CONSTITUYENTE CHRISTIAN VIERA: RÉGIMEN PARLAMENTARIO
SERÍA MÁS FIEL AL MANDATO DE SOBERANÍA POPULAR
Chile, 20 junio de 2021
Por Gianluca Parrini C.
“El curicano, doctor en
derecho y electo convencional independiente por la Lista del Apruebo en el
distrito 17, expone sus ideas a Bío Bío: apoya un plebiscito intermedio, pero
con una efectiva participación de “metodologías de participación en el
territorio”; considera “irrelevante” la discusión de los dos tercios; y plantea
un futuro Chile bajo un régimen parlamentario, unicameral, “al modo como son
los regímenes políticos en Europa”.
“Ha vivido en Santiago,
hoy vive en Viña del Mar, vivió por tres años en Bilbao, España, pero al final
del día, si le preguntan, dice: “Soy de Curicó: Ahí está mi familia, está
enterrado mi padre, es el lugar de mis afectos y mis mejores amigos”, cuenta el
convencional electo por el distrito 17, Christian Viera, abogado y doctor en
derecho de la Universidad de Deusto, País Vasco, España.
A pesar de que le gustaba
la política, no se involucraba: la veía desde su oficio de académico. Cuenta
que hace años que estudia “el problema constitucional chileno”. Sin embargo,
desde el Estallido de octubre de 2019 obtuvo más visibilidad, debido a su
participación en cabildos, conversatorios y seminarios.
Asegura que no pensaba ser
candidato, pero el alcalde de Curicó, Javier Muñoz (DC), le planteó el desafío.
Luego de conversar con su familia y amigos, en diciembre aceptó, por un
“compromiso republicano”: “Tenía mis aprensiones: no tenía experiencia en
política contingente, no sé de campañas -salvo la del centro de alumnos de mi
colegio, que perdí- y el costo para mi familia”. Terminó siendo electo en el
distrito 17 con 9.164 votos, la primera mayoría de su lista.
Hoy corre entre reuniones
con su pacto, la Lista del Apruebo, y participaciones en medios. Sin embargo,
se hizo un espacio para conversar en esta ajetreada agenda con La Radio. Habló
de representatividad, el reglamento de la Convención y algunos aspectos
técnicos.
Dueño de un tono
distendido, pero muy serio a la vez, detalló en esta entrevista parte de lo que
quiere dejar en la próxima constitución.
– Sobre la
representatividad, desde su perspectiva, ¿Cómo se soluciona? Hay miradas que
indican que deberían existir plebiscitos intermedios, pero en el proceso
constituyente de otros países en Latinoamérica se hicieron comisiones de
participación. ¿Cómo se podría resolver esto de mejor manera?
Hay
dos cuestiones que yo he sostenido desde la campaña con motivo de este proceso
constituyente. Lo primero, es que si no hubiese sido por la potente
movilización social, nada de lo que hoy día estamos ad portas de comenzar a
vivir hubiera sido posible. Este proceso lo instala la ciudadanía, ¿no? Este es
un proceso que no surge de arriba hacia abajo: surge de abajo hacia arriba. Por
lo tanto, para la legitimidad del proceso mismo, es fundamental que existan
mecanismos de participación de parte de la ciudadanía. Esto no puede terminar
encerrado en los 155 que estamos deliberando como si fuera el Congreso
Nacional. No, tienen que haber mecanismos de participación.
Ahí el primer problema: si
tú miras el presupuesto del funcionamiento de la Convención Constitucional, es
un presupuesto que cuenta con exiguos recursos para la participación. Lo que te
voy a decir puede sonar una brutalidad de plata, pero tiene 500 millones de
pesos para participación. Imagínate, para los 155. Con esa cantidad de recursos
queda todo entregado a la buena voluntad o al voluntarismo de los
constituyentes. Y yo creo que eso no puede ser, para generar participación hay
que hacer procesos serios de participación, metodologías serias de
participación. Llevar la participación de los constituyentes a los territorios,
y para eso se requieren recursos. Entonces, el primer problema es que la
Convención no cuenta con presupuesto efectivo para generar mecanismos de
participación. Eso es lo primero.
