el juramento, el derecho positivo venezolano, en corriente universal y constante en este sentido, califica el acto de la declaración como solemne y con especial señalamiento ante quien debe efectuarse el mismo, en virtud de la altísima función pública de los funcionarios.
En efecto, el aparte único del artículo 7 de la Ley de Juramento, el cual se refiere a los auxiliares de justicia, como el defensor ad litem, textualmente ordena:
‘Los jueces y demás funcionarios judiciales accidentales, prestarán juramento ante el juez o tribunal que los haya convocado’.
En sintonía con el texto legal antes transcrito, el artículo 104 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
‘El secretario actuará con el juez y suscribirá con él todos los actos, resoluciones y sentencias. El secretario suscribirá también con el juez los actos de contestación, recusación, declaraciones, aceptaciones, experticias y demás a que deban concurrir las partes o terceros llamados por la ley’.
En consecuencia, no hay dudas para la Sala, que las disposiciones legales antes citadas, son de eminente orden público y (no orden público secundario, como desatinadamente lo califica la recurrida), dada la solemnidad con que el legislador ha rodeado la aceptación de los funcionarios auxiliares, tanto permanentes como accidentales del Poder Judicial y, al efecto, en sentencias de fechas 11 de mayo de 1966 y 12 de marzo de 1992, se estableció la siguiente doctrina, la cual aquí se ratifica:…”

PRESENTACIÓN RECURSO REVISIÓN ANTE TRIBUNAL DE INSTANCIA


Sala Constitucional N° 196 / 21/3/2014

“…De ese modo, por interpretación en contrario, las normas a que se refieren los artículos 129 (requisitos de la demanda), artículo 130 (solicitud de medidas cautelares); artículo 131 (oposición a la medida cautelar); artículo 132 (designación de ponente); artículo 133 (causales de inadmisión) y el artículo 134 (despacho saneador) son reglas comunes no sólo a ambos tipos de procedimiento (los que requieren sustanciación y los que no), sino además a cualquiera que se siga ante esta Sala Constitucional, pese a que no sea objeto de regulación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como sería el caso, por ejemplo, de los amparos constitucionales, como bien lo precisa el título del Capítulo en referencia al disponer ‘De los procesos ante la Sala Constitucional’. Así se declara.” (Subrayado propio).

De allí pues que, a pesar de que esta Sala durante un largo periodo sostuvo que no era posible interponer la solicitud de revisión ante otros tribunales, se abandona tal criterio, pues como lo señaló la sentencia arriba citada, lo dispuesto en el artículo 129 es aplicable a los procedimientos que no requieren sustanciación, entre los cuales se encuentra la solicitud de revisión; por lo tanto, resultaría admisible la posibilidad de interposición de solicitud de revisión presentada ante cualquiera de los tribunales que ejerzan competencia territorial en el lugar donde tenga su residencia el solicitante, cuando su domicilio se encuentre fuera del Área Metropolitana de Caracas.”

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES ANTE SALA CONSTITUCIONAL


Sala Constitucional N° 952 / 20/8/ 2010
“Antes de emitir cualquier pronunciamiento en torno al asunto sometido al conocimiento de la Sala, es menester efectuar algunas consideraciones procesales con ocasión de la entrada en vigencia de la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.991 Extraordinario del 29 de julio de 2010, que resultan además de trascendencia para resolver el caso de autos.

Señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 24, que ‘Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso…’ A la letra de lo señalado en dicho precepto, los procesos que cursan actualmente ante esta Sala es menester tramitarlos con base en las nuevas reglas procesales; y, de ser necesario, las actuaciones procesales realizadas encauzarlas dentro del neo diseño procedimental.

Teniendo tal mandato constitucional como referente, se observa que en el nuevo esquema procesal dispuesto en la reciente Ley se distingue entre las causas que requieren sustanciación (artículo 128) y las que no (artículo 145), a los efectos de someter a cada una de ellas a reglas procesales distintas.

Así, siguiendo la distinción legislativa, las causas que requieren sustanciación son: la nulidad de actos normativos, bien sean nacionales (numeral 1) estadales o municipales (numeral 2), o los dictados por el Ejecutivos (sic) Nacional (numeral 3); los actos dictados en ejecución directa de la constitucional (sic) (numeral 4); las omisiones legislativas en cualquiera de sus divisiones verticales (numeral 7); los recursos de colisión de leyes (numeral 8); las controversias constitucionales entre cualesquiera de los órganos del Poder Público (numeral 9); y la demanda de interpretación de leyes (numeral 17).

Por su parte, de conformidad con el artículo 145 de esa misma Ley, ‘En las causas en las que no se requiera sustanciación, la Sala decidirá en un lapso de treinta días de despacho contados a partir del día en que se dé cuenta del recibo de las actuaciones, salvo lo que preceptúan la Constitución de la República y leyes especiales’, agregando luego que ‘No requerirán sustanciación las causas a que se refieren los numerales 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del artículo 25. Queda a salvo la facultad de la Sala Constitucional de dictar autos para mejor proveer y fijar audiencia si lo estima pertinente’. Las causas a que se refiere el artículo aludido son: las de verificación de la constitucionalidad de los Tratados internacionales suscritos por la República (numeral 5); la constitucionalidad de los decretos que declaren los Estados de excepción (numeral 6); las revisiones de sentencia en cualesquiera de sus sub tipos: las dictadas por cualquier tribunal de la República (numeral 10), las dictadas por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (numeral 11) y las que realizan control difuso de la constitucionalidad de leyes (numeral 12); los conflictos de cualquier naturaleza que se presenten entre Salas (numeral 13); la constitucionalidad del carácter orgánico de las Leyes y decretos leyes (numeral 14); y la constitucionalidad de una Ley antes de la promulgación (numeral 15).

Lo cierto es que ambos tipos de procedimiento se encuentran agrupados bajo el mismo Capítulo II ‘De los procesos ante la Sala Constitucional’; de tal modo que el término procesal ‘sustanciación’ es el concepto clave para distinguir cuáles son las reglas procesales exclusivas de las causas a que se refieren (sic) el artículo 128.

Así, la ciencia procesal nos indica que la sustanciación de la causa comienza con la admisión de la demanda, que es el acto con el cual nace el proceso. De ese modo, se colige que las reglas procesales del Capítulo II de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que son de aplicación exclusiva para las causas a que se refieren (sic) el artículo 128 son las contenidas en los artículos 135 y siguientes, al ser las que regulan la sustanciación de las causas una vez producida la admisión de la demanda.

De ese modo, por interpretación en contrario, las normas a que se refieren los artículos 129 (requisitos de la demanda), artículo 130 (solicitud de medidas cautelares); artículo 131 (oposición a la medida cautelar); artículo 132 (designación de ponente); artículo 133 (causales de inadmisión) y el artículo 134 (despacho saneador) son reglas comunes no sólo a ambos tipos de procedimiento (los que requieren sustanciación y los que no), sino además a cualquiera que se siga ante esta Sala Constitucional, pese a que no sea objeto de regulación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como sería el caso, por ejemplo, de los amparos constitucionales, como bien lo precisa el título del Capítulo en referencia al disponer ‘De los procesos ante la Sala Constitucional’. Así se declara.” (Subrayado propio).”

