martes, 29 de mayo de 2018

PERPETUATIO IURISDICTIONIS

Sala Constitucional N° 348 / 11-5-2018

“Por otra parte, no quiere esta Sala dejar de referirse a la afirmación efectuada en la sentencia bajo análisis, dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara el 28 de julio de 2015, en cuanto al tipo de procedimiento por el cual debía tramitarse la demanda de resolución de contrato interpuesta por el ciudadano Miguel Ángel Díaz Sánchez, hoy solicitante, contra el ciudadano Héctor Baudilio Velasco.

En efecto, en la referida sentencia se señaló lo siguiente:

“Ahora bien, las normas que regulan la materia de arrendamiento son de orden público, y por consiguiente los derechos de los arrendatarios son irrenunciables. En el caso de autos, si bien la demanda fue interpuesta en fecha 20 de febrero de 2014, es decir cuando se encontraba en vigencia la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda, no obstante, a partir del día 23 de mayo de 2014, entró en vigencia el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regularización del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, el cual establece que el procedimiento que ha de emplearse es el oral. Dicho procedimiento debió ser aplicado por el Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren del Estado Lara inmediatamente, conforme a lo establecido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 2014-789, de fecha 5 de marzo de 2015”.

Al respecto debe señalar esta Sala Constitucional que, a pesar de no haber incidido tal afirmación en lo decidido, tal conclusión no es acertada toda vez que, habiendo sido admitida la demanda mediante auto dictado el 9 de abril de 2014 -tal como consta al folio 180 del anexo “1” del presente expediente-, esto es, antes de la entrada en vigencia del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regularización del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (23 de mayo de 2014), el procedimiento que debía aplicarse era el relativo al juicio breve, según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, cuerpo normativo que en ese momento se encontraba vigente, y con base en el cual, se admitió la demanda, y se emplazó a la parte demandada, concluyendo dicho proceso con la sentencia dictada conforme a derecho por el Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, motivo por el cual, se exhorta al juez que emitió el acto jurisdiccional bajo estudio, a no incurrir nuevamente en errores de ese tipo. Así se decide.”

INSPECCIÓN EXTRAJUDICIAL NOTARIAL ES DOCUMENTO PÚBLICO

Sala constitucional N° 348 / 11-5-2018

“De lo anterior puede evidenciarse claramente, que a diferencia de lo señalado en la sentencia dictada el 28 de julio de 2015 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y que constituye el objeto de la presente revisión, el tribunal de la causa, Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en su sentencia dictada el 18 de diciembre de 2014, no incurrió en error de valoración al considerar la referida inspección como documento público.

En efecto, el artículo 1357 del Código Civil señala lo siguiente:

“Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado”.

De igual forma, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado, cuerpo normativo vigente para la fecha en la que fue dictada la referida decisión de instancia, disponía en su artículo 75, lo siguiente:

“Los Notarios Públicos o Notarias Públicas, son competentes en el ámbito de su circunscripción, para dar fe pública de todos los actos, hechos y declaraciones que autoricen con tal carácter, particularmente de los siguientes:

(…)

12) Constancia de cualquier hecho o acto a través de inspección extrajudicial”.

En consecuencia, estima esta Sala Constitucional que de conformidad con las disposiciones legales citadas, el Notario Público es uno de esos funcionarios “autorizados”, para mediante inspección, dejar constancia y dar fe pública de circunstancias, hechos y declaraciones, por lo que el instrumento a través del cual se deje constancia de ello, gozará de la naturaleza de documento público, tal como se desprende del texto del artículo 1357 del Código Civil; y ello obedece a que al practicar la inspección ocular, el Notario no solo da fe del otorgamiento, sino del contenido puesto que interviene en su elaboración, dando certeza de lo allí expresado.

En sintonía con lo anterior, resulta pertinente citar lo expuesto por la Sala de Casación Civil en su sentencia RC. 000542 del 11 de agosto de 2014 (Caso: Inversiones Cortés C.A. y otros contra Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, C.A. y otros), en la que se precisó lo que sigue:

“Al respecto conviene mencionar lo establecido en el artículo 1.363 del Código Civil, el cual dispone lo siguiente:

‘Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado’. (Negrillas de la Sala).

Sobre el particular, la Sala ha sostenido que el documento público o auténtico, está referido a su contenido, vale decir, el texto del documento que ha sido autorizado con las solemnidades legales por el funcionario competente, “autorizado” significa, que es el funcionario quien concibe o redacta el documento. Los documentos redactados o creados por el funcionario competente son auténticos, vale decir, no hay duda de su autoría y de su validez. (Ver sentencia Nº 668, de fecha 5 de diciembre de 2011, caso: Promociones Olimpo, C.A., contra C.N.A. de Seguros La Previsora, que reitera el criterio del fallo Nº 474 de fecha 26 de mayo de 2004, caso José Enrique León Salvatierra, contra la ciudadana Marisol Valbuena).