Esos 500 millones son lo
que está contemplado en la Ley de Presupuesto del año pasado para
participación. En la glosa se llama “participación”. La otra partida que es de
asignaciones es para, no sé poh, imagínate, los constituyentes se van a tener
que ir a vivir a Santiago. No todos viven en Santiago, como es mi caso, que
vivo en Viña del Mar. Como las sesiones son largas, hay que contratar un
asesor, una asesora, hay que vivir en algún lugar donde uno va a dormir, hay
que alimentarse, viajar al distrito. Eso se llama “asignaciones”. En ese ítem,
el presupuesto asignado más o menos a cada constituyente es equivalente a un
millón y medio de pesos mensual para todo eso: para asesores, trasladarse,
vivir, comer, trabajo del distrito, etcétera. Ese también es un presupuesto
bastante exiguo si lo comparas con el de los diputados, que creo que es en
torno a 18 millones de pesos; también está bien limitado en ese sentido. No toda
la gente, mis compañeros y compañeros constituyentes, tienen formación
especializada, ¿no? Tienen que contar con gente que las ayude en términos
técnicos. Bueno, también el presupuesto para eso es bastante exiguo. Entonces
tenemos el problema de que hay una dificultad presupuestaria.
Pero lo segundo, los
mecanismos de participación, yo esperaría que fueran, no sé, al modo de generar
cabildos territoriales. Para escuchar, porque aquí es muy relevante escuchar a
la gente. Porque este proceso surge motivado por la ciudadanía. Entonces hay
que generar metodologías de participación en el territorio.
Y respecto a lo que tú
planteas sobre los plebiscitos, yo en algún momento también salí a defender esa
idea. Esa idea de plebiscitos intermedios, ¿cuándo podría ser razonable? Cuando
hay alguna materia que está entrampada en la discusión en la Convención, yo no
encuentro que sea descabellado que frente a algunas materias pueda existir un
momento para juntar varias de esas materias y consultarle a la ciudadanía el
parecer sobre aquellas, ¿no? Eso se llama plebiscitos intermedios. No se puede
hacer a cada rato, por cierto. Habría que juntar varias de esas materias donde
podría estar entrampada la discusión, y hacer uno, un plebiscito intermedio,
para destrabar la discusión.
¿Y cuál sería un escenario
entrampado, según usted?
Bueno,
pueden ser muchos. Por decir algo: el régimen de gobierno. Que es algo que
tenemos que discutir, parece que el presidencialismo es un régimen que está
dando muchas dificultades, -lo hemos visto en esta crisis política- y han
existido propuestas. Las propuestas que rondan son mantener el
presidencialismo, o transitar hacia un régimen semipresidencial o derechamente
al parlamentarismo. Imagínate, estamos discutiendo, no llegamos a acuerdo, está
muy compleja la discusión para llegar a los famosos dos tercios, preguntémosle
a la ciudadanía qué es lo que opina. ¿Cuál será el mejor? Uno, entre varios
temas. Otro podría ser el tipo de régimen legislativo, de sistema legislativo:
¿unicameral o bicameral? O la forma del estado: ¿unitario? ¿Estado regional? El
rol del Tribunal Constitucional, qué pasa con los derechos sociales, ¿el agua?
Hay muchos temas en los que efectivamente tenemos legítimas diferencias, y
puede que se entrampe la discusión. Y si se entrampa, creo que un buen
mecanismo sería consultarle a la ciudadanía para destrabar los conflictos.
– Con “destrabar” se
refiere a cuando no se alcance el quórum de los dos tercios, pero sigue siendo
tema de debate en el pleno.
Exactamente.
Eso, en todo caso, lo tendría que considerar el reglamento de la Convención. O
sea, si vamos a considerar esta posibilidad de plebiscitos intermedios, el
plebiscito debería estar considerado en el reglamento de la Convención.
– Claro, pero no cada vez
que haya un conflicto, plebiscitarlo.
No,
claro. No me imagino eso. Es que sería muy ineficiente, y además saldría muy
caro, poh.
– Y duraría tres años.
Claro,
o sea, yo no me imagino que cada vez hagamos un plebiscito. ¿Cómo ocurre en
otros lados? En Suiza, si usted ve los plebiscitos que hacen los suizos a nivel
territorial, lo hacen una vez al año, sobre todo en cuestiones locales, y hacen
una serie de consultas, y ahí la ciudadanía se pronuncia. Pero solo cuando hay
conflictos importantes, porque en una de esas la conversación también fluye. Y
si fluye y se llega fácilmente a acuerdos, no es necesario. Pero que exista
como posibilidad. Eso es lo relevante.
– Y además del plebiscito
intermedio, al que usted no se cierra, ¿ve alguna otra forma de participación?
No
sé si el nombre es correcto, pero que los constituyentes tengan presencia
territorial para escuchar a los ciudadanos y las ciudadanas. Yo creo que hay un
buen ejercicio que se hizo durante el proceso constituyente que llevó adelante
la presidenta Michelle Bachelet, con estos que se llamaban “Encuentros Locales
Autoconvocados”. Yo creo que esa es una metodología que creo que fue el
trabajo, el fruto final a mi no me satisfizo, pero esa metodología de los
cabildos, que se llamaban ELA, creo que hubo un buen mecanismo de participación
que podríamos tener los constituyentes y las constituyentes con los ciudadanos
de nuestros distritos.
– Y sobre el reglamento,
¿está de acuerdo con los dos tercios?
Es
una buena pregunta, ha sido polémica durante estos días. Creo que los dos
tercios, en general, ya eran bien irrelevantes desde el acuerdo mismo. Yo creo
que ahí nos estamos confundiendo en la discusión. Por qué era irrelevante,
porque la forma en que íbamos a construir la constitución es a partir de una
hoja en blanco. Yo creo que se hizo una muy mala lectura en el entendido de
conquistar un tercio para entrampar la discusión. Hay un video sobre eso de un conocido
exparlamentario que se viralizó. Y por qué es una mala lectura: tú tienes un
tercio, vale. ¿Puedes entrampar la discusión? Sí, la puede entrampar. Pero tu
rival político también puede entrampar la discusión. Y ahí empatamos. Entonces
siempre he hecho esa lectura, la de los dos tercios más bien mirando desde la
perspectiva del vaso medio lleno. Los dos tercios lo que hacen es generar
amplios acuerdos políticos, porque las constituciones tienen vocación de
estabilidad. No son contingentes, como pueden ser las leyes.
Entonces esa regla, la de
los dos tercios, a mi me pareció una buena regla, porque iba a favorecer la
conversación y amplios acuerdos. Con la actual composición de la Convención
ahora, más encima, se torna irrelevante. ¿Y por qué se torna irrelevante?
Porque ninguna fuerza ni siquiera tiene poder de veto. Entonces estamos
obligados a conversar hasta que lleguemos a un acuerdo. La derecha o cualquier
fuerza política no tiene poder de veto. Todas las fuerzas estamos representadas
sin poder de veto. Estamos obligados a conversar para llegar a ciertos
acuerdos.
Ojo: esta es una discusión
genuinamente política. Si, por decir, “la derecha tiene buenas ideas”, y esas
ideas hacen sentido en la gran mayoría de la Convención, bueno, quedará en la
constitución, poh. En ese sentido no esperaría que la constitución fuera una
revancha al actual texto. Eso no es entender lo que es una constitución. Una
constitución es una estructura política para convivir. Y aunque hoy en día la
derecha puede tener una representación minoritaria, también hay un importante
sector de la ciudadanía que se ve representados por ciertas ideas. Por lo
tanto, esto no puede ser una revancha a la Constitución de la dictadura, que
fue lo que hizo la Constitución precisamente en la dictadura: la Constitución
de la dictadura es una reacción histórico-política a toda la tradición
constitucional previa a ese período.
– Y esta forma en que
usted piensa, ¿toca en temas comunes con su lista? Por ejemplo, el plebiscito
intermedio. ¿Es algo en común?
Esto
es discutible, pero yo con un grupo de compañeros planteé en una carta a El
Mercurio en su momento, polemizando con la opinión -legítima, por lo demás- que
tenía un par de candidatos de la lista, Felipe Harboe y Jorge Correa Sutil.
Ellos decían que eso no formaba parte del Acuerdo ni de la reforma a la
constitución, y junto a otro grupo de colegas, algunos que formaban parte
también de la Lista del Apruebo, salimos a decir “eso sí puede ser considerado,
no está dentro de las reglas que quedaron establecidas en el Acuerdo político”.
