DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA U. DE CHILE DEFIENDE EXAMEN DE GRADO

 

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA U. DE CHILE DEFIENDE EXAMEN DE GRADO

Chile, 22 de enero 2021

                                                                           Por Leslie Ayala

“DEBEMOS SER EXIGENTES CON QUIENES EGRESAN DE NUESTRAS AULAS”.

“El profesor Álvaro Fuentealba enfrentó las críticas de estudiantes que han denunciado malos tratos y poca deferencia en la evaluación en medio de una pandemia y de exámenes que se realizan de forma telemática.”

"Los cambios en la forma en que una universidad garantiza que sus abogados y abogadas sean competentes para la sociedad a la que servirán, deben ser precedidos de gran reflexión, sosiego y evaluaciones científicas serias. La comunidad académica es la que debe decidir cómo se evalúa, oyendo a los estudiantes, naturalmente", dice.

Ya casi es una tradición que todos los años en época de exámenes de grado, la comunidad universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile debate por la complejidad de este requisito para poder luego optar ante la Corte Suprema al título de abogado. Este año la discusión se agudizó producto de las complejidades de los estudios a distancia por la pandemia. De ahí que hace poco días más de 500 personas firmaron una carta pidiéndole a las autoridades de esa casa de estudios que se busquen un mecanismo para cambiar la fórmula de egreso.

Ante las consultas de La Tercera PM, el profesor Álvaro Fuentealba Hernández, director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, decidió hacerse cargo de las preocupación de los estudiantes y también negar la existencia de denuncias formales de supuestos malos tratos y burlas de académicos en uno de los exámenes llevados a cabo el 18 de enero pasado. Asimismo refutó que la tasa de reprobación, este año, sea más alta que en los anteriores.

 

- No es un tema de este año, pero la pandemia y el estrés de las clases a distancia han profundizado las críticas a las exigencias del examen de grado en la U de Chile, ¿la Facultad recoge esa preocupación de estudiantes que vienen pidiendo un cambio de sistema desde los años 90?

Los cambios en la forma en que una universidad garantiza que sus abogados y abogadas sean competentes para la sociedad a la que servirán, deben ser precedidos de gran reflexión, sosiego y evaluaciones científicas serias.

 

La comunidad académica es la que debe decidir cómo se evalúa, oyendo a los estudiantes, naturalmente. Somos una universidad pública y tenemos un compromiso con el país, por lo tanto debemos ser exigentes con quienes egresan de nuestras aulas. Deben ser personas competentes, con alto sentido de la ética, y honestas. Las tasas de aprobación en un examen exigente muestran lo bien preparados que están nuestros y nuestras estudiantes. La Facultad ha sabido adaptarse a los cambios impuestos por la pandemia, sin renunciar a la más alta formación que se pueda dar.

 

Pero es un tema que viene desde hace décadas...

 

En efecto desde los años 90 se ha planteado la necesidad de revisar no sólo el examen de grado, sino el plan de estudios. Fuimos la Facultad pionera en semestralizar la carrera en 2002, requisito indispensable para nuestra internacionalización, y en establecer una malla curricular semiflexible, con gran cantidad de cursos electivos, que respetaran la diversidad de nuestro estudiantado, que pudiese optar por cursos más adecuados a su vocación, con un núcleo de cursos básicos obligatorios. Una comisión determinó que el examen de grado no se modificaría. El año 2007 otra comisión no llegó a acuerdo en la necesidad de modificarlo. Y en todas esas comisiones hubo participación estudiantil.

 

En 2017 una Comisión de Innovación Curricular propuso una modificación radical del examen de grado, que supone el cambio a un enfoque de competencias durante la carrera, y una evaluación final coherente con esa mirada. La propuesta contempla un examen en que se resuelvan casos relevantes, de derecho constitucional y derecho civil y que involucren temas de derecho procesal, por escrito, y luego una instancia oral en que se discuta con la o el estudiante su enfoque de solución y las materias sustantivas. Esa propuesta se encuentra en análisis por el Consejo de la Facultad de Derecho, máxima instancia de decisión de la Facultad, y en definitiva debe ser aprobada por la Universidad. La nueva malla curricular entrará en vigencia para los y las estudiantes que ingresen a estudiar en 2022.

- ¿Hay alguna situación excepcional que esté pasando en los grados de este año respecto a los anteriores?

 

La pandemia nos ha obligado a vivir en situaciones anómalas. Además de sacar adelante un año académico on line, implementamos la aplicación de exámenes de grado en forma remota, a fin de garantizar la salud de las y los estudiantes, docentes y personal de colaboración. Dicha implementación fue un proceso participativo, que contó con la colaboración activa del Centro de Estudiantes, académicos, Directores de Departamentos y de funcionarios involucrados.

 

- Hay preocupación por lo que los estudiantes perciben como una alta tasa de reprobación... ¿Es así?

 

Este año hubo un leve aumento de la tasa de aprobación del examen, que llega al 82%. El 65% de los estudiantes aprobados lo han hecho con nota 5 o superior. Un 34% ha obtenido notas de distinción; y un 10%, calificación máxima.

 

- ¿Qué pasa con las denuncias de malos tratos y burlas de parte de algunos profesores? ¿Se han tomado medidas?

 

No tenemos antecedentes formales de lo que señala. Sí le puedo decir que el mal trato no se tolera en nuestra Facultad. Los exámenes de grado se rinden con público presente, como garantía de que sea un proceso racional y respetuoso para todas y todos. El norte de los profesores es el buen éxito de nuestros y nuestras estudiantes. El fracaso de uno, es el fracaso de todos.

 

De 231 exámenes rendidos desde marzo de 2020 hasta ahora, sólo cinco estudiantes han formulado reclamos ante el Decano, y se refieren a diferencias respecto de las percepciones de sus respuestas y la calificación obtenida. En todos los casos se ha solicitado informe por escrito a las comisiones y a quienes implementan y asesoran técnicamente la aplicación del examen. Estamos conscientes de la importancia del proceso de graduación de nuestras y nuestros egresadas y egresados.

 

- ¿Están conscientes del estrés y el daño a la salud mental que conlleva el que un estudiante defina todo su futuro en una sola prueba tras largos años de educación?

 

Los estudios universitarios, como todas las actividades humanas complejas, tienen cuotas de estrés. Las universidades nos hemos hecho cargo de ello. Contamos con un programa de la Unidad de Psicología de la Facultad, junto a una red institucional de apoyo integral al estudiante (apoyo económico, becas, de salud mental, asesoría pedagógica, tutorías de pares y apoyo de profesionales de la educación), pensada para hacernos cargo del buen éxito de todas y todos las y los estudiantes.

 

Respecto de las y los estudiantes que han reprobado su examen de grado, existe un programa de acompañamiento y asesoría personalizada, a cargo de la Jefa de la Unidad de Psicología y su equipo. Ella es una profesional de excepción y de vasta experiencia.

 

Ahora bien, no todo el futuro de un estudiante se define en este examen. Sus notas durante los 5 años de estudios son determinantes, ya que reflejan disciplina y constancia. La ponderación cambió hace 5 años, de modo tal que el examen se promedia en situación de igualdad con la memoria y el promedio de egreso. Antes valía un 60% de la nota de licenciatura.

También deben realizar una tesis, que también incide en la calificación final. Hemos discutido largamente, no sólo en la Universidad de Chile sino en las Facultades de Derecho tradicionales, cómo mejorar estos procesos, y no retrasar el ingreso de nuestros egresados/as al mercado de trabajo, que también es altamente estresante.

La deuda de las universidades, en el mundo, es incorporar la educación y el manejo del estrés, como parte de su reflexión, en los procesos pedagógicos.

- ¿Comparten la visión de los críticos a este examen de que hay mucha aleatoriedad ya que va a depender mucho de la comisión que le toque al estudiante la posibilidad de pasarlo o no?

 

La aleatoriedad es una garantía, ya que los integrantes de las comisiones se sortean. No obstante ello, la garantía es que contamos con un cuerpo académico de excelencia, homogéneo en cuanto a sus competencias, diverso en cuanto a disciplinas, especialidades y creencias. Eso es una riqueza. Con eso podemos tener la tranquilidad que los estándares de evaluación sean homogéneos y justos. Por otra parte, las comisiones se sortean no como un todo, sino que por cada profesor o profesora individualmente. Por lo tanto no puede aseverarse que hay una comisión “benigna” y otra “terrible”. Nadie regala las notas, ni nadie asevera que sólo los dioses merezcan un 7.

 

- Los estudiantes dicen que la Escuela los abandona en ese proceso, que deben contratar tutores para durante ocho meses prepararse quedando en la cesantía y desventaja respecto a otros egresados de derecho, ¿Qué les responde?

 

Es un desafío para todas las Facultades de Derecho desmontar esa percepción, que lamentablemente tiene bases, ya que en el proceso de obtención del título profesional de abogado en Chile intervienen dos instituciones más, aparte de la Universidad: Las Corporaciones de Asistencia Judicial, y la Corte Suprema. Una vez que la o el estudiante egresa del programa de cursos, puede optar por hacer la práctica profesional, la memoria o estudiar para su examen. Y ese proceso es muy individual y generalmente solitario. Creo que debemos trabajar en eso, procurando que los procesos de titulación estén incorporados a la malla curricular. Y contrariamente a lo que se cree, en los últimos años la Corte Suprema no sólo tiene un rol formal, sino que ha intervenido pronunciándose acerca de las mallas curriculares de las carreras de Derecho, impidiendo incluso la titulación. Eso nunca ha pasado con la Universidad de Chile. Asimismo, la evaluación de las prácticas profesionales, respecto de los egresados de nuestra Facultad, en el promedio, siempre han sido sobresalientes.

 

En lo que concierne al apoyo a quienes preparan su examen de grado, procuramos que tengan acceso a las bibliotecas, a tutorías, existen programas de acompañamiento, cursos de preparación, interrogadores (que no forman parte de las comisiones de examen de grado), pero entendemos que pueda percibirse como insuficiente, ya que no son estudiantes regulares de la Universidad, ni son licenciados. En ese sentido, reconocemos que existen materias que debemos reflexionar y perfeccionar, cuestión a la que nos abocaremos durante este año 2021 a propósito del cambio de nuestra malla curricular.”

                                                 Tomado de diario La Tercera, Chile.

SEMBLANZA DE DON ANDRES BELLO LOPEZ (X)

 

SEMBLANZA DE DON ANDRES BELLO LOPEZ

                                                                                 Dr. Juan Andrés Orrego Acuña

                                                                       Profesor de Derecho Civil U. de Chile

 “El devenir de los pueblos se teje con una lógica que escapa con frecuencia al entendimiento de los hombres. En no pocas oportunidades, el derrotero de un país queda condicionado por la irrupción de una figura descollante, que para bien o para mal, marca a fuego el destino de aquél.”