CUANDO HA LUGAR EL RECURSO DE REVISIÓN


Sala Constitucional N° 196 / 21/3/2014
“Bajo la perspectiva del criterio jurisprudencial citado, esta Sala pasa a examinar la sentencia dictada el 16 de marzo de 2005 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, objeto de la solicitud de revisión y, en este sentido constata que, en efecto, no existe un pronunciamiento expreso o que pueda deducirse de la motivación del fallo respecto de la pretensión laboral del ciudadano Rómulo Navas; asimismo, se verificó que la respuesta a tal pretensión no se desprende del contenido de la sentencia; igualmente se estima que ese era el momento en el cual el Juzgado Superior debía analizar, valorar y decidir dicha pretensión, en atención al principio de exhaustividad del fallo y a la tutela judicial efectiva, de modo que éste debió abarcar la totalidad de los alegatos y pretensiones de la parte en la causa con ocasión de la apelación interpuesta; en virtud de lo cual esta Sala Constitucional aprecia que la sentencia aludida, incurrió en citra petita o falta de pronunciamiento y en la consecuente vulneración de la doctrina de esta Sala sobre el vicio de incongruencia negativa del fallo; y así se decide.

Por tal motivo, resulta evidente para esta Sala que la omisión de pronunciamiento por parte del mencionado Juzgado Superior respecto de la apelación planteada por el ciudadano Rómulo Navas, lesionó su derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; y así se decide.

En consecuencia, la Sala considera que la decisión objeto de revisión contrarió los criterios de esta Sala Constitucional en materia de incongruencia negativa, por lo que en atención a los fundamentos y doctrina jurisprudencial expuestos, resulta forzoso declarar que ha lugar la solicitud de revisión del referido fallo, dictado el 16 de marzo de 2005 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro; en consecuencia, anula el referido fallo y ordena al Juzgado Superior que corresponda por distribución que dicte nueva sentencia a partir de lo expuesto en la presente decisión. Así se declara.”

INCONGRUENCIA OMISIVA VIOLA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA


Sala Constitucional N° 196 / 21/3/2014
“Ahora bien, con relación a la denuncia de omisión de pronunciamiento formulada por el solicitante, cabe destacar que el cardinal 5 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente:
 Toda sentencia debe contener: (…) 5: decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia”.
Esta norma impone al juzgador la inexcusable obligación de pronunciarse sobre todos y cada uno de los alegatos y defensas opuestas por las partes so pena de incurrir en citra petita y lesionar con ello los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de las partes.
En este mismo sentido, esta Sala ratifica su doctrina sobre la incongruencia negativa, partiendo de la concurrencia de ciertos elementos para determinar su existencia, como son: a) Que haya sido formulado el alegato respecto del cual se denuncia falta de pronunciamiento; b) Que el juzgador se encontraba en la oportunidad en que debía pronunciarse; c) Que el alegato contenía la pretensión de la parte en el proceso o en la instancia; y d) que el pronunciamiento no podía deducirse de la motivación del fallo; así cuando concurren todos estos elementos se estaría colocando a la parte en una situación de indefensión que conllevaría a la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y específicamente a la defensa.
Al respecto, en su sentencia N° 1.840 del 28 de noviembre de 2008, la Sala indicó lo siguiente:
“Conviene entonces señalar que la tendencia jurisprudencial y doctrinaria contemporánea en materia constitucional, es considerar la violación del derecho a la tutela judicial efectiva por lo que se denomina como ‘incongruencia omisiva’ del fallo sujeto a impugnación.
La jurisprudencia ha entendido por ‘incongruencia omisiva’ como el ‘desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosas distinta (sic) de lo pedido, (que) puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia’ (sentencia del Tribunal Constitucional Español 187/2000 del 10 de julio).
Para este Supremo Tribunal, la incongruencia omisiva de un fallo impugnado a través de la acción de amparo constitucional, debe ser precedida de un análisis pormenorizado y caso por caso de los términos en que ha sido planteada la controversia, a los fines de constatar que la cuestión que se dice imprejuzgada fue efectivamente planteada.
Constada la omisión de juzgamiento, debe precisarse si era el momento oportuno para que ese juzgado se pronunciase sobre tal alegato.
Pero no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que se refiere a la pretensión de la parte en el juicio y no sobre meros alegatos en defensa de esas mismas pretensiones, puesto que estas últimas no requieren un pronunciamiento tan minucioso como las primeras y no imponen los límites de la controversia, ello en consonancia con lo preceptuado en el numeral 8 del artículo 49 de la vigente Constitución que exige una ‘omisión injustificada’.
Finalmente, debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldría a la no vulneración del derecho reclamado.”