Entre los firmantes había tres firmantes de la lista, que eran Catalina Lagos y
Rodrigo Poblete, que lamentablemente no fueron electos. Y también con otros
compañeros constitucionalistas de la lista de Apruebo Dignidad. Es un tema que
no estuvo cerrado por la reforma a la Constitución.
– En otro tema, si se
llega a aprobar la nueva constitución, habrá una brecha entre la Constitución
de 1980 y la del 2022. ¿Qué habría allí desde el punto de vista técnico? ¿Cómo
se soluciona?
Lo
que va a ocurrir, hay una técnica para enfrentarse a ese problema. Lo que va a
ocurrir es que vamos a tener una constitución nueva, y puede ser que muchas
leyes que hoy están vigentes puedan ser contrarias a esa nueva constitución.
¿Qué pasa con esas leyes? Bueno, hay una técnica. Esa técnica se llaman
disposiciones transitorias. Porque claro, muchas de esas leyes no se van a
poder cambiar de un día para otro. No pueden quedar derogadas de facto, porque
queda la escoba. Esa técnica se llama disposiciones transitorias. Es una suerte
de período de vacancia en virtud de la cual hay un período de transitoriedad
para que, o las leyes se deroguen, o las leyes se ajusten. Porque eso va a
ocurrir. Entonces, efectivamente, la misma constitución va a establecer, -me
imagino, porque esa técnica ocurre en todos los lugares del mundo-, mecanismos
para que se produzca este ajuste entre lo que va a ocurrir frente a las leyes
que van a quedar desfasadas.
– ¿Por qué no puede
terminar la Constitución de 1980 un día y comenzar al día siguiente la nueva?
A
ver, partiendo de la base que en el plebiscito de salida se produce una
aprobación del nuevo texto. La nueva constitución empieza a regir desde ese
momento, pero la Constitución, ¿qué es lo que tiene? El contenido de la constitución
es de normas permanentes y normas transitorias. Las normas transitorias también
forman parte de la nueva constitución. No es que no vaya a regir: la nueva
constitución comienza a regir desde su promulgación, solo que el contenido de
esa constitución establece que precisamente va a haber un período de
transitoriedad.
A
ver si me explico con un ejemplo: el año 1925 se produce la separación entre la
Iglesia y el Estado. Se produce mediante la consagración de la libertad de
conciencia, súper amplia. Pero imagínese, se iba a separar la Iglesia del
Estado, una tradición que tenía mas de 100 años. Pero, ¿qué es lo que
establecieron las disposiciones transitorias? Como esto iba a tener un costo
económico para la Iglesia también, porque el Estado financiaba las iglesias:
disposición transitoria. La segunda decía, “bueno, durante cinco años el Estado
de Chile va a financiar al Arzobispado de Santiago con -por decir- cinco
millones de pesos. ¿Bien? Se produce la separación del Estado, y tú me dices,
“¡pero ¡cómo, estamos financiando todavía a la Iglesia!”. Bueno, porque hay que
tener un período de ajuste. Y esa norma formaba parte de la Constitución.
– ¿Y qué autoridad velaría
por la constitución?
Las
normas transitorias las dicta la propia Constituyente. Pero la Constituyente yo
esperaría que al término de su cometido, se disuelva. Entonces, ¿quién va a
velar por el cumplimiento, el control de la constitucionalidad de la ley, que
hoy día recae en el Tribunal Constitucional? Bueno, encargados del control de la
constitucionalidad de la ley va a haber muchos órganos: estará la Contraloría
General de la República, estará también el control político que realice el
futuro Congreso Nacional, pero también el órgano encargado de la
constitucionalidad, que, o será un órgano especial, vaya uno a saber, o el
actual Tribunal Constitucional, o si es la Corte Suprema, bueno, será la Corte
Suprema. Pero también los mismos tribunales ordinarios de justicia realizan lo
que se llama un “control difuso de la constitucionalidad”. O sea, hay muchos
órganos que van a realizar el control y el ajuste de la ley y de todo
reglamento en conformidad de la nueva constitución. Hay mecanismos
institucionales.