 X

“Bello arriba a Chile con el propósito de prestar servicios como Oficial Mayor o Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, cargo que ocuparía por cuatro lustros consecutivos. Pero sus primeras contribuciones serían como profesor de legislación y literatura española en el Colegio de Santiago y como redactor de “El Araucano”, el periódico que había fundado Portales. En esta publicación, Bello se haría responsable de las secciones jurídica, literaria y científica.

Durante veinte años de trabajo infatigable, Bello escribiría sobre una gran diversidad de temas, que no sólo aludían al derecho, la política o la historia, sino que también a la química aplicada, la agricultura, la internación de libros (cuya censura combatió, ganándose el timbre de hereje), la vacuna, los hospitales, etc.

Sus módicos sueldos no le permiten alquilar una casa. Se instala Bello con su familia como pensionista de una dama argentina, doña Eulogia Nieto de Lafinur, en la calle Santo Domingo, costado sur, casi esquina de Miraflores. Allí vivió, con modestia, por varios años.

Una de las principales preocupaciones de Bello, decían relación con el buen uso del idioma. Estaba horrorizado por la forma en que hablaban los chilenos (qué habría pensado si viviera en nuestros días…), aún aquellos pertenecientes a los sectores más pudientes de nuestra sociedad. No era inusual que en las tertulias y salones más encopetados, se oyeran expresiones como “haiga” en vez de haya, “dentrar” por entrar, o “celebro” en vez de cerebro.

Así las cosas, en 1847, publica su “Gramática de la lengua castellana”, conocida también como la gramática de sus dos colaboradores, Bello-Cuervo, en homenaje a las anotaciones hechas por el filólogo colombiano R. Cuervo, que reactualizaron y enriquecieron el gran caudal de notas críticas de la obra. Esta “Gramática” constituyó durante mucho tiempo una autoridad incontestable en su género, y resultó imprescindible para todo estudioso del idioma. Esta obra, hizo exclamar al erudito español Marcelino Menéndez Pelayo, que Bello “fue el salvador de la integridad del castellano en América”. Schiller, por su parte, le calificaría en su “Gedanken der amerikanische latinien”, como “el padre de la pedagogía en América”. 

El trabajo de Bello en el Ministerio de Relaciones Exteriores, rápidamente dio sus primeros frutos. En 1832, se firma con Estados Unidos un tratado de amistad, comercio y navegación. La política exterior diseñada por Bello, quedaría expresada, algunos años más tarde, en el Mensaje que el presidente Prieto lee al Congreso el 1 de junio de 1841: “Igualdad para todos los pueblos de la tierra y estricta reciprocidad de concesiones son los principios que regulan la política externa de Chile…, y la limitación de todo pacto internacional a un moderado plazo que nos permita modificarlo o derogarlo cuando no corresponda a nuestra esperanza.”

En el mismo año 1832, Bello había publicado una obra titulada “Derecho de Gentes”, que ejercería gran influencia entre los tratadistas. En esta obra, Bello planteará textualmente que “Si el límite es una cordillera, la línea divisoria corre por sobre los puntos más encumbrados de ella, pasando por entre los manantiales de las vertientes que descienden a un lado y a otro”. Esta doctrina, conocida con la expresión latina divortia aquarum, sería adoptada en el Derecho Internacional y en la solución del diferendo chileno-argentino que resolvería el Tratado de límites del año 1881, cuyo artículo 1°, que recoge la solución propuesta por Bello 40 años antes, ha sido llamado “la cláusula de Bello”.

En 1833, entra en vigencia la Constitución Política que aseguraría casi 60 años de estabilidad democrática. Aunque Bello no jugó un rol protagónico en la redacción de la carta fundamental, hay evidencias que intervino con sugerencias, colaborando con Mariano Egaña. El propio Portales, en una carta enviada a Garfias el 3 de agosto de 1832, expresa: “Mucho me agrada la noticia de que el compadre (Andrés Bello) se haya hecho cargo de la redacción del proyecto de reforma de la constitución.”  

La nacionalidad chilena, ya le había sido concedida, al aprobar la Cámara de Diputados, el 15 de octubre de 1832, un oficio que le remitiere el Senado, con tal propósito. El 17 de noviembre de 1836, el último Rector de la Universidad de San Felipe, don Francisco Meneses, le confiere a Bello el título de Bachiller en cánones y leyes. Fue uno de los últimos títulos otorgados por dicha Universidad.

El 15 de mayo de 1837, es proclamado Senador de la República. Lo será por tres períodos, de 1837 a 1846, de 1846 a 1855 y de 1855 a 1864. En 1838, formará parte del primer directorio de la Sociedad Nacional de Agricultura, junto a Claudio Gay e Ignacio Domeyko.

Entre 1831 y 1851, publicará Bello, además de sus numerosas poesías, estudios críticos, filosóficos y jurídicos varias obras didácticas, a saber “Principios de la ortología y métrica de la lengua castellana” (1835); “Análisis ideológico de los tiempos de la conjugación castellana” (1841); “Gramática de la Lengua Castellana” (1847); “Gramática de la Lengua Latina” (1847, obra que había iniciado su hijo Francisco, fallecido en 1845); y “Tratado de Cosmografía” (1848).

Su capacidad era objeto de tal reconocimiento, que nadie dudaba que en Chile no había un escritor que pudiera equiparársele. Su sapiencia había llegado a ser a tal punto considerada que los más importantes dignatarios de la República no podían prescindir de él. Un hecho prueba este aserto: en 1839, el presidente Prieto le encargó la redacción de su Mensaje al Congreso Pleno, y el Senado, le confió la del discurso de respuesta.

Su refugio, el lugar en el que encontraba el descanso necesario en medio de tantos afanes, era precisamente el fundo de los Egaña, llamado “La Hermita” o “Peñalolén”. Desde Europa, Mariano Egaña se preocupó de la decoración del parque, encargando cascadas italianas, fuentes de Saint Cloud, diseños de jardines ingleses, estatuas e hizo grabar en piedra trozos de lecturas de clásicos. En este hermoso lugar, desde el cual podía dominarse la ciudad de Santiago, lejana en el valle en aquellos años aunque visible por la pureza del aire ya perdida, los amigos de la familia Egaña, Bello entre ellos, encontraban la paz y sosiego imprescindibles para retomar las tareas cotidianas.

Bello pasó en este predio varias temporadas, sólo o con su familia. En ocasiones, señalan las crónicas, “le servía la calma del paraje para redactar sus escritos”. Pedro Vicuña contaba a su sobrino Ramón Subercaseaux haber visto a Bello sentado bajo los árboles de Peñalolén, escribiendo. Allí mismo corregía, borraba y volvía a corregir la composición. Aquí también escribió su “Oda a Peñalolén”, en homenaje a su amigo Mariano Egaña, muerto repentinamente en la noche de San Juan del año 1846. El texto, es el que ustedes tienen en vuestras manos, en el reverso del programa de esta Jornada. Estos versos, que al decir de un autor ideó Bello como una imitación de Víctor Hugo y que terminaron superando al autor original, serían leídos por Bello por primera vez en el fundo de doña Javiera Carrera, en el Monte.

Algunas veces, refiere Manuel Salvat, Egaña y Bello disfrutaron de otras compañías, por lo que los maledicentes llamaban a Peñalolén “el altar de Venus”. Nosotros creemos que estos comentarios, y las alusiones a la diosa del amor y madre de Eneas, no eran sino exageraciones y probablemente fruto de la envidia de quienes los formulaban, por no haber sido ellos partícipes de tales condumios y cuchipandas. En todo caso, más allá de estos comentarios anecdóticos, coinciden los autores que Bello “componía sus mejores páginas en la rusticidad campesina de Peñalolén”.

Como señala Joaquín Edwards, “Bello, descendiente de labradores, amó el campo. Su primer poema se dirigió a un árbol. En Chile mencionó flores, aves, naturaleza. Su rincón inspirador se llamó Peñalolén.” Pero esta actividad incesante de Bello, atemperada con sus descansos en este escenario precordillerano, se conjugaba con un dolor profundo e inextinguible que laceraba el alma del sabio. Habían muerto, algunos en la infancia o en plena juventud, la mayor parte de sus hijos, “y el padre inconsolable e insomne vagaba de noche por los corredores de su casa, penando en vida‟ al decir de sus sirvientes, llorando por los retoños perdidos y rezando los salmos de David.”

Efectivamente, de los quince hijos matrimoniales que tuvo Bello, tres del primer matrimonio y doce del segundo, hay registro de la muerte de nueve de ellos, antes del fallecimiento de su padre. De estos, ocho morirían cuando Bello ya estaba radicado en Chile. La muerte de uno de ellos, Dolores Bello Dunn, fallecida a los nueve años (en 1843), llevó a Bello a componer su famosa obra “La oración por todos”. La longevidad de la madre de Bello y la del mismo Andrés, no continuaría en su progenie. Para contrarrestar dicho pesar, hasta donde era posible, desplegaba Bello un trabajo incesante.

Redactor de tres secciones de “El Araucano”, subsecretario de Relaciones Exteriores, senador y consejero de Estado, y profesor de gramática, literatura y derecho romano, que dictaba privadamente en su biblioteca. En esta, su aula, “A paso lento –impasible y serio a veces- medía la estancia, hablando con pausa y echando a ratos el humo de un enorme habano que rara vez abandonaba (…)

Andando el tiempo, Bello fue extendiendo el radio de su acción pedagógica y en forma de charlas íntimas comenzó a dar lecciones de crítica y composición literaria, en las que participaban no sólo sus discípulos ordinarios, sino también los jóvenes que solían visitarlo. En esas lecciones…se encarecía con fervor la afición a la lectura. Bello llegaba a censurar sin piedad a aquellos que no la ejercitaban como manjar cotidiano.”

Continuará…

MIGRACIÓN, CIUDADANÍA Y PROCESO CONSTITUYENTE

 

MIGRACIÓN, CIUDADANÍA Y PROCESO CONSTITUYENTE

Chile, 18 de enero 2021

                                                 Por Fernanda stang, kyuttzza Gómez y

                                                                                          Leonora Benisc

“Derecho a sufragio de las personas extranjeras”

 

 

“La semana antepasada, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales presentaron tres acciones constitucionales de protección del derecho a sufragio de las personas extranjeras, quienes por una interpretación restrictiva y arbitraria del Servicio Electoral (Servel) respecto del alcance de la noción de ciudadanía, no han tenido la posibilidad de patrocinar candidaturas independientes a convencionales para el proceso constituyente que se está iniciando en el país.

 

La misma interpretación, a saber, la que liga la condición de ciudadano(a) a la posesión de la nacionalidad de un Estado-nación (en este caso, la chilena), había puesto en riesgo la posibilidad de que las personas extranjeras participaran en el plebiscito que se desarrolló el pasado 25 de octubre para decidir el cambio constitucional y la forma de realizarlo. Sin embargo, a instancias del reclamo de organizaciones migrantes principalmente –que es lo mismo que decir “migrantes que construyen ciudadanía en acto”–, se logró superar tal restricción y ser parte activa del proceso eleccionario.

 

Por lo mismo, la restricción que impide a los(as) migrantes patrocinar candidaturas por las que, incoherencia mediante, se podrá votar en abril, no solo vulnera el derecho a la igualdad ante la ley de las personas migrantes (una discriminación fundante del Estado, y que nos parece necesario cuestionar), sino que es inconsistente con el propio criterio que el Servel tuvo que corregir antes de la consulta plebiscitaria de 2020.

 

Esta situación –respecto de la que esperamos se haga justicia con prontitud–, junto a  la imposibilidad de que las personas migrantes internacionales sean candidatas –a menos que se hayan naturalizado como ciudadanos(as) chilenos(as)–, ponen en primer plano una discusión que es imperativo dar, siendo el proceso constituyente un espacio ideal para hacerlo: ¿quiénes somos ciudadanos(as)?, ¿qué implica ser ciudadano(a)?, y en última instancia, ¿puede restringirse a ciertas personas que habitan un territorio el derecho a tener derechos?

 

La discusión sobre la participación de las y los migrantes como ciudadanos(as) activos(as) y pasivos(as) –es decir, como electores y como candidatos– en el proceso constituyente, interpela directamente la mirada nacionalista de pertenencia al Estado, y la relación entre ciudadanía y nacionalidad. Esa interpelación remite a preguntas bien concretas: ¿es más significativo, para ser considerado un(a) ciudadano(a), haber nacido en un territorio que estar implicado y comprometido con el acontecer social y político del Estado en el que se reside?, ¿o haber nacido de padres chilenos que ser parte activa de una comunidad, que ser artífice de la vida cotidiana de una formación social?

 

Juan Carlos Velasco, en el libro El azar de las fronteras, lo explica de una manera tan clara que vale la pena la extensión de la cita: “La nacionalidad tal vez sea actualmente el criterio legal más importante para la asignación no solo de derechos y obligaciones, sino de bienes y servicios. Simultáneamente sirve como uno de los últimos criterios de discriminación legal. Que sea lo habitual no significa, sin embargo, que resulte aceptable. Que el documento de nacionalidad que uno porte determine las expectativas vitales resulta tan injusto como que lo haga la extracción social, la filiación religiosa o el color de la piel, criterios todos ellos que han quedado desacreditados. Nadie elige el lugar de su nacimiento y, por lo tanto, nadie puede responder por ello. Tampoco nadie, en consecuencia, lo debería esgrimir en su favor” (Velasco, 2016, p. 16).

 

El concepto de ciudadanía ha experimentado un profundo cambio en las últimas décadas y el “estallido social” es probablemente la prueba más palmaria de esa transformación en Chile. La convención constitucional –como una (y sola una) de sus expresiones– debiera ser entonces el escenario para reflexionar y discutir sobre este concepto.

 

Santiago Castro-Gómez (2000) ha destacado que la función jurídico-política de las Constituciones ha sido, entre otras, crear una idea de ciudadanía (“inventar ciudadanía”, dice textualmente el autor), lo que, a pesar de ser una ficción identitaria, sirve para homogeneizar a quienes habitan un territorio, para que sea posible la “gubernamentalidad”. Uno de los cambios que ha experimentado la idea de ciudadanía justamente cuestiona una supuesta “identidad homogénea”.

 

La paridad de género y los escaños reservados para pueblos indígenas (con las limitaciones con las que se logró, entre ellas, la exclusión del pueblo afrochileno) apuntan en ese sentido. Hoy por hoy, no es posible una noción de ciudadanía que no se haga cargo de la diversidad.

 

Quedémonos, finalmente, con esta afirmación de Castro Gómez relativa a la invención de ciudadanía que realiza una Constitución. Desde esa perspectiva, con este proceso que se ha iniciado en Chile estamos literalmente construyendo ciudadanía. Es entonces el momento idóneo para  desvincular la ciudadanía de la nacionalidad y ensayar otros modos de entendernos y reconocernos como ciudadanos(as). Para y por eso, es importante que la voz de los(as) migrantes esté representada en la Convención, y que esa representación no se limite a quienes están nacionalizados, porque esa nacionalización es precisamente el epítome de esta discriminación arbitraria y fundante del Estado entre nacionales y no nacionales.

 

Esto implica que podamos ser candidatos a convencionales o, al menos, patrocinar a candidatos que representen nuestras ideas y luchas. Vamos entonces por la transformación jurídica del concepto de ciudadanía que ya ha estado cambiando en los hechos, cuya expresión más clara es la lucha de las organizaciones migrantes. Vamos por eso y vamos con todo, si no pa’ qué.”

                                           Tomado de diario Elmostrador, Chile.

LA DC PUBLICA SUS BASES CONSTITUCIONALES PARA LA NUEVA CONSTITUCIÓN

 

LA DC PUBLICA SUS BASES CONSTITUCIONALES PARA LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Chile, 19 de enero 2021

 

“El partido expuso que esperan que “el proceso constituyente goce de plena legitimidad y nos proporcione un marco constitucional estable, que nos permita profundizar nuestra vida democrática y el desarrollo integral de un país más justo y equitativo. Debe ser un tiempo en el que volvamos a mirar nuestra historia para encontrar aprendizajes que nos sirvan a todos. Ha de ser, además, un momento para el examen crítico de nuestras instituciones actuales”.

 

“Dicho documento, fue redactado por la Comisión Técnica Constitucional del partido, la cual está integrada por las siguientes personas: Jorge Correa, Javier Couso, María Cristina Escudero, Carlos Huneeus, Tomás Jordán, Alejandra Krauss, Soledad Lucero, Christopher Martínez, Humberto Noguiera, José Ignacio Núñez, Nelson Ortiz, Julia Panez, Alejandra Precht, Jorge Precht, Augusto Quintana, Edgardo Riveros, Macarena Rodríguez, Héctor Ruiz, Christian Suárez, Esteban Szmulewicz, Constanza Tobar, Claudio Troncoso (Presidente), Pablo Valenzuela, Elisa Walker, Ignacio Walker, Andrés Zaldívar y Patricio Zapata.

El documento indica que, en primer lugar, si se tuviera que resumir en una frase la esencia de la propuesta constitucional, dirían que ella busca que el Pueblo chileno se dote de un sistema institucional eficaz que, respecto de todas y todos los habitantes de nuestra Tierra, garantice y promueva de mejor manera las siguientes tres dimensiones: Dignidad, Democracia y Derecho.

Enseguida, en relación con las garantías del orden institucional, el partido político explica que Tal como lo contempla el proyecto de nueva Constitución de la ex Presidenta Bachelet en esta materia son partidarios de que se establezca el deber del Estado de garantizar el orden institucional, incluyendo dentro de ese enfoque la mención al terrorismo, agregando explícitamente que dicho deber ha de cumplirse siempre respetando los derechos humanos.

Luego, sobre las características y el rol del estado, respondiendo al desarrollo histórico del país, y muy especialmente a las luchas y conquistas de trabajadores organizados, pobladores, estudiantes y campesinos, atendiendo, luego, a los compromisos internacionales libremente asumidos por nuestra Nación y considerando, finalmente, que el libre desenvolvimiento de la personalidad y la dignidad humana exigen la satisfacción fáctica de ciertas necesidades sociales, el Estado chileno debe declararse y asumirse como un Estado Social y Democrático de Derecho.

A continuación, respecto de los Derechos Fundamentales, la DC aduce que la Nueva Constitución debe formular una adhesión explicita y enfática al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Estado de Chile debe ratificar su voluntad inquebrantable de cumplir escrupulosamente con todos los compromisos asumidos en materia de Derechos Humanos. La nueva Constitución debe proclamar solemnemente que ella asume como absolutamente vinculantes para todos los órganos del Estado las normas internacionales que comprometen a Chile, lo cual no sólo incluye a los tratados internacionales ratificados por Chile, y que se encuentren vigentes, sino que, también, al derecho internacional consuetudinario y los principios generales del derecho internacional. Agrega que, para estos efectos, se propone señalar que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos humanos, agregando a continuación que “Es deber de los órganos del Estado promover y respetar tales derechos contenidos tanto en esta Constitución como en las normas internacionales que obligan a Chile.”

Posteriormente, en relación con la tutela judicial de los derechos económicos, sociales y culturales se indica que “Todas y Todos los Demócrata Cristianos coincidimos en cuanto a que las personas tendrán siempre derecho a reclamar en sede judicial cuando la acción estatal que satisface un derecho social constituya una discriminación arbitraria.”

 

Por otro lado, la comisión técnica establece que La Nueva Constitución debe asegurar a todos los ciudadanos el libre e igualitario ejercicio de los derechos políticos, dentro del sistema democrático y republicano. Esto significa, entre otras cosas, garantizar el derecho de elegir y ser elegido, el derecho a una amplia publicidad y transparencia de los actos públicos, el derecho a reunirse pacíficamente y el derecho a participar en la elaboración de proyectos normativos y políticas públicas, en la forma que la ley determine.

 

Luego, no obstante existir legítimas y diversas posiciones sobre cuál es el mejor sistema de Gobierno, con miras a buscar puntos en común y aportar a la unidad de la oposición en la generación de consensos en materia constituyente, se ha acordado proponer el avance hacia una forma semipresidencial que permita dotarnos de un gobierno que confiera mayor gobernabilidad, fortalezca la representación, pero, al mismo tiempo, dote de mayor legitimidad al sistema político y de partidos.

 

Seguidamente, el documento propone diseñar un mecanismo de integración y de designación de un número impar de ministros (9 u 11 parece un número razonable), que ofrezca garantías de independencia y competencia en derecho público que doten al TC de suficiente legitimidad para desempeñar su importante rol.

 

Finalmente, la DC concluye que “en los próximos meses nuestra Patria dará inicio formal a un proceso constituyente que esperamos concluya con la Constitución de 2022, que esperamos goce de plena legitimidad y nos proporcione un marco constitucional estable, que nos permita profundizar nuestra vida democrática y el desarrollo integral de un país más justo y equitativo. Debe ser un tiempo en el que volvamos a mirar nuestra historia para encontrar aprendizajes que nos sirvan a todos. Ha de ser, además, un momento para el examen crítico de nuestras instituciones actuales. Será necesario, también, que hagamos un esfuerzo por proyectarnos hacia el futuro que queremos para nosotros y nuestros hijos.”.

                                   Tomado de DIARIO CONSTITUCIONAL .cl, Chile.

ABORTO LIBRE Y EUTANASIA: ¿ES POSIBLE INCORPORARLOS EN LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL?

 

ABORTO LIBRE Y EUTANASIA: ¿ES POSIBLE INCORPORARLOS EN LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL?

Chile, 18 de enero2021

                                                                                        Por Daniel Núñez Durán

 

 

“Ambos temas han sido parte del debate legislativo y, por cierto, las posturas son variadas a favor y en contra. Pero, más allá del análisis parlamentario, los dos podrían tener opción de discutirse durante la redacción de la nueva Carta Magna.”

 

 

“En las últimas semanas ha habido dos temas que se han tomado la opinión pública a nivel nacional, e incluso, ya son foco debate en las comisiones de Salud y de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, respectivamente: la eutanasia (o muerte digna) y el aborto libre.

 

Para algunos sectores, principalmente de oposición, urge legislar en ambos temas, puesto que Chile necesita avanzar en políticas públicas en las que ostenta un gran retraso. Por cierto, los sectores más conservadores son más críticos de la implementación de ambas iniciativas.

 

Pero junto con la discusión que se generará en la Cámara, se debe considerar que el país entrará en un proceso de cambio constitucional y ambos temas podrían incluirse perfectamente en lo que la redacción de la nueva Carta Magna.

 

¿Cómo se podrían incorporar?

Tania Busch, secretaria de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, comentó que uno de los temas que divide a las sociedades es “desde y hasta cuándo hay un derecho a la vida y cuáles son las limitaciones a ese derecho, y también la autonomía de las personas sobre su cuerpo y el deber de vivir. Aborto y eutanasia se relacionan con otros derechos como a la autonomía, dignidad y con cuestiones que tienen que ver con la salud”, dijo.

Agregó que todos estos temas deben ser discutidos en la Convención, porque la actual Constitución no prohíbe el aborto libre y la eutanasia. Sin embargo, se ha interpretado de esa manera por la política nacional. “Creo que lo mejor sería que la Constitución no se refiera directamente a estos temas, sino que se consagren los derechos sexuales y reproductivos en general, el acceso a la salud de las mujeres y la dignidad de las personas, sumado al derecho al libre desarrollo de la personalidad y su autonomía. Lo importante es que la discusión quede abierta para legislarlo de manera política”, señaló la abogada.

 

Cartas constituyentes

En el debate, los candidatos a la Convención tendrán mucho que decir al respecto. Ricardo Mahnke, candidato para el proceso constituyente por la Lista del Pueblo, cree que “la nueva Constitución no está para hacer leyes, pero habría que considerar ambos temas como un derecho a la salud garantizado. Este derecho debiera tomar el aborto como un tema de salud pública, porque significa que se abordará una problemática actual de muertes y enfermedades relacionadas con este aborto clandestino que se realiza en Chile. Serviría para eliminar un tratamiento médico clandestino y de muy baja calidad. Debemos enfocarlo como algo público”.

Agregó que lo mismo acontece con la eutanasia porque “obliga a prolongar el dolor más allá de lo permitido y soportable. Es un derecho propio de cada persona que puede elegir en que momento no se puede seguir con la vida y terminar con el sufrimiento. Ambos temas son de salud pública. Así podríamos enfocarlo en la nueva Carta Magna”.

 

Por su parte, Andrea Campos Parra, candidata independiente de la Asamblea Popular del Distrito 20, considera que tanto “el aborto libre como la eutanasia pertenecen a la libertad humana. Decidir sobre ellos, representa la libertad que debiéramos tener sobre nuestro cuerpo, que es nuestra casa en la vida”.

 

Agregó que la libertad, la seguridad y la gratuidad dependen del Estado y también de la comunidad para abrir las conversaciones pendientes y “superar las barreras que impongan las minorías o los sesgos de cultos religiosos o modelos conservadores y opresores. Los derechos y las libertades de las y los ciudadanos sobre estos temas tan sensibles requieren ser tratados desde el respeto e incorporarse en los principios de una sociedad sana”.

 

Por otro lado, indicó que la Constitución actúa como un mecanismo opresor que limita la evolución y el desarrollo, cerrando espacio al debate. “Creo que la nueva Carta Magna debe ser liberadora para pueblos y culturas. Como candidata a la Convención, voy a defender que el aborto sea libre, seguro y gratuito, también la eutanasia; entiendo ambos temas como un problema de salud pública”, señaló.

Ambos temas seguirán en debate. El paso que se está dando en el Congreso podría entregar novedades en las próximas semanas. Sin embargo, quedará mucho por debatir, considerando que se está ad portas del proceso constituyente.”

                                                Tomado de Diario Concepción, Chile.

GOBIERNO INGRESA INDICACIÓN POR VOTO ANTICIPADO

 

GOBIERNO INGRESA INDICACIÓN POR VOTO ANTICIPADO

Chile 19 de enero2021

                                                                 Por Paula Catena y Pedro Reyes P.

 

“Establece que las personas podrán sufragar un día antes de la elección y estará limitada a ciertos grupos.”

