lunes, 3 de septiembre de 2018

GACETA OFICIAL N° 41.472 AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO Y CESTATICKET

De acuerdo a la Gaceta Oficial N° 41.472 del 31 Agosto 2018, los salarios mínimos se establecen en Bs.S 1.800,00 mensuales a partir del 1 de septiembre, mientras que el Cestaticket Socialista se fijó en Bs.S 180,00.

El decreto N° 3.601 establece: “se incrementa el salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, para las trabajadoras y los trabajadores que presten servicios en los sectores público y privado, el cual se fija en la cantidad de un mil ochocientos Bolívares Soberanos exactos (Bs.S 1.800,00) mensuales, a partir del 1 de Septiembre de 2018”.

El decreto N° 3.602, hace referencia al incremento del Cestaticket fijándolo en un total de Bs.S 180,00.

jueves, 30 de agosto de 2018

COPIA CERTIFICADA DE SENTENCIA PARA REVISIÓN

Sala Constitucional N° 23/3/2018

“Asimismo, fue reiterado el anterior criterio en la sentencia Nº 406 del 5 de abril de 2005 (caso: Carmen Beatriz Rodríguez Parada), esta Sala ha señalado que en el caso de solicitud de revisión de una sentencia, la falta de consignación de la copia certificada de ese fallo dará lugar a la inadmisibilidad de dicha solicitud. En efecto, la necesidad de consignar un instrumento fehaciente obedece a la certeza que debe obtener esta Sala respecto del contenido del fallo que pretende impugnarse a través de la revisión.

Estima necesario, esta Sala reiterar que es carga procesal del solicitante, efectuar la correspondiente consignación de copia certificada de la sentencia cuya revisión se solicita, para que la Sala verifique su admisibilidad (Vid. Sentencia N° 263/2011, del 16 de marzo).

En tal sentido, el artículo 133, numeral 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, norma aplicable a cualquier tipo de recurso, demanda o solicitud que se intente ante la Sala Constitucional (Vid. sentencias Nros. 942 y 952/2010, del 20 de agosto), establece lo siguiente:

Se declarará la inadmisión de la demanda:

…Omissis…

2. Cuando no se acompañen lo documentos indispensables para determinar si la demanda es admisible.

…Omissis…

En consecuencia, a la luz de los criterios jurisprudenciales antes reseñados, esta Sala concluye que la presente solicitud de revisión se subsume en el supuesto de inadmisibilidad descrito en el artículo 133, numeral 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.”

CINCO DE ESTOS PÁRRAFOS NO SON VERDAD, LEA Y DESCUBRA CUÁLES

NOTICIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Fecha: 19 de agosto de 2018

El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, bajo su gestión, ha impulsado y desarrollado un amplio plan de inauguración, acondicionamiento y modernización de las sedes judiciales a lo largo y ancho del país, con el objetivo de ofrecer espacios dignos y confortables a los servidores y servidoras judiciales que allí laboran, así como también para el pueblo venezolano que acude a los espacios del Sistema de Justicia venezolano para realizar sus trámites y diligencias en el ámbito judicial.

En ese sentido, la máxima autoridad judicial del país, inauguró el Palacio de Justicia de Monagas, el Circuito Judicial en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer y Tribunal Penal Municipal en el estado Lara, nuevas áreas en el Palacio de Justicia de Maracay, el Circuito Judicial en materia de delitos de violencia contra la mujer en el estado Guárico, el Circuito Judicial Penal de Cabimas, estado Zulia, así como también ha mantenido constante atención sobre las labores de adecuación y reacondicionamiento de espacios de las diferentes sedes tribunalicias a nivel nacional a los fines de retribuir el esfuerzo de los servidores y servidoras que día a día laboran para enaltecer el trabajo que se lleva a cabo en el Poder Judicial.

Además, el Magistrado-Presidente, ha continuado un arduo trabajo para mejorar de forma constante los beneficios socioeconómicos de los servidores y servidoras del Poder Judicial para así garantizar el bienestar de todos aquellos trabajadores y trabajadores que conforman el Sistema de Justicia venezolano, así como, en el ámbito de sus competencias, impulsar las políticas en la lucha contra la corrupción, las cuales contribuyen en la preservación de la institucionalidad, el fortalecimiento del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, y la paz en la nación.

Con el objetivo de afianzar lazos estratégicos con otras naciones, el presidente del TSJ ha afianzado la participación internacional judicial para así establecer el marco de cooperación interinstitucional y académica, sumando esfuerzos para el diseño e implementación de programas de formación académica y judicial, por medio de diversas actividades durante sus exitosas visitas a Ecuador, Turquía, Rusia y La Haya.

Bajo la gestión del magistrado Maikel Moreno como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, se ha fortalecido la institucionalidad del Poder Judicial y de todos aquellos que allí hacen vida, labor que seguirá desempeñando de forma sostenida y firme para continuar ofreciendo una justicia transparente, eficiente, célere y moderna al pueblo venezolano, tal como lo establece los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

miércoles, 22 de agosto de 2018

EN GACETA OFICIAL N° 41.452 DEROGATORIA DE LEY DE ILÍCITOS CAMBIARIOS

El decreto de la Asamblea Nacional Constituyente que deroga la Ley de Ilícitos Cambiarios fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 41.452.