– ¿Qué cree usted que
suceda antes del plebiscito de salida? Tiene que circular un borrador entre la
ciudadanía, desde luego, para saber qué se está aprobando o rechazando. ¿Es una
problemática, no?
Efectivamente,
será el pueblo de Chile el que aprueba o rechaza una nueva constitución. Esta
es una interpretación personal; por lo tanto, también, tómela con el beneficio
de la duda: si el proyecto de nueva constitución responde a la expectativa del
pueblo de Chile, que se manifiesta en esta rica y diversa composición,
deberíamos tener un proyecto que debería ser aprobado. Tengo la impresión de que
quienes fuimos votamos en el plebiscito de entrada y en la elección de los
convencionales, tenemos un compromiso con un proyecto de transformación, sobre
todo del modelo de desarrollo para nuestra convivencia. La constitución debería
ser tributaria de esa esperanza del pueblo de Chile, diría yo.
– ¿Por qué régimen de
gobierno se inclina?
Lo
que yo establecí en mi programa y lo que yo he señalado, creo que de los
regímenes de gobierno a mi el que más sentido me hace, pero requiere ajustes
legales en todo caso, es un régimen parlamentario. Al modo como son los
regímenes políticos en Europa.
– Hay una inclinación
mayoritaria entre los constituyentes por un régimen semipresidencial.
No
sé por qué la gran mayoría se inclina por un régimen semipresidencial. Mire,
aquí en América nosotros somos presidencialistas, América, Estados Unidos para
abajo; y Europa es parlamentario, y Asia también. ¿Por qué sonó tanto el
régimen semipresidencial? Porque parece ser una fórmula intermedia entre un
presidencialismo tan radical como el que hemos conocido acá en América Latina,
y el régimen parlamentario. Pero si usted mira las experiencias del régimen
presidencial, el único más o menos exitoso es el francés. En Perú no ha
funcionado bien. Yo creo que se inclinan porque nos damos cuenta que el régimen
presidencial ya no puede ser entendido como lo hemos entendido hasta ahora;
pero, como es tan lejano a nuestras tradiciones históricas el régimen
parlamentario, creemos ver que la fórmula intermedia es donde hay un
equilibrio.
Yo
creo que si miramos la experiencia en Europa, un régimen parlamentario
garantiza principalmente estabilidad política, y es mucho más flexible en
términos estructurales frente a las crisis políticas. Pero, ¿qué es lo que
requiere? Un modelo de partidos políticos que tiene que ser más robusto, y ahí
hay un problema en Chile, ¿no?
¿Qué ventajas tiene un
régimen parlamentario?
Muchas,
muchas. De partida, cuando hay crisis políticas de envergadura, como la
nuestra, la que estamos viviendo hoy, nosotros tenemos una crisis que se
inaugura el 18 de octubre y no hemos podido salir de ella, y no hay fusibles
para poder provocar soluciones a esta crisis. Si usted mira los regímenes
parlamentarios, una crisis como la que hemos vivido se hubiera resuelto en un
segundo con ciertos mecanismos que están en la constitución, que se llaman
“moción de censura” y “disolución del parlamento”. Y eso lo hemos visto a cada
rato en Europa, no sé si usted recuerda el caso de Mariano Rajoy, con la
condena del Partido Popular por corrupción; o la crisis provocada por el
Brexit, en que Boris Johnson disuelve la cámara de diputados, convoca a
elecciones, bueno, y él obtiene una mayoría. Y no pasó nada. Siguieron las
instituciones funcionando, ¿no? Lo primero es la flexibilidad sistémica frente
a las crisis políticas.
Lo segundo tiene que ver
también con que no es que gobierne el parlamento, no, gobierna el ejecutivo.
Pero el ejecutivo tiene legitimidad democrática, cosa que en Chile no ocurre,
salvo con el Presidente de la República. El ejecutivo, en un régimen presidencial,
no tiene legitimidad democrática. El gabinete, los ministros, son funcionarios
de exclusiva confianza del presidente. Si usted mira el gabinete de un régimen
parlamentario, tiene legitimidad democrática porque los ministros salen desde
el parlamento, que fueron elegidos por los ciudadanos. O sea, segundo: la
legitimidad democrática del gobierno, podríamos decir.
