miércoles, 16 de enero de 2019

LEY DE JURAMENTO

Gaceta Oficial Nº 21.799 de fecha 30 de agosto de 1945

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

DECRETA

la siguiente,

LEY DE JURAMENTO

Artículo 1.- Ningún empleado podrá entrar en ejercicio de sus funciones sin prestar antes juramento de sostener y defender la Constitución y Leyes de la República y de cumplir fiel y exactamente los deberes de su empleo.

Artículo 2.- Los Presidentes de las Cámaras Legislativas prestarán el juramento en presencia de las respectivas Corporaciones, y los Miembros de éstas lo harán ante su Presidente.

Artículo 3.- De conformidad con el artículo 101 de la Constitución Nacional, el Presidente de la República prestará ante el Congreso el juramento de cumplir fiel y lealmente sus deberes. Si por cualquier circunstancia no pudiere prestarlo ante el Congreso, lo prestará ante la Corte Federal y de Casación.

Artículo 4.- Los Ministros del Despacho y el Gobernador del Distrito Federal, prestarán el juramento ante el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela.

Artículo 5.- Los Miembros de la Corte Federal y de Casación prestarán juramento ante el Congreso Nacional.

Los suplentes convocados para llenar faltas temporales o absolutas de los Principales, prestarán juramento ante la propia Corte.

Artículo 6.- El Fiscal General del Ministerio Público y Defensor General ante la Corte Federal y de Casación, prestarán ante ésta el juramento.

Artículo 7.- Los Vocales de las Cortes Superiores, los Jueces de Primera Instancia, los Defensores Públicos de Presos y los Fiscales del Ministerio Público, prestarán el juramento ante el Presidente del respectivo Estado y ante el Gobernador del Distrito Federal y del Gobernador del Territorio Federal correspondiente o ante el funcionario que estos comisionen.

Los Jueces y demás funcionarios judiciales accidentales, prestarán juramento ante el Juez o Tribunal que los haya convocado.

Artículo 8.- El juramento que, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Patronato Eclesiástico de 28 de julio de 1824, deben prestar los nombrados por el Congreso para los Arzobispados y Obispados, antes de que se presenten a Su Santidad por el Poder Ejecutivo, se tomará en la forma siguiente: el Presidente de la República o la persona que éste haya designado al efecto interrogará al nombrado así: "¿juráis sostener y defender la Constitución de la República, no usurpar su soberanía, derechos y prerrogativas y obedecer y cumplir las Leyes, órdenes y disposiciones del Gobierno?". El interrogado contestará: "Sí juro"; y así se hará constar textualmente en un acta en dos ejemplares, firmados ambos por el nombrado, de los cuales se pasara uno al Senado y otro a la Cámara de Diputados, para ser guardados en sus correspondientes Archivos.

Parágrafo Primero.- El Pase que el Gobierno de la República dé a las Bulas de institución expedidas por el Sumo Pontífice a cualquier Prelado venezolano, contendrá una cláusula en la cual se exprese que tal Pase solo se concede en cuanto queden a salvo los derechos y prerrogativas de la Nación.

Parágrafo Segundo.- El Ejecutivo Federal dirigirá al Arzobispo u Obispo nombrado una copia de la Resolución de Pase y le citará ante sí o ante el Delegado que nombre al efecto, para que preste, antes de que se le entreguen las Bulas de institución con el Pase legalmente acordado, nuevo juramento, en los términos siguientes "Yo ... ciudadano venezolano, Arzobispo (u Obispo) preconizado de.... reitero el juramento prestado el día ........ ante el Ejecutivo Federal". De este juramento se levantará acta que, firmada por el nombrado, se agregará al respectivo expediente en el Ministerio de Relaciones Interiores.

Artículo 9.- Los eclesiásticos, los Oficiales del Ejército y de la Armada, y los demás empleados nacionales no mencionados especialmente en la presente Ley, prestarán juramento ante la autoridad que haya hecho la elección o el nombramiento o ante la que ésta comisione.

Artículo 10.- En receso del Congreso se prestarán ante la Corte Federal y de Casación los juramentos que deberían prestarse ante aquél.

Artículo 11.- Se deroga la Ley de Juramento de 29 de mayo de 1917.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los ocho días del mes de agosto de mil novecientos cuarenta y cinco.  Año 136º de la Independencia y 87º de la Federación.

El Presidente,
(L. S.)
MARIO BRICEÑO-IRAGORRY

El Vice-Presidente
ROSENDO LOZADA HERNÁNDEZ.

Los Secretarios
Francisco Carreño Delgado
R. Pérez Arjona

Palacio Federal en Caracas, a los treinta días del mes de agosto de mil novecientos cuarenta y cinco.-- Año 136º de la Independencia y 87º de la Federación.

Ejecútese y cuídese de su ejecución.

(L. S.)
ISAÍAS MEDINA ANGARITA

Refrenada,

El Ministro de Relaciones Interiores,
(L. S.)

¿QUIÉN ES EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA?

Por Abg. Rafael Medina Villalonga
Como la situación política del país es absolutamente grave y crítica. Grave por la trascendencia de los acontecimientos que pueden llevar a un giro de 180 grados en la conducción de los destinos del país; y crítica por lo inminente de ese cambio político que se nos viene encima. Como esta situación cambia minuto a minuto, les voy a exponer lo que está sucediendo en Venezuela, desde el punto de vista jurídico constitucional, que tiene un carácter más estable:

El artículo 233 de la Constitución Nacional prevé las hipótesis de falta absoluta del Presidente de la República y las formas de llenar esa vacante.

Según este artículo, la falta absoluta del Presidente de la República se puede producir por muerte, renuncia, destitución por el TSJ, abandono del cargo, incapacidad física o mental, revocación popular del mandato o ausencia prolongada por más de 90 días.

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente electo, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente de la Asamblea Nacional.

Cuando pensamos en el tema, lo primero que se nos ocurre es que en el caso de Maduro, no ha ocurrido ninguno de los supuestos que tipifica la Constitución Nacional como falta absoluta; y entonces concluimos que no hay vacío de poder y que no es legal ni constitucional que el Presidente de la Asamblea Nacional asuma como encargado de la Presidencia de la República.

Pero resulta que hay “vacío de poder”; que a partir del 10 de enero de 2019 se ha producido la falta absoluta del Presidente de la República. No por las causales que taxativamente contempla la Constitución Nacional en el artículo 233, pero por la inconstitucionalidad e ilegitimidad absoluta del acto electoral del 20 de mayo de 2018; en el que dice Maduro haber sido electo Presidente de la República.

Esas elecciones del 20 de mayo de 2018, fueron convocadas ilegal e inconstitucionalmente por una inexistente Asamblea Nacional Constituyente. Inexistente porque desde su creación se violó la Constitución Nacional y se excluyó la Soberanía Popular, que es a quien corresponde, de manera exclusiva y excluyente, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

El Presidente de la República tiene la iniciativa para pedir al pueblo que, en votación universal directa y secreta, apruebe o no la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta iniciativa corresponde también a la Asamblea Nacional, a los Concejos Municipales y al 15% de los electores. Pero es únicamente la INICIATIVA, no la CONVOCATORIA.

Esta iniciativa está atribuida a estos actores políticos, en el artículo 348 constitucional:
“Articulo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente (…) de la República (…); la Asamblea Nacional (…); los Consejos Municipales (…) o el quince por ciento de los electores…”

El artículo 347 constitucional, no deja lugar a otra interpretación:
El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede CONVOCAR una Asamblea Nacional Constituyente…”.

Queda absolutamente claro que quien puede CONVOCAR una Asamblea Nacional Constituyente, es únicamente el Pueblo.

El Presidente de la República, la Asamblea Nacional, los Consejos Municipales  y el 15% de los electores, tienen únicamente la iniciativa.

Si la CONVOCATORIA a la Asamblea Nacional Constituyente la hizo el Presidente y no el Pueblo, en votación universal directa y secreta, esa convocatoria es nula y sin efectos, según lo dispone el artículo 138 de la misma Constitución Nacional; porque el Presidente de la República NO tiene atribuida esa autoridad por la Constitución Nacional.
“Artículo 138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.”

Como Nicolás Maduro usurpó la autoridad que le corresponde únicamente al Pueblo, ese acto de convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente es NULO Y SIN EFECTOS. Luego la denominada Asamblea Nacional Constituyente “chavista madurista”, no tiene existencia en el mundo jurídico ni político venezolano.

Peor aún, esa fraudulenta “asamblea nacional constituyente” chavista madurista - que no es legítima ni tiene la autoridad atribuida por la Constitución Nacional- usurpando la autoridad del Consejo Nacional Electoral, convocó al acto electoral del 20 de mayo de 2018.

No es necesaria explicación adicional para entender que ese acto electoral del 20 de mayo de 2018, es ABSOLUTAMENTE NULO Y SIN EFECTOS.

Si a ese acto electoral nulo, le atribuye Maduro su elección como Presidente de la República, no cabe duda que Maduro no es Presidente electo para el período constitucional 2019- 2025.

Si Maduro no es Presidente electo y no hay otra persona que se atribuya esa condición, hay que concluir que NO HAY PRESIDENTE ELECTO para ese período y hay que concluir que hay un vacío de poder; que a partir del 10 de enero de 2019 se ha producido una falta absoluta del Presidente de la República, que debe ser llenada por el Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó; según reza el artículo 233 constitucional.
Artículo 233. “(…)
Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección (…). Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional…”

En resumen, NO HAY en Venezuela Presidente de la República constitucionalmente electo para el período constitucional 2019- 2025. Quien dijo juramentarse y tomar posesión del cargo de Presidente de la República de Venezuela, es un impostor que no es Presidente electo; que está usurpando ese cargo y la autoridad que de ese cargo dimana; por lo tanto su autoridad es ineficaz y sus actos son nulos.

Ante la falta absoluta de Presidente de la República electo, el Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, ha manifestado públicamente su voluntad de encargarse de la Presidencia de la República interinamente (En condición de encargaduría, dijo), mientras se hace una nueva elección presidencial y asume el cargo el nuevo Presidente de la República electo.

En consecuencia, el diputado Juan Guaidó es el Presidente encargado, el Presidente en funciones de la República Bolivariana de Venezuela, por mandato constitucional.

En Maracay, a los 13 días del mes de enero de 2019.

martes, 15 de enero de 2019

DÍA INTERNACIONAL DEL MAESTRO

Tomado de APORREA.ORG

“Este 15 de enero, en todo el país se celebrará el Día del Maestro fecha que se conmemora cada año desde 1945 cuando fue establecida durante el gobierno de Isaías Medina Angarita en reconocimiento a las luchas iniciadas por los Maestros venezolanos el 15 de enero de 1932, cuando en plena dictadura gomecista, un grupo de educadores conformaron una asociación para defender los derechos laborales de los maestros y mejorar la educación en  Venezuela.

La SVMIP comenzó a trabajar por el mejoramiento de la educación en Venezuela que contaba con un alto analfabetismo, fundando la "Revista Pedagógica", órgano divulgativo del gremio y en 1934 realizaron un seminario para discutir las deficiencias del sistema educativo en el país. Al gobierno de Gómez no le gustó las acciones del magisterio, razón por la cual el Ministerio de Instrucción Pública ordenó a los maestros a separarse de la SVMIP.

Los docentes siguieron luchando en la clandestinidad por el desarrollo de la educación venezolana, hasta la muerte del dictador Juan Vicente Gómez en 1936, cuando se convocó una asamblea nacional de docentes en la que se fundó la Federación Venezolana de Maestros. Durante el gobierno del General Isaías Medina Angarita, la FVM encaminó sus labores hacia la modernización de la educación y las mejoras de las condiciones de los educadores y reconoció la importancia de su labor decretando la celebración del Día del Maestro el 15 de Enero de cada año. Entre 1949 y 1958, durante la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez, disminuye la acción del movimiento magisterial y en 1952 se cambia la fecha de celebración del Día del Maestro, para el 29 de noviembre, fecha del natalicio de Andrés Bello, como un homenaje a quien guiara la educación de El Libertador Simón Bolívar. A partir de 1959, tras la caída de la dictadura Pérezjimenista, fue retomada la fecha que había sido fijada inicialmente por Medina Angarita en 1952 y en la que actualmente se rinde homenaje a los docentes venezolanos.

miércoles, 9 de enero de 2019

IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES EN DIVISAS Y CRIPTOMONEDAS

Por medio del decreto N°3.719 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.420 el 28 de diciembre de 2018, señala en su artículo 1° que los pasivos que realicen operaciones en el Territorio Nacional en moneda extranjera o criptodivisas, autorizadas por la Ley, a través de los Convenios Cambiarios suscritos entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela o mediante Decreto Presidencial, que constituyan hechos imponibles generadores de tributos nacionales, deben determinar y pagar las obligaciones en moneda extranjera o criptodivisas.

En el mismo decreto señala que las operaciones de títulos valores negociados en Bolsa de Valores; así como las exportaciones de bienes y servicios realizadas por entes públicos quedan exentos de la aplicación. De igual forma en su artículo 5 señala que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), dictará las normas que regularán de las adecuaciones que deban realizar las instituciones que conforman el sector bancario para la ejecución de este Decreto.