CON LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA NACE EL PROCESO


Sala Constitucional N° 952 / 20/8/ 2010
“Lo cierto es que ambos tipos de procedimiento se encuentran agrupados bajo el mismo Capítulo II ‘De los procesos ante la Sala Constitucional’; de tal modo que el término procesal ‘sustanciación’ es el concepto clave para distinguir cuáles son las reglas procesales exclusivas de las causas a que se refieren (sic) el artículo 128.

Así, la ciencia procesal nos indica que la sustanciación de la causa comienza con la admisión de la demanda, que es el acto con el cual nace el proceso. De ese modo, se colige que las reglas procesales del Capítulo II de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que son de aplicación exclusiva para las causas a que se refieren (sic) el artículo 128 son las contenidas en los artículos 135 y siguientes, al ser las que regulan la sustanciación de las causas una vez producida la admisión de la demanda.

ORDEN PÚBLICO, DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA


Sala de Casación Civil N° 192 / 31/5/2010
“En torno a la noción del concepto indeterminado del orden público, esta Sala de Casación Civil en fallo N° 13 del 23 de febrero de 2001, dispuso lo siguiente:
“...el concepto de orden público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada. La indicación de estos signos característicos del concepto de orden público, esto es, la necesidad de la observancia incondicional de sus normas, y su consiguiente indisponibilidad por los particulares, permite descubrir con razonable margen de acierto, cuando no está o no en el caso de infracción de una norma de orden público...”.
“A estos propósitos es imprescindible tener en cuenta que si el concepto de orden público tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del estado frente al particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas instituciones de rango eminente, nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular y aun una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe aquel interés, lo que equivaldría a dejar en manos de los particulares o de las autoridades, la ejecución de voluntades de Ley que demandan perentorio acatamiento...”. (GF Nº 119. VI, 3ª etapa, pág 902 y S Sent. 24-02-83).
Igualmente, la misma Sala de Casación Civil pero de la antigua Corte Suprema de Justicia en decisión dictada el 4 de mayo de 1992, en el juicio seguido por Antonio Álvarez, exp.Nº 90-313, sostuvo que “…se admite, en principio, que lo son todas las leyes dictadas evidente y principalmente en interés de la sociedad, para asegurar su estabilidad y conservación”.
Asimismo y en lo que a doctrina autoral respecta, María Petzold en su trabajo titulado “Algunas Consideraciones sobre la Noción de Orden Público” publicado en “Estudios de filosofía del derecho y de filosofía social libro homenaje a José Manuel Delgado Ocando. Volumen II. Tribunal Supremo de Justicia, Colección Libros Homenaje Nº 4”, adujo, en torno al concepto jurídico indeterminado objeto de reflexión, lo que a continuación se trascribe:
“…el orden público está constituido por un conjunto de principios y condiciones de naturaleza jurídica que rigen y son estimados como fundamentales por determinada sociedad estatal, por intermedio de sus órganos judiciales, y que, por ende, tienen un carácter inderogable, es decir, que no deben ser pretermitidos o infringidos por los particulares o funcionarios públicos, ni aún so pretexto de la aplicación de normas jurídicas extranjeras…”.
En relación a la posición asumida por la Sala detentora de la jurisdicción constitucional en torno a las normas que deben estar protegidas bajo el manto del concepto del orden público, en sentencia N° 2461 del 18 de diciembre de 2006, caso Rigoberto Luis Zabala González, exp. 06-1315, concluyó que:
“…las normas de orden público son aquellas en las que están interesadas de una manera muy inmediata y directa, la paz y la seguridad social, las buenas costumbres, lo elemental o esencial de la justicia y la moral. Dicho en otras palabras, las normas fundamentales y básicas que forman el núcleo sobre el que está estructurada la organización social…”. 
(…) 
Preciso resulta advertirle al recurrente en casación que, tal como se desprende tanto de la jurisprudencia como de la doctrina autoral trascrita, no les es dable ni al juez ni a las partes con su consentimiento –expreso o tácito- subvertir las reglas que por su contenido están revestidas de eminente orden público.
Lo anterior se refuerza por el hecho de que en el marco de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, tal como lo proclama el artículo 2 de nuestro Texto Fundamental, la noción del orden público se muestra robustecida frente a los convenios que los particulares tengan a bien celebrar. Es decir, si bien se permite la libertad negocial entre individuos que decidan celebrar acuerdos entre ellos, frente a dicha libertad se levanta la barrera insuperable representada en el orden público.
En este mismo sentido, se pronuncian autores como Humberto Cuenca al sostener que “…Ocurre que el concepto de orden público es cada día más relativo. Antes, en la concepción liberal que dominaba al mundo y cuando el principio de la autonomía de la voluntad imperaba en las relaciones jurídicas, el orden público era una regla odiosa a la libertad individual. Hoy, en cambio, la idea de orden público amplía su protección a todas las normas jurídicas. Con cada reforma legal se extiende la esfera de su influencia y se acentúa la concepción publicista del proceso a costa de la idea privatística” (Cita tomada de la obra de Domingo Chacón, “Leyes de Orden Público y de Buenas Costumbres”. Caracas. 2004. Pag. 275).
De permitirse la presencia absoluta y sin cortapisa alguna de la autonomía negocial de los particulares, nociones como la del orden público estarían desprovistas de sentido. Esta constituye la posición asumida por el autor Domingo Chacón en su obra “Leyes de Orden Público y de Buenas Costumbres”, Caracas, 2004, Pp. 79 y 81, al sostener que “solamente en un ordenamiento jurídico donde la autonomía de la voluntad no conociera fronteras a la vez que prohibiera la aplicación de la ley extranjera al tiempo que negara la retroactividad de las leyes, el orden público sería un concepto irrelevante”.
En el mismo sentido se pronuncia el autor galo Julliot de la Morandiére, al argumentar que bajo el imperio de la doctrina liberal la libertad en materia contractual era sin resquemor alguno la regla, siendo la noción del orden público una excepción a la misma; en cambio, en la doctrina social, aún cuando se reconoce la libertad negocial, ésta debe someterse al interés social, aceptándose el orden público como natural barrera o límite de dicha libertad (Morandiére, “La Noción de Orden Público en Derecho Privado”. Bogotá. 1956. Alberto Hernández Mora y Alberto González Ortiz Editores. P. 303).
Aunado a lo expuesto, debe esta Sala acotar que, aún cuando el artículo 26 de nuestra Constitución prescribe la prestación de una tutela judicial “…sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”, en el caso objeto de conocimiento, al estar frente al menoscabo de una formalidad calificada por esta Sala de eminente orden público, y, por tanto, actuando de conformidad con la concepción de Estado que el artículo 2 de nuestra norma normarum proclama, debe esta máxima jurisdicción civil declarar justificada la reposición decretada por el fallo recurrido ante esta sede.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en reiteradas jurisprudencias afirma: “… tal como lo ha señalado la Sala en numerosas sentencias, el concepto de orden público a los efectos de la excepción, ‘...se refiere a la amplitud en que el hecho supuestamente violatorio del derecho o norma constitucional afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes...’ (Sentencia de la Sala N° 1689 del 19 de julio de 2002. Caso: (Duhva Ángel Parra Díaz y Yender Halit Pineda Márquez)”.