Con fundamento en los precedentes jurídicos expresados, la Sala considera que la aludida ‘prueba instrumental de efectos legales especiales’, constituye un instrumento público, y como tal, de conformidad con los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, gozan de certeza y de fe pública los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber visto u oído contenidos en dicho documento, de lo cual hace plena fe, tanto entre las partes como respecto de terceros, y su autoría y contenido sólo podrán ser discutidos por vía de tacha de falsedad”.

VALOR PROBATORIO INSPECCIÓN OCULAR FUERA DE JUICIO

Sala Constitucional N° 348 /11-5 2018

“…la inspección ocular practicada fuera de juicio, dentro de los supuestos del mencionado Art. 1429 del Código Civil, sin citación de la otra parte, es una prueba legal, cuyo mérito está el juez obligado a analizar en la sentencia, y no requiere la citación de la parte a la cual pueda oponerse en el futuro, no sólo porque la ley no lo exige así, sino también porque al momento de su práctica no existe aún el juicio, ni la parte a la cual puede oponerse dicha prueba. Exigir la citación de esta última parte para practicar las diligencias, haría frustratoria una medi¬da que, por su naturaleza, es corrientemente de urgencia.

2) Tampoco deben confundirse ambos procedimientos, parque (sic) el texto del Art. 1429 del Código Civil autoriza la práctica de la inspección ocular antes del juicio cuando pueda sobrevenir perjuicio por retardo, y con ello la ley se está refiriendo de modo general a todos los casos en que pueda sobrevenir perjuicio por retardo en la evacuación de la prue¬ba, sin condicionar la facultad de promoverla a los trámites previstos para el procedimiento de retardo perjudicial.

3) Finalmente, otra razón que evidencia la diferencia entre ambos pro-cedimientos y especialmente la no exigencia en el caso de la inspec¬ción judicial extra litem de la citación de la parte contra quien ulterior¬mente se oponga en juicio, está en que en la inspección extra litem, el juez interviene directamente y toma parte activa en la diligencia, desde el momento en que es él precisamente, por medio de sus sentidos, quien se impone de las circunstancias del caso y lleva al acta respectiva el resultado de sus percepciones; acta ésta, que la reiterada jurisprudencia de la Casación considera formalmente un documento público o autén¬tico, que hace fe de los hechos que el funcionario declara haber efec¬tuado y de aquellos que declara haber visto u oído, por devenir de un funcionario público autorizado por la ley para ello (Arts. 1357, 1359 y 1360 CC y Art. 475 CPC). En cambio, no ocurre así en el caso del procedimiento de retardo perjudicial respecto de otras pruebas, como la de experticia y la de testigos, en las cuales, el papel del juez es abso-lutamente pasivo, pues se limita a hacer llevar al expediente, lo que dicen terceras personas, como son los peritos y los testigos, presenta¬das por las partes interesadas. En estos casos el juez no puede respon¬der ni de la sinceridad de los testigos, ni de la verdad del dictamen de los expertos, lo cual explica la necesidad de la citación de la otra parte, a los fines del control de la prueba mediante el contradictorio que le asegura la ley; y se explica también que una justificación de testigos fuera de juicio, no pueda ser opuesta a la otra parte ni a terceros en general, los cuales pueden, por medio de las repreguntas o de otras pruebas, enervar o invalidar el dicho de los testigos y destruir por ese medio la prueba.

Por todo ello, es jurisprudencia pacífica y reiterada, que la inspección judicial evacuada extra litem no requiere ser ratificada en el futuro jui¬cio para que surta su valor probatorio, como lo requeriría una justifica¬ción testimonial, o una experticia, en las cuales no se realiza la inme¬diación que sí ocurre cuando el juez aprecia de visu las circunstancias de una situación de hecho. (RENGEL ROMBERG ARÍSTIDES; TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL VENEZOLANO, Tomo IV (pág.440 y ss)”.

VALOR PROBATORIO DE LA INSPECCIÓN EXTRAJUDICIAL

Sala Constitucional N° 348 / 11-5-2018

Establecido lo anterior y tomando en consideración que si bien la valoración que efectúen los jueces de las pruebas aportadas por las partes, no puede ser atacada en principio por la vía del amparo constitucional, no obstante por vía excepcional, y dado que el derecho al debido proceso y al derecho a la defensa de los justiciables, implica por parte del juez la obligación de realizar un análisis y valoración de las pruebas conforme a las normas legales y a la doctrina de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

En el caso de autos, se observa que la única prueba que aportó el actor para demostrar un hecho controvertido, y con fundamento a la cual se declaró con lugar la acción por resolución de contrato, se trata de una inspección extrajudicial, la cual fue valorada por la juez como un documento público, y se estableció que el único camino para desvirtuar el valor probatorio de un documento público lo constituye la tacha de falsedad, todo lo cual a juicio de esta sentenciadora constituye una interpretación errónea de los artículos 1.360 y 1.380 del Código Civil, a concederle plena fe a un documento auténtico, y al establecer un mecanismo de contradicción distinto al establecido en la norma, todo lo cual constituye una violación al derecho a la defensa y al debido proceso previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En consecuencia, tomando en consideración que la recurrida valoró como plena prueba una inspección extrajudicial promovida como única prueba en el juicio principal, y que tal actuación constituye una extralimitación de funciones, quien juzga considera que estamos ante un caso de excepción para la procedencia de la acción de amparo constitucional, más aun si la misma es determinante para la resolución del caso de autos, razón por la cual quien juzga considera que lo procedente es declarar con lugar la acción intentada, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por la violación de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y así se declara”.