El documento señala en su artículo número uno que el decreto tiene por objeto establecer la derogatoria del Régimen Cambiario y sus Ilícitos "con el propósito de otorgar a los particulares, tanto a personas naturales como jurídicas, nacionales o extranjeras, las más amplias garantías para el desempeño de su mejor participación en el modelo de desarrollo socio-económico productivo del país".

No obstante, en su artículo 3 se establece que en virtud de la naturaleza lesiva del patrimonio público de delitos económicos previstos en los artículos 21 y 23 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, y en aras de evitar su impunidad, no se aplicará la excepción de retroactividad de la ley más favorable a los casos ocurridos hasta la fecha, es decir, que quienes fueron acusados de cometer ilícitos cambiarios seguirán siendo juzgados.

Vale recordar que en la presentación oficial ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami, aseguró que con este decreto el Gobierno autorizará a las casas de cambio hacer operaciones en divisas de forma transparente, legal y segura, reseñó AVN.

Al respecto, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, aseguró que todas las divisas que se generen por este mecanismo serán destinadas a la inversión social.

A continuación el texto completo del decreto:

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
DECRETO CONSTITUYENTE DEROGATORIO DEL
RÉGIMEN CAMBIARIO Y SUS ILÍCITOS

La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el Pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Normas para Garantizar el Pleno Funcionamiento Institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en Armonía con los Poderes Públicos Constituidos, dictadas por este órgano soberano y publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.323 Extraordinario de fecha 08 de agosto de 2017.

CONSIDERANDO

El interés del Estado para conferir a la sociedad venezolana un nuevo marco normativo en el que los particulares puedan realizar transacciones cambiarias entre privados propias en divisas, de origen lícito, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Erigido sobre los postulados en que se basa la actividad económica de la República Bolivariana de Venezuela, la cual se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, y la responsabilidad social;

CONSIDERANDO

Que el ejercicio de las libertades públicas consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto al sistema cambiario, comporta que el Estado refuerce las garantías para que los particulares, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, puedan participar más activamente en emprendimientos socio económicos, inversiones, actividades productivas y de desarrollo social, y con el firme propósito de brindar las máximas seguridades para la inversión extranjera productiva, con una visión amplia consecuente con el nuevo modelo socio económico que el país y el pueblo venezolano merecen para su mayor prosperidad y bienestar;

CONSIDERANDO

La necesidad de mantener las acciones del Estado para evitar la impunidad en las transacciones cambiarias que fueron realizadas con moneda extranjera adquiridas a través de los mecanismos del régimen administrado, que habían sido diseñados e implementados para proteger los derechos e intereses del pueblo venezolano, mediante acciones constitutivas de delitos que afectaron el patrimonio público, subvirtiendo los fines del Estado en esta materia, a cuya persecución penal se adiciona el reforzamiento jurídico de la responsabilidad civil derivada de esos delitos.

DECRETA la siguiente,

DEROGATORIA DEL RÉGIMEN CAMBIARIO Y SUS ILÍCITOS

Objeto

Artículo 1. El presente Decreto Constituyente tiene por objeto establecer la derogatoria del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de este Decreto Constituyente, con el propósito de otorgar a los particulares, tanto personas naturales como jurídicas, nacionales o extranjeras, las más amplías garantías para el desempeño de su mejor participación en el modelo de desarrollo socio-económico productivo del país.

Derogatoria

Artículo 2. A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Constituyente, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 ejusdem, se deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos; el artículo 138 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela en lo que concierne exclusivamente al ilícito referido a la actividad de negociación y comercio de divisas en el país; y todas aquellas disposiciones normativas en cuanto colidan con lo establecido en este Decreto Constituyente.

No favorabilidad

Artículo 3. En virtud de la naturaleza lesiva del patrimonio público de delitos económicos previstos en los artículos 21 y 23 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, y en aras de evitar su impunidad, no se aplicará la excepción de retroactividad de la ley más favorable a los casos graves ocurridos hasta la fecha de la publicación de este Decreto Constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Menor dañosidad del hecho

Artículo 4. Las sanciones presvistas en los artículos 21 y 23 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, se rebajarán a sus dos terceras partes, cuando la totalidad de las operaciones realizadas por el mismo sujeto activo, no excedan en conjunto de DIEZ MIL DÓLARES de los Estados Unidos de América (US$ 10.000,00) o su equivalente en otra divisa. Sin menoscabo de las acciones del Estado para resarcir el daño patrimonial público.

Responsabilidad civil

Artículo 5. La responsabilidad civil derivada de los ilícitos cambiarios cometidos hasta la fecha de entrada en vigencia de este Decreto Constituyente, subsiste y será reclamada por la República Bolivariana de Venezuela a los responsables, de conformidad con lo establecido en el Código Penal y en el Código Civil. A tal efecto, la Procuraduría General de la República procederá judicialmente para garantizar la restitución, la reparación y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados contra el patrimonio público.

La Procuraduría General de la República procederá a gestionar ante la autoridad judicial, administrativa, fiscal e incluso ante personas jurídicas de Derecho privado, tanto en el ámbito nacional como internacional, todo lo referente a la restitución, reparación e indemnización por los daños y perjuicios contra el patrimonio público ocasionados.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Este Decreto Constituyente entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado y firmado en el Hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente del Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los dos días del mes de agosto de dos mil dieciocho. Año 208° de la Independencia, 159° de la Federación y 19° de la Revolución Bolivariana.

EL UNIVERSAL