Chile, 29 octubre de 2019
“En principio, es importante definir qué engloba este
término.”
“Una
asamblea constituyente o asamblea nacional constituyente, es un órgano
colegiado conformado por un grupo de ciudadanos y ciudadanas electos por
sufragio popular para discutir y diseñar exclusivamente un nuevo texto y orden
constitucional”.
Se trata de
un texto del informe del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) que en 2013 elaboró el diagnóstico de los desafíos que
enfrentaba Chile, con una constitución hecha a la medida del militarismo, pero
que pronto empezó a quedarle demasiado ajustada a la población tras el fin de
la dictadura.
Al ser creada
en 1980, el organismo mundial advertía hace 6 años atrás, que las dificultades
socioeconómicas chilenas iban en franco crecimiento, como la actividad
económica, pero con una distribución no equitativa.
“Esta
Constitución ha sido objeto de constante debate y cuestionamiento desde el
momento en que fuera aprobada en 1980 por un plebiscito organizado por el
régimen militar. Por otra parte, e independientemente de su legitimidad de
origen, diversos actores políticos y sociales concuerdan que la actual carta
fundamental ya no proporciona un marco normativo adecuado para los desafíos
sociales, económicos y políticos que enfrenta la sociedad chilena hoy”
Parece un
texto futurista, advirtiendo a un Estado, que hoy se ha visto inmerso en una
profunda crisis desde el pasado 18 de octubre.
Quienes participan en procesos constituyentes y vigencia
de una AC
Los
procesos constituyentes tienen dos vías principales:
1- Vía
poder legislativo, que es el que elabora el nuevo texto constitucional y lo
aprueba. Pueden participar los parlamentarios en su totalidad (Brasil 1988, El
Salvador 1992, Corea 1987) o conformarse una comisión especial de
parlamentarios abocada a su redacción. Los países que lo han hecho bajo este
último procedimiento, son: Bolivia en 1994, Nicaragua 1995, Angola 2010,
Croacia 2000, Grecia 1975, Polonia 1997, República Checa 1993.
2- Vía
Asamblea Constituyente, con ciudadanos representativos de toda la población,
electos por sufragio popular y que son los que elaboran el nuevo texto de la
constitución. “En el último tiempo, la tendencia ha sido que los textos
constitucionales decididos y aprobados por asambleas constituyentes han sido
ratificados por la ciudadanía a través de un referéndum”.
Es el
camino más largo, según lo plantea el texto de Naciones Unidas, porque
previamente se necesita una consulta para decidir quiénes son sus integrantes
y, más tarde, otro para aprobar el texto. Sin embargo, el proceso tiene el aval
de la población, en tiempos de cambio.
Una vez que
hayan elaborado su trabajo y la constitución entre en vigencia, previa
aprobación, su elección queda sin efecto y a cargo del poder legislativo
constituido en la última elección.
Siempre
existe la posibilidad, si la sociedad está preparada para esto, que intervenga
en el proceso una “Comisión de Notables” que se encargue del proceso
constituyente, es decir, abogados u otros profesionales expertos en derecho
constitucional o ciencias sociales, incluso representantes de poderes del
Estado.
¿Cómo se gesta un nuevo texto constitucional vía AC?
Uno de los
caminos planteados para llegar a un producto constitucional a la medida de
todos, tiene que ver con los mecanismos consultivos o deliberativos.
Estos
pueden incluir “mesas redondas de discusión de temas constitucionales, la
realización de asambleas territoriales o foros nacionales para discutir el
texto constitucional, consultas ciudadanas y también la elaboración de informes
y/u observaciones por parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil,
movimientos políticos, e incluso instituciones gubernamentales respecto al
contenido del nuevo texto constitucional que son enviadas a la asamblea
constitucional, al comité de expertos o al congreso, cuando corresponda, para
su consideración”.
Otro de los
puntos plantea Educación Cívica por parte del gobierno a los
diferentes sectores sociales que demandan una constitución, de acuerdo al nivel
de confianza que generen las autoridades.
En el
segundo periodo de Michelle Bachelet, se anunció un proceso de formación
cívica, con miras a un cambio constitucional. Un spot gubernamental de la época,
circulaba por diversas plataformas para ejemplificarlo.
Los tiempos
para ver frutos de una nueva constitución, en cualquier sociedad que se
plantee, han sido estimados entre 4 meses y un año y medio, según el reporte
del PNUD.
Chile,
entre los países que hace 27 años no cambian su constitución
Si se
quiere dar una mirada más amplia a los procesos constituyentes mundiales, es
necesario destacar que entre 1947 y 2015, se han llevado a cabo 95 procesos
concretos.
¿Quienes
estuvieron a cargo?: vía comisión de expertos, 36%. Por medio de una Asamblea
Constituyente, un 26%.
Pero el
PNUD ofrece un dato interesante: “En América Latina, casi la mitad de los
28 cambios constitucionales realizados a partir de 1947 han sido a través de
una Asamblea Constituyente (46%)”
No
obstante, en los últimos 27 años, en Sudamérica, son pocos los países que han
hecho cambio de su constitución por medio de Asamblea Constituyente.
Fue en la
década de los 90 que los han llevado a cabo países como Colombia (1991),
Venezuela (1999 y 2017), Ecuador (2008), Bolivia (2009), independientemente de
sus circunstancias políticas, como las venezolanas.
El ejemplo
colombiano, tiene que ver con la profunda crisis social que estallo en la
referida época, impulsado por estudiantes y magisterio, que demandaban cambio
de la carta magna. De hecho, en época de elecciones parlamentarias, depositaron
una papeleta extra en las urnas con la frase “Asamblea Constituyente”. Fue
así como, con 2 millones de papeletas contadas en esa ocasión, lograron renovar
su constitución de 1886.
El caso
venezolano, de 1999, tiene un matiz diferente al de la AC de hace 2 años,
impulsada por Maduro.
Casi a
inicios del nuevo milenio, la crisis social, con protestas de calle que
demandaban cambios sustanciales en favor de la población, obligó a la clase
política a aceptar los cambios.
En este
caso, como en el colombiano, la Corte Suprema de Justicia jugó
un rol fundamental a la hora de que se avalara el proceso.
En abril de
1999 se realizó un referéndum que contenía dos preguntas: una, sobre la
aprobación o no de la creación de una asamblea constituyente para escribir una
nueva constitución, y la segunda sobre la aprobación o no de las bases
propuestas por el Ejecutivo para la convocatoria.
La primera
pregunta obtuvo 87,9% de aval y la segunda un 81,9%. El porcentaje de
abstención fue de 62,1%
Rafael
Correa de Ecuador y Evo Morales de Bolivia, son los otros dos presidentes que
en esos mandatos presidieron una AC entre 2007 y 2009.
Correa,
asume funciones y plantea su idea pero la oposición política se opuso, fue
entonces que el Tribunal Supremo Electoral, declaró ilegítima la
elección de por lo menos 57 legisladores, que eran los que se oponían a la
nueva carta magna.
En 2008, el
mandatario recibe el aval ciudadano vía referéndum para hacer el cambio, para
lo cual fue necesaria la elección de 130 asambleístas que trabajaron en 10
mesas con los siguientes temas:
Bolivia vivió
su propio proceso a la llegada al poder de Evo Morales.
En 2009, el
entonces nuevo mandatario, impulsó el cambio de la constitución de su país,
fundamentado en el descontento por las desigualdades. La “Guerra del Agua”, en
el año 2000, y la “Guerra del Gas” de 2003, correspondieron a manifestaciones
populares masivas (integradas por pueblos indígenas y sectores sociales urbanos
y rurales) contrarias a la exclusión sistemática de los pueblos originarios, el
creciente empobrecimiento del país”, asegura Naciones Unidas en su informe.
El primer
paso de Evo fue convocar a la AC pero no tenía respaldo de la oposición. Sin
embargo, dialogó con ésta, hasta conseguir en pocas semanas su apoyo. Fue así
como fue conformada por 255 asambleístas votados por la población, los cuales
dieron un nuevo texto constitucional en el lapso de un año. 90% del electorado
participó de la consulta. El nuevo texto constitucional recibió una aprobación
del 61%.
Entre los
logros de la gestión del líder aymara: más del 80% de la población apoyó que el
límite máximo de propiedad fuera de 5.000 hectáreas. La Constitución fue
promulgada en febrero de 2009.
Casi una
década después del último ejemplo, Chile atraviesa una crisis grave y compleja,
pero los modelos similares que han sido mencionados en esta nota, dan una idea
de un proceso que no surge de la noche a la mañana, sino, que tienen una profunda
sinergia entre todos los sectores sociales, para lograr cambios sustanciales
como los evidenciados en otras latitudes.”
Tomado de: biobiochile.cl
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