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y APRECIACIÓN DE PRUEBAS

Sala Constitucional N° 348/ 11-5-2018

“Sobre la gravedad de tal proceder jurisdiccional, se ha pronunciado de igual forma esta Sala Constitucional, tal como se puede apreciar en su sentencia N° 933 del 15 de julio de 2013 (caso: Fernando Danilo Ordóñez), en la cual se estableció que:

“…la salvaguarda del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva se centra en el deber de éstos -jueces- de apreciar todas y cada una de las pruebas para el establecimiento de los hechos, independientemente de la relevancia o no del análisis en la conformación de la decisión jurisdiccional, tal como lo establece el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil (Vid. Sentencia de esta Sala n.° 1871/2006).

Así pues, cuando tal análisis resulta omitido o se prescinde de algún aspecto de éstas que guarde relación con un hecho que haya sido alegado y controvertido dentro del proceso, el Juez incurre en un error de juzgamiento que la doctrina y jurisprudencia denominan silencio de pruebas que, por lo general, comporta violación al derecho a la defensa y, por ende, al debido proceso que reconoce el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Dicho vicio se encuentra aparejado con el deber del juez de decidir conforme a lo alegado por las partes, lo cual conlleva consecuentemente a otro deber, el cual consiste en que el mismo debe resolver todos y cada uno de los alegatos expuestos por las partes, en aras de no vulnerar, se insiste, los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, como un mecanismo garantista para los ciudadanos que acudan ante los órganos de justicia”.

JUEZ CONSTITUCIONAL Y TERCERA INSTANCIA

Sala Constitucional N° 1.834 / 09.08.02

“Ahora bien, en sentencia también de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictada en el expediente No 02-1606 de fecha 29 de noviembre de 2004, se estableció que era improcedente la acción de amparo constitucional incoada con el fin de que el juez constitucional se convierta en una tercera instancia, al establecer textualmente lo siguiente:

‘La Sala concuerda con el a quo en el sentido de que la revisión del fallo objeto de amparo, por las razones que planteó la parte actora, convertiría al juez constitucional en una tercera instancia, pues sería necesaria la evaluación de la valoración que hizo el juez en relación con las testimoniales, los justificativos de testigos, su decisión sobre la tacha de los testigos y sobre la cuestiones previas y, en general, la revisión de la aplicación de las normas probatorias del Código de Procedimiento Civil y del Código Civil para que, con fundamento en ello, el juez constitucional determinase si la valoración del supuesto agraviante fue acertada, actividad ésta que corresponde exclusivamente a los jueces de mérito y que no puede cuestionarse por vía de amparo (Cfr. s. S.C. nº 1834 de 09.08.02).

No obstante la Sala estableció, como excepción al principio que antes fue mencionado, que ‘...los supuestos en los cuales el tratamiento que se le da a la prueba promovida implica un abuso de derecho, la valoración de la prueba resulta claramente errónea o arbitraria o cuando se ha dejado de valorar, sin justificación alguna, una prueba determinante para la resolución de la causa.’(s. S.C. nº 1571 del 11.06.03”).

REVISIÓN CONSTITUCIONAL CONCEPTO

Sala Constitucional N° 348 / 11-5 2018

“Previo a cualquier pronunciamiento, esta Sala Constitucional pasa a reiterar como premisa del análisis subsiguiente, el criterio sentado en la sentencia Nº 44/2000, del 2 de marzo (caso: Francia Josefina Rondón Astor), ratificado en el fallo Nº 714/2000, del 13 de julio (caso: Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda), conforme al cual, la revisión constitucional es una potestad discrecional otorgada a esta Sala, en el precepto contenido en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que la solicitud en cuestión sólo puede ser admitida a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, que permite -en forma restringida y extraordinaria- quebrantar, fundada y discrecionalmente la garantía de la cosa juzgada.” (…)

En este mismo sentido, la Sala ha sostenido en casos anteriores que la labor de resguardo del Texto Constitucional mediante la revisión extraordinaria de sentencias, no se cristaliza de forma similar al establecido para los recursos de gravamen o impugnación, diseñados para cuestionar la sentencia, para ese entonces, definitiva. De allí que, el hecho configurador de la revisión extraordinaria no es el mero perjuicio, sino que, además, se verifique un desconocimiento absoluto de algún precedente dictado por esta Sala, la indebida aplicación de una norma constitucional, un error grotesco en su interpretación, lo cual se justifica en que los recursos de gravamen o de impugnación gozan de una presunción de que los jueces de instancia o casación, de ser el caso, actúan como garantes primigenios de la Carta Magna. Sólo cuando esa presunción logra ser desvirtuada es que procede, en tales casos, la revisión de la sentencia (Vid. Sentencia de la Sala Nº 2.957 del 14 de diciembre de 2004, caso: “Margarita de Jesús Ramírez”, ratificada en el fallo Nº 748 del 8 de junio de 2009, caso: “Gregorio Carrasquero”).