viernes, 15 de febrero de 2019

SOMERO ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL EN VENEZUELA


Maracay 11/2/2019
Por Abg. Rafael Medina Villalonga
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en rueda de prensa concedida a la televisora rusa RT, el 9 de febrero de 2019, dijo claramente que si fuere necesario solicitaría la intervención de fuerzas extranjeras (No dijo Militares) para que ayuden a ingresar la ayuda humanitaria que se está acopiando en Cúcuta, Colombia y en su decir, pronto también en la frontera con Brasil y en alguna o algunas islas del Caribe, como las Antillas Neerlandesas, colonias o excolonias Holandesas, cuya metrópolis ya reconoció expresamente a juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.

Por otro lado, los principales partidos de la Asamblea Nacional no han tenido más remedio que alinearse con el “tsunami Guaidó” y poco a poco los menos renuentes y también los más renuentes, que han visto perdida su oportunidad de ponerle la mano al poder, han tenido que entrar por el aro y reconocer explícitamente a Juan Guaidó como legítimo presidente encargado de Venezuela.

Esto último trae aparejado que las decisiones del presidente encargado, Juan Guaidó, sean respetadas y acogidas por todos los diputados de la oposición, que no quieren quedarse por fuera del tren de la historia y que en definitiva forman la mayoría absoluta y calificada de la Asamblea Nacional.

Esta mayoría absoluta -la mitad más uno de la totalidad de los diputados de la Asamblea Nacional (84)- es suficiente para decretar y autorizar la intervención de misiones militares extranjeras en el territorio de la República venezolana.

La agrupación política “Soy Venezuela”, con María Corina Machado a la cabeza, en rueda de prensa de hoy 11 de febrero de 2019, acaba de anunciar que en vista de la grave situación de miles de venezolanos en situación de vulnerabilidad y riesgo inminente de muerte por falta de  insumos médicos y alimentos; y ante la negativa del régimen de permitir la entrada de la ayuda humanitaria, insta a la Asamblea Nacional a cumplir con su deber de protección a los ciudadanos venezolanos y a autorizar al presidente legítimo Juan Guaidó a que solicite la intervención de fuerzas militares extranjeras para que ayuden a ingresar la ayuda humanitaria al territorio nacional.

El 10 de febrero de 2019, el Tribunal Supremo de Justicia madurista acaba de desconocer y calificar de nula la elección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional mediante una decisión de la Sala Constitucional, con el argumento que la Asamblea Nacional está en desacato desde 2016 y cualquier decisión que tome está viciada de nulidad por su situación de desacato. Esto con el claro propósito de facilitar la eventual detención de Juan Guaidó, que al ser despojado de su investidura de presidente de la Asamblea Nacional, queda con la simple inmunidad de un diputado ordinario y así allanar el camino para despojarlo de esa inmunidad como a Requesén, por ejemplo; y someterlo a la misma suerte que éste.

Si en las próximas horas la cuerda se sigue tensando entre el presidente legítimo y el usurpador, probablemente el legítimo le va a solicitar a la Asamblea Nacional la autorización para pedir ayuda de misiones militares extranjeras “de paz”, para que ayuden a que ingrese la ayuda humanitaria. Los Estados Unidos y sus aliados están prestos a atender ese llamado, están pendientes de que se produzca esa invitación para aceptarla y ese será el punto de quiebre de las tratativas políticas de poner fin de manera pacífica a la dictadura; y entonces comenzará de manera forzada la transición hacia la restitución de la democracia en Venezuela.

El cardinal 11, del artículo 187 constitucional, establece:

Artículo 187. “Corresponde a la Asamblea Nacional:
(…)
11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país.”.
Amanecerá y veremos…

jueves, 14 de febrero de 2019

GUÍA PARA REGISTRAR UNA EMPRESA EN VENEZUELA

Por Abg. Rafael Medina Villalonga

Venezuela presenta un alto grado de dificultad para registrar una empresa. Un estudio independiente, de un instituto especializado, le atribuye una calificación de 45 puntos, en una escala de 100, al medirse la facilidad para constituir una empresa. El primer lugar correspondió a Singapur, con una calificación de  90 puntos sobre 100.

Lo que influye en tan baja calificación, dice el estudio, es la gran cantidad de procedimientos para registrar una empresa  (Más de 10 en total) y el tiempo que consume de cada uno. En promedio, el registro y publicación de un documento constitutivo de una empresa, hasta estar legalmente habilitada para funcionar, tarda unos 110 días.

En este exagerado plazo influye determinantemente la discrecionalidad creciente de los funcionarios encargados de revisar la legalidad del contrato de sociedad, que por ignorancia de la ley, malas costumbres o malicia, retrasan el trámite haciendo observaciones y exigiendo correcciones al documento que, en Derecho, no son de su incumbencia ni contrarían la ley.

Por otro lado el costo de registro se ha visto incrementado considerablemente por la implantación de nuevos impuestos estadales, que superan considerablemente las tasas e impuestos nacionales.

Indica el estudio que el costo de registrar una empresa en Venezuela alcanza aproximadamente al 80% del ingreso per cápita anual del país. En Singapur no alcanza al 1%.

Pasos para registrar una empresa en Venezuela

1. Ubicación de la oficina de Registro Mercantil

Ubicar la oficina de Registro Mercantil que corresponda a la jurisdicción donde funcionará la empresa, donde tendrá su domicilio fiscal.

Cada oficina de Registro tiene autonomía para establecer los requisitos de cada trámite y definir los plazos de respuesta. Los requerimientos varían de una oficina a otra.

2. Solicitud de nombre o razón social

Se debe presentar ante la oficina de Registro una solicitud  de “parecido”, para verificar que el nombre seleccionado no esté registrado anteriormente. Esta solicitud tiene un costo menor y se paga mediante timbres fiscales. Si el nombre elegido no está libre, habrá que hacer nueva solicitud con nombre distinto y  pagar de nuevo el monto estipulado para reservarlo. Este procedimiento se repetirá hasta aportar un nombre que no esté reservado previamente. La reserva del nombre dura por 30 días. Vencido este plazo sin presentar el documento constitutivo, caduca la reserva y habrá que comenzar de nuevo. Este trámite consume aproximadamente 10 días.

3. Acta constitutiva / estatutos de la empresa

Un abogado colegiado habrá de redactar el acta constitutiva / estatutaria, que señalará:

1. Nombre o denominación social de la empresa.

2. objeto/actividad comercial de la empresa.

3. Capital social suscrito y/o pagado.

4. Identificación completa y número de socios.

5. Aporte al capital inicial de cada socio y porcentaje de aporte que paga.

6. Clases de acciones: nominativas, al portador, comunes, preferenciales…

7. Número de acciones que suscribe cada socio.

8. Valor nominal de las distintas clases de acciones.

9. Especie en que se paga el capital: dinero, bienes muebles o inmuebles…

10. Regulación para suscripción de nuevas acciones por aumentos de capital.

11. Condiciones para la adquisición de acciones por ventas entre socios.

12. Condiciones para la adquisición de acciones por ventas a terceros.

13. Composición de la junta directiva, número de directores y cargos.

14. Atribuciones de los directores y período de sus funciones.

15. Número de comisarios, sus atribuciones y período de sus funciones.

16. Inicio y término de los ejercicios económicos.

17. Autoridad facultada para convocar y/o presidir las asambleas de socios.

18. Modalidad de convocatoria y medios para su publicación y notificación.

19. Término para la  realización de las asambleas, desde la convocatoria.

20. Plazo para la realización de la asamblea ordinaria anual.

21. Condiciones para la realización de asambleas extraordinarias.

22. Distribución de utilidades o pérdidas y reparto de dividendos.

23. Porcentaje de utilidades para fondo de reserva para contingencias.

24. Período de duración de la sociedad.

25. Regulación de condiciones para la disolución anticipada de la sociedad.

26. Regulación de condiciones para ampliación de la duración de la sociedad.

27. Reglas para la reposición del capital por pérdidas.

28. Previsiones para casos de Atraso o Quiebra.

29. Regulación de las relaciones de la empresa con las autoridades públicas, administrativas, judiciales, los trabajadores, clientes y proveedores.

4. Firma y registro del acta constitutiva

Presentada el acta constitutiva-estatutaria de la compañía a la consideración del funcionario revisor, revisada por este funcionario, acatadas las indicaciones formuladas y corregida el acta según las observaciones señaladas, se procederá al pago de impuestos nacionales, estadales y demás tasas y contribuciones, en las entidades bancarias que al efecto señale la oficina de Registro y la oficina de impuestos estadales. Este trámite puede durar dos o tres meses.

Presentados los comprobantes de pago de esos impuestos, tasas y contribuciones, la oficina administrativa del Registro los examinará, los procesará administrativamente y en un término que indicaran verbalmente, habrá que acudir a la oficina de registro para conocer la fecha para la firma del acta constitutiva y el asiento de registro correspondiente. Este trámite puede consumir entre quince y veinticinco días.

5. Fijación y Publicación del acta constitutiva

Entre las tasas que cobra el Registro, figura una para la elaboración de dos copias certificadas del acta constitutiva, las cuales servirán para fijar una en la cartelera de la oficina de Registro y otra que le entregan al interesado para que la publique en un diario de circulación en la localidad donde tiene fijado su domicilio fiscal la compañía.

Publicada el acta constitutiva, como se señaló anteriormente, se debe presentar una copia de la publicación a la oficina de Registro, junto con una solicitud escrita firmada por el presidente de la empresa, para su inserción en el expediente de la compañía, que a tal efecto abre la oficina de registro Mercantil.

COMPAÑÍAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA

El registro de una compañía de inversión extranjera debe cumplir con todos los procedimientos arriba señalados y luego solicitar su inscripción en la Oficina de Registro de Inversiones Extranjeras perteneciente al Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, con sede en Caracas.

1. Se considera inversión extranjera aquella cuyo capital social está compuesto por inversión internacional del 50% o más. Bien este capital este representado en moneda nacional o en moneda extranjera.

2. El capital social de la compañía puede estar constituido por dinero efectivo en moneda extranjera (Dolares, Euros, Yuanes, etc), bienes de capital (Maquinaria y equipo) o de consumo (Mercancia, materia prima) y bienes intangibles tales como marcas, modelos y otros bienes de propiedad intelectual.

3. Los bienes de capital deben estar físicamente ubicados en un 100% en Venezuela.

4. Si se solicita financiamiento en Venezuela para capital social inicial, éste no debe ser mayor del 15% del capital social de la empresa.

5. Inicialmente se requiere una inversión mínima de 800.000 Euros o 6.500.000 Yuanes o su equivalente en otra moneda extranjera. Estas cifras se refieren al capital efectivamente pagado.

6. El órgano rector de las inversiones extranjeras puede autorizar una inversión menor que no baje del 10% de las cifras antes señaladas.

7. La inversión extranjera debe permanecer en Venezuela un mínimo de dos años.

8. Está permitido repatriar el 100% de las utilidades anuales.

9. Está permitido repatriar parcialmente el monto de las utilidades, hasta por un periodo de 3 años.

10. Para toda la operación comercial se requiere utilizar el sistema financiero nacional de Venezuela.

11. El pago de impuestos se hará en divisas.

12. Se puede enviar remesas del 100% del capital al extranjero, por venta de acciones o liquidación de la inversión extranjera.

13. La inscripción en el órgano rector, acreditará a la empresa como inversionista extranjero con todos los deberes y derechos estipulados en la ley.