 “La normativa propuesta por el gobierno se dio a conocer este miércoles durante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Establece, además, que quienes deseen sufragar de forma previa tendrán que inscribirse ante el Servel entre 90 a 60 días previos a los comicios. Y los resultados de dichas votaciones se dará a conocer el mismo día de la elección.

El gobierno ingresó esta tarde a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados una indicación sustitutiva al proyecto de ley de voto anticipado que se comenzará a discutir hoy en la instancia.

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, informó ante la instancia parlamentaria que “nuestra indicación es conservadora, en el sentido de que como Ejecutivo no podemos avanzar de una manera que pueda exponer el prestigio de nuestro sistema electoral. En ese sentido, y sin quitarle el bulto, es más acotada, de lo que en su minuto fuimos conversando”.

 

El artículo único que propone el gobierno y que modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2017, establece una serie de tareas que deberá cumplir el Servel para concretar el voto anticipado, así mismo establece una serie de requisitos para poder solicitar sufragar antes del día de la elección.

Es así como la indicación incorpora un párrafo 2° bis al Título II, denominado “de la votación anticipada”, en donde se establece que la votación anticipada se producirá el día anterior a la jornada fijada para la elección o plebiscito correspondiente. Y que se aplicará por primera vez el 11 de abril de 2021.

Así mismo se señala que no corresponderá la votación anticipada en el caso de las primarias. Mientras que para la segunda vuelta de los comicios presidenciales y de gobernadores regionales, procederá la votación anticipada, solo pudiendo ser parte de ella quienes estén inscritos para la primera votación.

Por otro lado, se establece que solo se podrán acoger a esta opción quienes a la fecha de los comicios tengan 70 años o más; embarazadas; sean personas con discapacidad, según calificación y certificación del Compin, o aquellos que posean una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional; además de miembros de las FF.AA. y de orden.

Por otro lado, quienes deseen votar de manera anticipada, deberán inscribirse ante el Servel entre los 90 y 60 días antes de los comicios respectivos, a través de una plataforma electrónica que se dispondrá para dichos casos.

Tareas del Servel

La misma norma también dispone que en base a las inscripciones recibidas, el Servel, con un plazo de al menos 35 días previos a la fecha de la elección, deberá elaborar la nómina de electores habilitados para el sufragio anticipado.

Además, ésta debe ser publicada en su sitio electrónico, con el fin de que las personas que estimen que fueron omitidas de forma injustificada puedan reclamar dentro de los 5 días siguientes ante el Tribunal Electoral Regional.

También se señala que quienes estando inscritos no acudan a votar de forma anticipada, podrán ejercer su derecho a voto el día de la elección.

Para ello el gobierno propone incorporar en el inciso final del artículo 61, que el Servel deba entregar a los delegados de las juntas electorales, el listado de electores que hubieren votado anticipadamente. Mientras que en el artículo 64, que regula la instalación de las mesas el día de la elección, buscan incorporar que antes de iniciada la votación, el presidente y el secretario de cada mesa deben identificar en el padrón de la mesa a los electores que hubieren votado anticipadamente y en el espacio destinado a la firma, deberán poner que dicha persona votó anticipadamente.

Por otro lado, la indicación establece que con 25 días de anticipación, el Servel deberá designar los nombres de los vocales de mesa para las votaciones anticipadas y que quienes sean elegidos para esa fecha, no podrán ser vocales el día siguiente. Y que las mesas especiales para sufragio, se deben determinar con 30 días de anticipación.

Críticas de la oposición

Una vez conocida la indicación del gobierno, las parlamentarias de oposición integrantes de la Comisión, realizaron duras críticas al Ejecutivo.

 

La presidenta de la instancia Johana Pérez (DC), dijo sentir “un sinsabor” y que “debo ser sincera. Valoro que haya una voluntad, pero quiero decir que esto no era lo que esperábamos, sin duda”. La legisladora informó que mañana se votará la propuesta en la instancia.

 

“Nosotros queríamos llegar a las elecciones de abril con la posibilidad de que pudieran votar inclusive personas en situación de cuarentena”, agregó. Para asegurar, además, que “esto, sin duda, es muy por debajo de lo que se esperaba”.

 

Misma postura tuvo la diputada Andrea Parra (PPD): “Manifestar una gran decepción. Porque de verdad cuando uno como parlamentario de oposición hace el esfuerzo por dar todas las condiciones para que efectivamente haya diálogo, éste termina siendo casi infructuoso”, declaró.

 

La parlamentaria afirmó también que “más allá de las buenas intenciones, lo concreto es que la indicación sustitutiva, que me imagino deben haber presentado a última hora o recién, pero lo que ha descrito el ministro es de un estándar muy bajo”.

 

“Tenemos hoy una indicación sustitutiva presentada a última hora y con un estándar, de verdad, bastante bajo”, complementó.

 

Finalmente la diputada RD, Catalina Pérez, aseguró que “acá no existe voluntad política de que nos podamos hacer cargo de los elementos sanitarios que hoy existen para que todos y todas puedan participar”.

 

“No quedo conforme con la presentación del gobierno, me siento engañada por el gobierno, porque de buena fe los parlamentarios de oposición esperamos la presentación del Ejecutivo, de muy buena fe. Y lo que veo hoy es que simplemente no existe voluntad de avanzar. Me decepciona profundamente. Y creo que no existe un compromiso por garantizar la participación ciudadana en este proceso y en lo sucesivo”, cerró.”

                                                      Tomado de diario La Tercera, Chile.