De modo que, la solicitud de revisión puede ser declarada ha lugar únicamente en casos donde a discreción de esta Sala la decisión objetada haya errado en el control de la constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional; o bien cuando haya incurrido en un error de interpretación u omitido alguna disposición constitucional, o un precedente establecido por esta Máxima Instancia Jurisdiccional, o cuando tratándose de una solicitud de revisión contra un fallo dictado por alguna de las restantes Salas del Tribunal Supremo de Justicia, éste haya violentado algún derecho constitucional, tal como estableció el legislador en los numerales 10 y 11 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.”

martes, 15 de mayo de 2018

ARTÍCULO 350 INTERPRETACIÓN

Sala Constitucional Sentencia N° 24
22-1-2003

“…Por lo expuesto, debe concluirse que el sentido que debe asignarse al pueblo de Venezuela es el conjunto de las personas del país y no una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y menos individualidades.

Por otra parte, en la medida en que la soberanía reside de manera fraccionada en todos los individuos que componen la comunidad política general que sirve de condición existencial del Estado Nacional, siendo cada uno de ellos titular de una porción o alícuota de esta soberanía, tienen el derecho y el deber de oponerse al régimen, legislación o autoridad que resulte del ejercicio del poder constituyente originario que contraríe principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos; y así se decide.

b) El desconocimiento al cual alude el artículo 350, implica la no aceptación de cualquier régimen, legislación o autoridad que se derive del ejercicio del poder constituyente originario cuando el resultado de la labor de la Asamblea Constituyente contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos…” 

viernes, 20 de abril de 2018

SIETE PASOS PARA LOGRAR TUS METAS

Elimina las excusas y toma acción

Para acercarte a ese sueño, a esa meta, a ese objetivo que deseas alcanzar. Una vez que tengas definido lo que deseas sólo te toca descubrir cómo alcanzarlo, qué debes hacer para lograrlo. Cómo hacer para llegar a ese objetivo desde donde te encuentras hoy.

Todos tenemos las mismas posibilidades de alcanzar nuestros sueños y tenemos las mismas 24 hrs para vivir cada día. Para descubrir cómo alcanzar tus metas debes decidirte a aprovechar esas 24 hrs que te son concedidas cada día para moverte hacia ellas y cumplirlas.

Imagínate alcanzando esas metas y objetivos que tanto deseas y viviendo la vida que tanto quieres, ten en cuenta que si otros pudieron lograrlo no hay absolutamente nada que a ti te lo impida hoy.

Descubre Tu misión personal

Tú viniste al mundo para hacer algo maravilloso con tu vida, ¿sabes qué es? ¿Qué es eso que tiene significado para ti? ¿De qué manera quieres contribuir con el mundo?

Esas son las preguntas más importantes que debes contestarte para descubrir tu misión personal y así podrás saber cómo alcanzar tus metas.

Tú tienes las capacidades, talentos y recursos necesarios para alcanzar eso que quieres, lo que debes hacer es sacarlas a flote para utilizarlas como herramientas para alcanzar tu meta.

Tú naciste para ser grande y de alguna forma estás aquí para hacer la diferencia con tu vida.

Imagina que tú puedes ser hacer o tener lo que sea. Escribe eso que deseas ser, hacer o tener y atrévete a conseguirlo. Atrévete a ir por eso que deseas y asegúrate que cada día que pasa des un paso al frente.

La habilidad para diseñar tus metas y hacer planes para cumplirlas es la habilidad maestra que debes desarrollar. Esta es una pieza fundamental que te enseñará como alcanzar tus metas y es más importante que cualquier otro elemento que puedas aprender. Al igual que todo en la vida esta habilidad se desarrolla con la práctica.

Es por esto que te recomiendo que lo que verás a continuación lo vayas aplicando en objetivos pequeños para que se cumplan rápido y vayas desarrollando esa habilidad con el pasar del tiempo.

Cuando te tomas el tiempo de planificar y organizar las actividades que debes cumplir para lograr tu objetivo estás cumpliendo más de la mitad de tu meta.

Cómo alcanzar Tus metas con estos 7 pasos

Toma nota de estos 7 pasos que verás a continuación para que aprendas como alcanzar tus metas:

1.- Atrévete a soñar y decide exactamente lo que deseas, la claridad es el punto de partida del éxito. Así que anota de qué es lo que realmente deseas.

2.- Escribe tu meta con todo el detalle posible y colócale una fecha tope.

3.- Determina el conocimiento, las destrezas y habilidades que necesitas para lograr lo que quieres.

4.- Enumera los obstáculos y dificultades que deberás superar para lograr tu objetivo, organízalos por tamaño e importancia.

5.- Determina, las personas, grupo u organizaciones de las cuales vas a requerir ayuda para alcanzar tu meta. Piensa en con qué puedes contribuir con ellas para que ellas te colaboren.

6.- Realiza un plan detallado, divídelo por actividad y organízalo por prioridad. Determina qué es lo que tiene más importancia. Qué debes hacer primero.

7.- Aprovecha el día y toma acción inmediata. Comienza con el plan que acabas de diseñar y asegúrate de que cada día que pasa, des un paso hacia tu meta.

Estos 7 pasos son los que la gran mayoría de la gente exitosa sigue para lograr sus metas. Todo en esta vida tiene que ver con metas. Si deseas tener un bebé es una meta, si deseas conseguir un título de estudios es una meta, si deseas cambiar de trabajo es una meta, si deseas emprender un nuevo negocio es una meta. Si deseas obtener más dinero por tu trabajo es una meta.

La organización y la planificación Son los elementos claves del éxito, es el punto de partida para lograr lo que deseas. Usa estos pasos para establecer y alcanzar tus metas y mantente en movimiento hacia ellas.

Miles de sueños y metas se desvanecen día a día por el simple hecho de no poder organizarlos y ejecutar las actividades necesarias para lograrlos.

La gran diferencia entre el éxito y el fracaso radica en esta clave que hoy estas descubriendo. Adopta los pasos que acabo de compartir contigo y atrévete a soñar y a lograr lo que deseas.

Cada gran logro comienza con una visión, así que dale forma a esa visión siguiendo estos pasos y toma acción desde Ya.

martes, 17 de abril de 2018

EL ANTEJUICIO DE MÉRITO Y LA ASAMBLEA NACIONAL


Estimados amigos en estos días hemos oído todo tipo de opiniones acerca del antejuicio de mérito contra el presidente de la República y la posibilidad de desalojarlo a él y su régimen por la vía de un enjuiciamiento ante el tribunal Supremo de Justicia en el Exilio.

Según estos opinadores o analistas (entre comillas), la caída del régimen es inminente, tanto que si se logra que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora,  decida favorablemente que continúe el proceso porque considera que hay méritos suficientes para enjuiciar al presidente por actos de corrupción, de inmediato quedará suspendido de sus funciones, se ejecutará la sentencia de Bogotá en cuanto a la medida cautelar de prisión preventiva y se ordenará su captura internacional si no se pone a derecho, es decir, si no se entrega voluntariamente para cumplir con lo condenado en esa sentencia, como por ejemplo lo hizo LULA en Brasil.

Entonces los opinadores especulan que tal vez los diputados opositores no tengan suficiente guáramo, que seguramente se les caerán las caretas de traidores, que cómo es posible que no hayan decidido ya y que no hayan acabado con este régimen de una vez por todas teniendo esta oportunidad de oro. Otros opinan que sí que “Le llegó su hora” a Maduro.

Los de más allá opinan que será muy difícil porque se necesita la mayoría calificada de dos tercios o 112 diputados que voten a favor de continuar el proceso y que lo lleven a juicio; algunos más que tenemos esa mayoría porque tenemos los 112 diputados opositores, sin acordarse que desde los primeros días de la Asamblea Nacional están suspendidos ilegalmente 4 de diputados de Amazonas, con lo que los opositores quedaron en 109 diputados.

Toda esta discusión es intrascendente, no va para ningún lado, ya les explicaré por qué.

Por otro lado, la mayoría de esos opinadores son unos de “medio pelo” que lo que quieren es figurar y captar seguidores ingenuos o desprevenidos que incrementen su menguado auditorio. Lo más preocupante es que entre esos opinadores se cuentan analistas muy reputados y hasta ex magistradas de mucha influencia en la opinión pública como Cecilia Sosa Gómez y Blanca Mármol de León. A una y a otra les he oído decir con mucho entusiasmo que si la asamblea Nacional tiene el suficiente coraje y vota a favor de enjuiciar al presidente “el mandao está hecho”. Eso no es verdad.

Entre estos opinadores habrá algunos de buena fe que lo hacen guiados por el fuerte deseo de que se acabe esta pesadilla; por eso mismo “Los arboles no les dejan ver el bosque” y en su ceguera “llevan agua al molino” del régimen. Otros, son los tarifados del gobierno que tiene por oficio remunerado hacer propaganda a favor del régimen “ for a few dolars more”, por unos pocos dólares más, como el título de la famosa película; pero todos ayudan al régimen a prolongar su agonía, que puede alargarse “ad infinitum” si no aparece un  “Salvador  con su arpa” y aplica el correctivo necesario.

Sin querer pasar por “aguafiestas”, les tengo una mala noticia a los esperanzados en esa decisión de la Asamblea Nacional:

No podrá haber juicio válido alguno contra Maduro, tutelado por ese supuesto Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, ni suspensión del cargo, ni prisión preventiva porque ese supuesto tribunal no es tal y sus decisiones no tienen validez. Esto ya lo explicamos en anterior comunicación: la Asamblea Nacional en 2017 NO extinguió el TSJ “Chavista” ni constituyó un nuevo TSJ, sólo nombró 13 magistrados principales y 20 suplentes. Estos nuevos magistrados no pueden, aunque quieran, conformar la Sala Plena del TSJ de 32 magistrados;  porque los suplentes no tienen a quien suplir y los principales no llegan a los 17 que necesita el quórum reglamentario para deliberar y decidir válidamente.

Lo más preocupante es que todo esto puede ser una farsa orquestada por los malvados cubanos y sus compinches en el gobierno (Entre ellos la flamante Fiscal), para hacer crecer la esperanza en la población ansiosa de que se acabe la dictadura y luego que no se produzca la salida del régimen, caigamos en la desesperanza, la depresión y que la decepción nos quite de una vez por todas las ganas de seguir oponiéndonos a esta desgracia nacional.

miércoles, 11 de abril de 2018

EL ANTEJUICIO DE MÉRITO Y LAS UVAS DE LA ZORRA

Queridos amigos, la noticia de que el Tribunal Supremo de Justicia en el Exterior ha decidido que hay méritos suficientes para enjuiciar penalmente al presidente, por incurrir en varios delitos de corrupción, tiene muy contentos a los opositores al régimen y muy molestos a los partidarios de éste. Al respecto les tengo una noticia mala y otra buena.

Primero la mala:

Además del Derecho esta decisión tiene que ver con los conceptos de autoridad, justicia, política y poder.

Desde el punto de vista puramente jurídico (Del Derecho), en nuestra condición de abogado, nos preguntamos si esa decisión está ajustada a Derecho y conforme con lo que dispone la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Ambas normas jurídicas vigentes y de obligatoria observancia dentro y fuera del territorio nacional. Igualmente nos preguntamos si  la decisión se tomó por funcionarios investidos de la autoridad legal y constitucionalmente necesaria y suficiente para la realización de ese acto de juzgamiento.

Ambos conceptos están indisolublemente entrelazados. Los magistrados que componen el llamado Tribunal Supremo en el Extranjero o en el Exilio, fueron nombrados por la Asamblea Nacional en número de trece principales  y veinte suplentes. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia está conformada por 32 magistrados principales con sus respectivos suplentes, por mandato de la Constitución.

En condiciones normales estos trece nuevos magistrados remplazarían a los trece magistrados principales que fueron ilegalmente designados en el 2015 por la Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello; pero los otros 19 magistrados del Chavismo conservarían y conservaron sus investiduras y cargos en el Tribunal Supremo de Justicia chavista.

Hay que tener en cuenta que la actual Asamblea Nacional NO abolió el TSJ chavista ni eligió un Nuevo Tribunal Supremo de Justicia, solamente designó 13 de sus 32 magistrados principales.

Por otro lado el quórum necesario para deliberar y tomar decisiones en cada Sala del TSJ es de la mayoría absoluta, es decir la mitad más uno de los magistrados integrantes de cada Sala. La Sala Plena, que es la que tiene atribuida la facultad de enjuiciar al presidente de la República, completa el quórum necesario con 17 magistrados principales o suplentes, según el caso. Los magistrados suplentes llenan las vacantes temporales o absolutas de los magistrados principales ausentes.

Habría que declarar la vacancia por ausencia temporal o absoluta de por lo menos cuatro magistrados principales del TSJ chavista, que pudieran ser suplidos por cuatro de los nuevos magistrados suplentes nombrados por AN en 2017, para que sumados a los 13 principales nuevos magistrados principales conformaran el quórum de 17 magistrados, necesario para deliberar y decidir legalmente, en Sala Plena, sobre si hay o no mérito suficiente para enjuiciar al presidente. Esa declaratoria de supuesta vacancia por ausencia de 4 magistrados principales del TSJ chavista no ha sido declarada por el presidente de la Sala Plena del TSJ chavista.

En consecuencia no hay magistrados ausentes  a quienes  suplir y los nuevos suplentes no podrán incorporarse a ninguna Sala Plena para formar el necesario quórum de 17 magistrados para deliberar y decidir legalmente sobre si hay mérito o no para enjuiciar al presidente  y mucho menos para llevar adelante el propio juicio.

Todo esto sin contar con las demás falencias jurídicas de que adolece, desde su constitución, el llamado Tribunal Supremo en el Extranjero o en el Exilio, que serían tema para otra ocasión.

El artículo 138 de la Constitución dispone que “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

Si como dijimos, la Sala Plena del Tribunal Supremo en el Exilio no puede estar conformada o constituida legalmente, por falta de quórum, estaría usurpando la autoridad, en su función sería ineficaz y sus actos son nulos.

Un acto nulo no produce efecto alguno. Entonces, desde el punto de vista estrictamente jurídico, ese acto, ese fallo dictado por el TSJ en el Exilio, es nulo y sin efecto alguno porque esa Sala Plena no está investida legalmente de la autoridad necesaria para dictar una decisión de esa característica ni de ninguna otra.

Ahora la buena:

Antes dijimos que este caso tiene que ver también con la Justicia, la Política y el Poder. La justicia es el principal valor perseguido por el Derecho. La Constitución Nacional dice que “… el proceso judicial es sólo un medio para alcanzar la justicia”. Así que la justicia es el fin que se procura alcanzar mediante el proceso judicial. Pero resulta que la Justicia se puede procurar y hasta alcanzar también por medio de la Política, como  cuando se asigna un bono de “tantos bolívares” a los adultos mayores sólo por su condición; se dice entonces que se hizo “Justicia Social”. Igualmente se dice que se alcanza la Justicia cuando sin autoridad para ello, sin razón o con ella, por el sólo Poder, se “ajusticia” a alguien.

La política se refiere a lo que “es mejor o más conveniente para el pueblo” en una determinada circunstancia. Se dice que “la Política es el arte de lo posible” y lo posible es lo que se “puede” realizar. Como se aprecia la “Política” muy poco tiene que ver con el Derecho, la Autoridad ni con la Justicia sino que más bien se hermana y se apoya en el “Poder”.

Pues resulta que la persona contra quien se sigue el antejuicio de mérito en este caso es un “Político” que practica la “Política” y ejerce el “Poder”. En consecuencia cualquier persona, grupo de personas o nación propia o extranjera, bajo el amparo de una necesidad política (“Lo más conveniente para el pueblo”), en ejercicio del “poder”, y por el sólo poder, “puede”  aceptar como buena la decisión dictada por el tribunal Supremo de Justicia en el Exilio y hacer “Justicia” en un caso como este.

Esto lo sabe el enjuiciado y seguramente por eso decidió revocar su decisión de asistir a como diera lugar a la Cumbre de Las Américas en Perú, con la consabida resignación de la artera zorra que no pudo alcanzar el suculento  racimo: “de todas maneras esas uvas estaban verdes”.

martes, 27 de marzo de 2018

YA ESTÁ EN GACETA OFICIAL EL DECRETO DE RECONVERSIÓN MONETARIA

El decreto de reconversión monetaria ya está disponible en la Gaceta Oficial N° 41.366A, el mismo señala que a partir de este primero de mayo, "los precios y cantidades deberán expresarse en bolívares y bolívares soberanos", así lo reseña el artículo 1 del decreto con fecha 22 de marzo de 2018.

"A partir del 4 de junio de 2018, se reexpresa la unidad del sistema monetario de la República Bolivariana de Venezuela, en el equivalente a mil bolívares (Bs. 1.000) actuales. El bolívar resultante de esta reconversión, continuará representándose con el símbolo “Bs.”, siendo divisible en cien (100) céntimos. En consecuencia, todo importe expresado en moneda nacional antes de la citada fecha, deberá ser convertido a la nueva unidad, dividiendo entre mil (1.000)”, recoge parte del texto del primer artículo.

La Gaceta engloba 11 artículos y cinco disposiciones transitorias, las cuales tocan todos las aristas del tema que fueron expuestas el pasado jueves 22 de marzo, por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Disposiciones transitorias

La primera disposición transitoria que recoge el artículo es la "desmonetización" de los billetes y monedas emitidos antes de la reconversión, es decir, que desde el 4 de junio no tendrán ningún valor ni podrán ser cambiados.

Una segunda disposición es que : "A partir del 4 de junio de 2018 y hasta que el Banco Central de Venezuela mediante Resolución establezca lo contrario, las obligaciones de pago en moneda nacional deberán indicar que se denominan en la nueva unidad mediante la expresión ‘Bolívares Soberanos’ o el símbolo Bs.S”.

lunes, 26 de marzo de 2018

GOLPE DE ESTADO VS. REBELIÓN LEGÍTIMA

Párrafo citado por Roberto Ruiz Báez en su magnífica obra Redactar para Convencer, sin indicar la autoría del mismo.

A pesar de que la constitución de 1999 consagró el derecho de rebelión popular contra los gobiernos que “violen la constitución o menoscaben los derechos humanos”, se sigue confundiendo rebelión constitucional con golpe de estado.

¿Qué diferencia hay entre golpe de estado, grado máximo de rebelión, y el derecho de rebelión legítima para restaurar la vigencia de la constitución?

Un golpe de estado es una cosa y ejercicio del derecho de rebelión es otra. Un golpe de estado es un acto arbitrario de fuerza ejecutado “porque me da la gana”, porque un grupo no está de acuerdo con el gobierno de turno. Es un acto delictivo contra la Constitución, contra un gobierno legítimo, es decir, en el que se cumplen dos requisitos establecidos en la Constitución: a) Electo por el pueblo conforme a la Constitución y b) cumplidor de la constitución y respetuoso de los derechos humanos.- Los golpistas violan la Constitución y son delincuentes, autores del delito de rebelión tipificado en el código penal.

El derecho de rebelión es todo lo contrario: es el ejercicio de la potestad, consagrada en la Constitución, de desconocer a la autoridad ilegítima, que gobierna contra la Constitución y viola los derechos humanos. El ejercicio del derecho de rebelión está dirigido a restaurar la vigencia de la Constitución. No sólo NO es un delito; según las palabras de la Constitución es “un deber”. Es requisito indispensable para que se justifique el ejercicio del derecho de rebelión, que el gobierno sea ilegítimo. Por tanto, es indispensable sustentar la acción en argumentos irrebatibles que demuestren la ilegitimidad del gobierno”.

Las preguntas pertinentes son:

¿Es este gobierno uno violador de los principios constitucionales, que imponen que el pueblo y sólo el pueblo puede convocar una asamblea constituyente?

¿Es este gobierno respetuoso de la Constitución y los derechos humanos cuando viola el derecho a la vida o a la libertad de cualquiera que ose manifestar su desacuerdo con la acción de gobierno?

¿Es este gobierno respetuoso de los derechos humanos cuando justifica la tortura y tratos crueles e inhumanos si con ello consigue información de los torturados?

¿Es este un gobierno respetuoso de los derechos Humanos mientras no permite la entrada de ayuda humanitaria de alimentos y medicinas para un pueblo que muere de hambre por falta de comida y medicamentos?

Pienso que no estamos ejerciendo nuestro derecho constitucional y no estamos cumpliendo nuestro deber ciudadano y constitucional.

REMOZAMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA

Párrafo citado por Roberto Ruiz Báez en su magnífica obra Redactar para Convencer, extraído de El Laberinto de Chávez; Grijalbo de Venezuela, S.A., Caracas 2002. P. 19; escrito por Leonardo Carbajal.

“Al menos desde finales de los años ochenta, cada vez mayor cantidad de venezolanos coincidimos en que la democracia venezolana necesita un profundo remozamiento. Muchos estamos conscientes de que es necesario desarrollar nuevos mecanismos de participación de la ciudadanía en la gestión pública; se necesita renovar los partidos políticos, muchos de los cuales han devenido en simples maquinarias clientelares; hace falta renovar el Estado para hacerlo más eficiente; el modelo económico y las pautas culturales asociadas a él requieren cambios drásticos para incrementar de manera sostenida el empleo productivo y la capacidad de competir internacionalmente; los patrones de distribución del ingreso deben ser rectificados pues cada vez se han hecho más inequitativos; es imperativo transformar a la educación formal para hacerla más eficiente y para incrementar su calidad”.

Roberto Ruiz Báez cita este párrafo escrito en 2002 como ejemplo de correcta redacción, pero su actualidad y correspondencia con la situación política, económica y social de la Venezuela de hoy me impulsaron a publicarlo.

Me parece ver aquí las líneas maestras de un excelente, necesario y urgente plan para rescatar a Venezuela de las profundidades del infierno donde la han llevado estos veinte años de desmogracia.

EL ABOGADO Y LOS PRINCIPIOS MORALES DE SU PROFESIÓN

Párrafo citado por Roberto Ruiz Báez en su magnífica obra Redactar para Convencer, extraído de Lecciones de Filosofía del Derecho. Tercera Edición, revisada. Editorial Ius, México, 1960. Escrito por Rafael Preciado Hernández.

“Todas las profesiones liberales tienen que ver con la moral desde el momento en que toda actividad humana está regida por principios morales. No basta que el ingeniero conozca a fondo su ciencia y la sepa aplicar en los casos concretos que se le plantean, ya se trate de la construcción de una carretera, de un puente o de una casa; se requiere, además, que proceda con honradez al ejecutar sus obras, que sea leal a sus clientes y no los explote traicionando la confianza que han depositado en él. Otro tanto cabe decir del médico, de quien se exige que tenga ciencia y conciencia, así como verdadero espíritu de caridad para sus pacientes. Pero en el abogado, aparte de que su profesión debe ejercerla con honradez y lealtad, el conocimiento de su disciplina no es completo, si no relaciona el derecho con la moral. La palabra misma “derecho” implica la idea de rectitud y este principio no se explica satisfactoriamente si no se relaciona con los principios racionales de la conducta humana, con los principios éticos. No basta ni interesa fundamentalmente la solución legal de un caso, sino la solución justa; y es claro que quien se satisface con la primera, frecuentemente ni siquiera acierta con el verdadero punto legal. En Cambio, quien trata de que la solución legal coincida con la solución justa, insistiendo y prolongando el estudio del asunto, casi siempre alcanza el objetivo propuesto y, de paso, descubre que el primer punto de vista legal considerado, ni siquiera representaba una estricta solución legal”.

Párrafo continente de aleccionadora opinión sobre la necesaria ética que debe observar el abogado en particular, en ejercicio de su profesión, respecto de la relación con su cliente.

EL HOMBRE MISERABLE

Citado por Roberto Ruiz Báez en su magnífica obra Redactar para Convencer, como ejemplo de definiciones negativas.

“Ahorrar es el camino para progresar; y el miserable es el hombre que no progresa. En su sentido integral progresar significa lograr el máximo en cada cosa; y el miserable no logra nada de nada. El miserable es el hombre quien en el proceso, desde la semilla hasta la cosecha, se detiene en el estadio intermedio del dinero. No cultiva cosas para alimentar a la humanidad; ni para alimentar a un hombre; ni siquiera para alimentarse a sí mismo. El miserable es el hombre que muere de hambre y por quien morirían de hambre todos los demás, es una especie de adoración del bienestar en su forma muerta, a diferencia del bienestar en su forma viva.”