Tercero: una cuestión más
técnica, se llama la accountability: por ejemplo, en un régimen presidencial,
¿cuántas veces va el Presidente de la República a darle cuentas al Congreso de
sus actos? ¡Una vez al año! Si usted va a un régimen parlamentario, el congreso
está permanentemente vigilando y pidiéndole cuentas al gobierno sobre la
justificación de sus actos. Hay algo que nosotros importamos del régimen
parlamentario, que se llama la interpelación, pero ahí va el ministro, y se ha
transformado en una chacota. Eso que yo le digo, que se llama la
accountability, rendir cuentas, es el presidente del gobierno el que tiene que
ir, cada quince días o como mucho una vez al mes, a dar cuentas al congreso de
cómo va el gobierno. ¿Cómo no va a ser mucho más interesante un régimen
parlamentario con esas características? Tiene muchas más, pero le doy esas
tres.
– Es un modelo que fuerza
al poder ejecutivo a rendir y cumplir más.
Exactamente,
exige al ejecutivo a hacerse cargo del programa prometido. En términos
democráticos es mucho más fiel al mandato de la soberanía popular. Pero claro,
está lejano a nuestra tradición. Yo le digo: a mi me enamoró el régimen
parlamentario cuando hice mi doctorado en el País Vasco, en el norte de España.
Yo conocí, y le digo, todos los días lunes veía como el presidente del Gobierno
tenía que estar ahí dando cuentas al Congreso de los Diputados sobre las
actuaciones del Gobierno.
– Y, ¿unicameral o
bicameral?
Si
me pregunta a mi, aunque estoy abierto a la discusión, me inclino por un
congreso unicameral. Las razones que justifican el bicameralismo, que yo
identifico principalmente tres, una es una vieja razón de Montesquieu, que hay
dos cámaras, una cámara política y otra representativa, no se cumple en Chile,
porque las dos cámaras son políticas. Uno podría decir, “el bicameralismo
funciona bien en los estados federales”: bueno, Chile es un estado unitario. Y
lo tercero, la calidad de la deliberación con dos cámaras: yo la verdad creo
que no mejora la deliberación, son muy contados proyectos. Porque lo que se
discute en la cámara es más o menos lo mismo que se discute y son pocas las
posibilidades de cambio sustantivo entre una y otra. Por lo tanto, si son esas
tres grandes razones las que justifican el bicameralismo, no se cumple ninguna.
Por esta razón más bien me inclino por un régimen unicameral que también es muy
propio de los regímenes parlamentarios. La otra cámara está reducida muy
ostensiblemente en cuanto a sus competencias. En Inglaterra se llama la Cámara
de los Lores, en España se llama el Senado.
– Este es un tema de
debate, los debates y discusiones secretas en la Convención Constituyente.
No,
yo creo, de nuevo, volvemos a la primera pregunta. Si este proceso es movido
por la ciudadanía producto de la movilización potente de los ciudadanos, esto
tiene que hacerse de cara a la ciudadanía. Yo defenderé que no exista ni
reserva, ni secreto para las sesiones de pleno y para las sesiones de comisión
y de trabajo de la Convención. Transparente total.
– Hay abogados
constitucionalistas que piensan lo opuesto. Que es necesario que hayan
instancias con debate secreto.
Sí,
y yo he polemizado con ellos. En un seminario que me invitaron en diciembre
pasado, aún no era ni candidato, era un seminario organizado por la Universidad
de Chile, Católica y de Valparaíso, y yo precisamente lo que hice fue defender
la publicidad total de las sesiones. No es algo que venga defendiendo ahora.
Entiendo que hay algunos colegas que puedan estar en contra, por recelo, por lo
delicado, temas de defensa nacional. No, todo abierto. Como el Congreso. No hay
buenas razones para justificar el secreto a la reserva. Y al final todo se
sabe. Y por lo mismo, también, que se nos aplique íntegramente la Ley del
Lobby. O sea, si nosotros vamos a estar recibiendo gente, ningún problema. Hay
que escuchar a muchas voces. Pero que todo quede registrado, poh. Como se le
aplica a todas las autoridades de la República.”
Tomado de diario
BIOBIO.cl
