ALBERTO ARTEAGA SÁNCHEZ: “CARLOS ANDRÉS PÉREZ SE BUSCÓ SU PROPIO VERDUGO”
ALBERTO
ARTEAGA SÁNCHEZ: “CARLOS ANDRÉS PÉREZ SE BUSCÓ SU PROPIO VERDUGO”
Venezuela, 20 de mayo 2023
Por OLGALINDA PIMENTEL R.
Publica en esta página Abg. Rafael Medina Villalonga
“Alguna ‘mente jurídica’ pensó que se hiciera
todo el proceso hasta la suspensión de su cargo (21 de mayo 1993) y a los tres
meses declarar su vacante absoluta. Todo esto fue un verdadero golpe judicial”.
“A 30 años de la sentencia de antejuicio de la
Corte Suprema de Justicia dictada por primera vez contra un presidente de la
República, el penalista Alberto Arteaga Sánchez, defensor principal de Carlos
Andrés Pérez en el juicio por el caso de la partida secreta, recuerda el
proceso penal de tres años como una “auténtica y burda farsa”. “Sirvió solo
para sacarlo del poder”. Un caso inédito de “invasión de la justicia” -que no
de injerencia del Ejecutivo- que los venezolanos nunca más volvieron a ver.”.
El 20 de mayo de 1993, el
presidente Carlos Andrés Pérez fue informado, en Miraflores,
de que la Corte Suprema de Justicia, con mayoría de los 15 magistrados, había
acordado enjuiciarlo. Faltaban seis meses para culminar su mandato. Se mostró
inalterable, porque ya estaba preparado, dicen allegados. “Confieso que hubiera
preferido otra muerte”, dijo públicamente.
Una acusación que
el fiscal general Ramón Escovar Salom presentó el 11 de marzo, sobre presuntas
irregularidades en la rectificación presupuestaria de 250 millones de bolívares
de la partida reservada o secreta del Ministerio de Relaciones Interiores (MRI)
convertidos en 17.241.379,31 dólares a la tasa de cambio de 14,50 bolívares,
fue el fundamento judicial para determinar, en apenas dos meses, que el presidente,
junto a dos de sus ministros y dos funcionarios, incurrió en malversación y
peculado, previstos en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
(1982), derogada en la actualidad.
Pérez no conoció
con antelación la decisión de antejuicio, aunque era pública en los corrillos
judiciales, ni tampoco la Corte le notificó oficialmente la acusación, se
asegura. Aunque cueste creerlo.
Pero esa primera
sentencia de la Corte en pleno, de la que se cumplen 30 años, sirvió para sacar
del poder, en apenas tres meses, al presidente más polémico de los años
democráticos, electo por segunda vez en 1988 con una votación récord de
3.868.843 sufragios, y superviviente de dos intentonas golpistas (1992) y del
Caracazo (1989)
Alberto
Arteaga Sánchez, su principal defensor y vocero del equipo de abogados de los
cinco implicados, no ve hoy con suspicacia que la Corte, en tiempos de severo
retardo procesal, haya escogido el mes de mayo de cada año para dictar con
celeridad sus fallos, durante los cuatro que duró el juicio. En cambio, afirma
que, en sus más de 50 años de abogado penalista -ocho de ellos como decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (1983-1987 y
1987-1990)- no conoce ningún otro proceso judicial más “aberrado”, en el alto
tribunal. Y no porque se trate de la partida secreta, una opaca porción del
presupuesto anual reservado para la política de seguridad y defensa nacional de
los gobiernos de la época.
“Fue una
auténtica y burda farsa, una invasión de la justicia”, señala, que funcionó
además para sellar la reputación de Pérez como el más vil corrupto, a pesar de
que la propia Corte, tres años más tarde, descartó que se hubiese enriquecido.
“Imagínese que hoy desparecen más de 3.000 millones de dólares”.
Con base en
dudosos indicios y en tres meses, Pérez fue suspendido del ejercicio
presidencial y defenestrado por el Congreso, sin sentencia definitiva. Además,
en tres años, terminó encarcelado; expulsado de su partido Acción Democrática
(AD); condenado a “resarcir el daño al patrimonio público” con 603 mil dólares
que se negó a pagar a la Corte Suprema; y su liderazgo borrado del escenario
político nacional e internacional.
Arteaga está
convencido de que si el presidente Carlos Andrés Pérez (1922- 2010) no
hubiese estado tan dispuesto, como lo estuvo, a iniciar rectificaciones y
cambios para atender los reclamos del país, incluso en la Corte Suprema, nada
de eso le hubiese ocurrido.
“Pérez se buscó
su propio verdugo”.
Con ojo jurídico
- ¿Carlos Andrés Pérez no fue corrupto?
-Fue un hombre
dado y entregado a la política, eso era lo que llenaba su vida, a tiempo
completo, cuando lo conocí el 21 de mayo de 1993, un día después de declararse
el antejuicio; sus ambiciones no eran de dinero. Mi conocimiento de Pérez fue
la de un hombre en esa circunstancia. Pérez, con sus ministros Alejandro
Izaguirre y Reinaldo Figueredo, y los funcionarios Carlos Vera, del MRI; y
Oscar Barreto, del Banco Central de Venezuela (BCV), no fueron investigados,
juzgados y condenados por hechos acreditados como delitos, ni demostradas
plenamente su culpabilidad. Fueron, sencillamente, ajusticiados.
- ¿Dónde comienza la burda farsa?
-La farsa comenzó
con la denuncia pública de José Vicente Rangel, el 8 noviembre de 1992. Esta
dio lugar a las investigaciones del Congreso 10 días después. El fiscal Escovar
Salom, que había sido apoyado por Pérez para asumir ese despacho, recogió la
denuncia y la concretó en la solicitud de antejuicio que llevó a la Corte, el
11 de marzo de 1993. Aparecieron ‘Los Notables’ y una corriente de opinión que
Jesús Petit Da Costa, entonces Procurador del segundo gobierno de Rafael
Caldera, llamó “el clamor de la muchedumbre”. En un artículo refirió que “el
pueblo entero ha bajado el pulgar”.
- ¿En qué consistió?
-Para cumplir una
formalidad, se hizo sobre la base de una rectificación presupuestaria llevada a
cabo en forma absolutamente legal el 22 de febrero de 1989, por 250 millones de
la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores. Se hizo con errores
admitidos y corregidos en la tramitación ante el Banco Central de Venezuela.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario