Chile, 30 de noviembre de 2019
Por Ana María Sanhueza
“Dos comisiones trabajaron
en la elaboración de la Carta Magna. El visto final, apenas 12 días antes del
plebiscito, se lo dio un tercer grupo bajo el ojo de la Junta Militar. Lo que
dicen las últimas actas es un misterio.”
"Con
el fin de evitar toda crítica malintencionada, en el sentido de que se trataría
de un plebiscito carente de alternativa, declaro enfáticamente a la ciudadanía
que el hipotético rechazo del proyecto aprobado por la Junta de gobierno,
significaría el retorno a la situación jurídica y política existente en el país
al 10 de septiembre de 1973".
Es
el 10 de agosto de 1980 y Augusto Pinochet,
en un discurso público, anunciaba así el llamado a plebiscito, que sería apenas
un mes después, el 11 de septiembre, para ratificar la Constitución de 1980.
En
rigor, el texto estaba recién terminado y, desde 1973, cuando empezaron sus
primeros esbozos, había pasado por decenas de manos y con algunos
inconvenientes protagonizados por quienes estuvieron detrás de su elaboración.
Como
ya se sabe, en ese plebiscito de 1980 ganó
la opción "Sí" a la entonces nueva Constitución -que reemplazó a la
de 1925-, con un 67,04%.
Un
proceso en el que no hubo registros electorales y en que "ciertamente,
diversos sectores reprocharon la falta de registros públicos", dice
a PAUTA el exministro del Tribunal
Constitucional (TC) y profesor de la Universidad de Chile Enrique Navarro. También en el que muchos de
los votos blancos fueron destinados a las preferencias del gobierno militar,
según se describe en La historia oculta del régimen militar, de
los periodistas Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda.
Agrega Mario Verdugo, exministro del TC, en conversación
con PAUTA: "Ese plebiscito fue siempre
criticado porque se hizo sin controles. No había en ese momento nada más que
control de firmas, y eso fue muy poco legítimo. Lo único que había era un
control estadístico que hizo la Contraloría".
Sin
registros electorales, el requisito era ir a votar solo con el carné de
identidad, aunque estuviera vencido, tal como se ha permitido en las elecciones
desde el retorno a la democracia.
Esta
Constitución es la misma que, tras el acuerdo político
transversal de la madrugada del 15 de noviembre, podría ser
sepultada a través de la participación de un plebiscito de abril de 2020 en
el que, de nuevo, el país se enfrentará a votar "sí" o "no".
Esta vez habrá más opciones: el referéndum no es solo para señalar si se quiere
o no una nueva Carta Fundamental -demanda que se aceleró con la crisis social-,
sino que también se debe optar por el mecanismo
constitucional con el que se elaborará el texto: si se quiere
una Convención Mixta Constitucional (un órgano compuesto por mitad
parlamentarios-mitad no parlamentarios) o una Convención Constitucional (con
participación de 100% no parlamentarios).
La
Constitución de 1980 es también la que más reformas ha tenido en la historia
del país, dice Navarro. Las primeras fueron las DE 1989, después del Plebiscito
de 1988 en que ganó la opción "No" para que Pinochet no continuara
otros ocho años en el poder.
Pero
la gran reforma ocurrió en 2005, cuando se cambió la firma del general (r) por
la del entonces Presidente Ricardo Lagos Escobar y
en las que se sacaron puntos emblemáticos de sus páginas, como el fin de los
senadores designados y vitalicios, que era el cargo que ostentaba Pinochet.
En Morandé con Compañía
En
la elaboración de la Carta Magna participaron tres instancias: la Comisión de
Estudios presidida por el constitucionalista Enrique Ortúzar,
que se reunió entre 1973 y 1978; el Consejo de Estado, que lideró el
exmandatario Jorge Alessandri Rodríguez,
que revisó el texto entre 1978 y 1980 y, finalmente, la propia Junta de
Gobierno, que entregó la última versión en agosto 1980 al llamado Grupo de
Trabajo. Este grupo estuvo compuesto por los ministros de Justicia e
Interior Mónica Madariaga y Sergio Fernández, respectivamente, además de los
auditores de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Su secretario fue el entonces contralmirante de
Justicia, Mario Duvauchelle.
La
Comisión de Estudios -que era de exclusiva confianza de la Junta Militar- la
integraron expertos constitucionalistas: Ortúzar, el académico de la Pontificia Universidad
Católica de Chile Jaime Guzmán Errázuriz (quien
en 1991 fue asesinado mientras era
senador UDI), Sergio Diez Urzúa (quien antes y después fue senador,
y posteriormente sería presidente de Renovación Nacional), Gustavo Lorca Rojas y Alicia Romo Román (quien años después fue
rectora de la Universidad Gabriela Mistral); los democratacristianos Alejandro Silva Bascuñán y Enrique Evans de la Cuadra, además del exmilitante
del Partido Radical y profesor de la Universidad de Chile Jorge Ovalle. En 1977, los tres últimos fueron
reemplazados por Luz Bulnes, Raúl Bertelsen y Juan de Dios Carmona.
El
Consejo de Estado, un organismo asesor de la Junta que modificó el anteproyecto
de la Comisión Ortúzar tras revisarlo y hacer correcciones, lo integraron
personas de distintas áreas y profesiones: los exmandatarios Jorge
Alessandri y Gabriel González Videla (Eduardo Frei Montalva no quiso ser parte); el
expresidente de la Corte Suprema Enrique Urrutia Manzano (quien
puso la banda presidencial a Pinochet en 1974); el excontralor Enrique Bahamonde; el exministro de Justicia de
Frei Montalva Juan de Dios Carmona; el
exgeneral director de Carabineros Vicente Huerta; los
excomandantes de Ejército, Armada y Fach Óscar Izurieta, Jacobo Neumann y Diego Barros,
respectivamente; el exdiplomático y abogado Julio Philippi;
el entonces novel escritor Arturo Fontaine Talavera en
representación de "la juventud" (luego fue reemplazado por Juan Antonio Coloma); los académicos Enrique
Ortúzar (quien también estaba en la Comisión de Estudios) y Carlos Cáceres; el exembajador Hernán Figueroa y, entre otros, miembros
de gremios como Guillermo Medina y Pedro Ibáñez por los empresarios. También
había una mujer: Mercedes Ezquerra.
Fue
la sede del Congreso Nacional, en Santiago, y cuando el régimen militar llevaba
menos de un mes en el poder, la que albergó a la Comisión de Estudios o
Comisión Ortúzar.
Enrique
Navarro cuenta que sus miembros ingresaban a trabajar al edificio por la puerta
de Morandé, que se ubica a metros de la calle Compañía. En esa época, allí solo
quedaban algunos funcionarios tras la disolución del Congreso después del golpe
de Estado.
Se
trata, curiosamente, del mismo edificio donde se firmó el acuerdo político
para avanzar hacia una nueva Constitución el pasado 15 de
noviembre.
El trabajo interno
La Comisión que lideró Ortúzar se formó el 24 de
septiembre de 1973. Agilidad que llama la atención hasta hoy del abogado
constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego
Portales Javier Couso. "Este fue
un decreto que se publicó a menos de un mes del golpe. Es realmente
impresionante que se formara tan rápido, porque eso revela una voluntad de
hacer una nueva Constitución", dice.
Sin
embargo, después de tres años de trabajo en la Comisión Ortúzar, en 1977 Silva
Bascuñán y Evans decidieron renunciar.
En La
historia oculta de la transición se relata el episodio así:
"Silva Bascuñán y Enrique Evans pensaban en irse, pero su partida se
aceleró con el decreto ley 1.699 que disolvió la totalidad de los partidos
políticos. [...] Dos meses después, Pinochet aprovechó esos cambios para
zafarse de Jorge Ovalle, a quien acusaba de influenciar pérfidamente al
general Gustavo Leigh. También alejó, enviándolo a las Naciones
Unidas, a Sergio Diez: le había dicho que tenía aspiraciones presidenciales".
Esa
infuencia de Ovalle a Leigh se refiere a que el abogado era asesor del
comandante en jefe de la Fach, quien a su vez comenzó a tener cada vez más
diferencias con Pinochet y la Junta Militar. Además, a esas alturas ya existían
denuncias de detenidos desaparecidos y también presión internacional por el
crimen en Washington del excanciller Orlando Letelier,
ocurido el 21 de septiembre de 1976, lo que incomodó al constitucionalista.
Coincide Mario Verdugo: "Silva y Evans se fueron
cuando disolvieron la Democracia Cristiana, mientras que a Jorge Ovalle lo
reununciaron".
En
ese tiempo, Verdugo era parte del llamado "Grupo de los 24",
conformado por constitucionalistas opositores al régimen miitar -liderados por
el abogado Manuel Sanhueza- y quienes
levantaron un proyecto paralelo de Constitución. Una instancia a la que después
de sumó el propio Silva Bascuñán. El secretario era un entonces joven
abogado: Jorge Correa Sutil.
Así,
tras la renuncia de los dos DC y el exradical, entraron tres nuevos miembros a
la Comisión Ortúzar: Luz Bulnes, Raúl Bertelsen (exjuez del TC y
exrector de la Universidad de Los Andes) y Juan de Dios Carmona (exministro
de Defensa de Frei Montalva, quien fue expulsado de la DC en 1976 por su
temprano apoyo al régimen militar).
De
los tres nuevos integrantes, Verdugo destaca especialmente a Luz Bulnes, quien
fue la primera mujer en integrar el TC en 1989: dice que en su aporte al texto
constitucional fue la más abierta que los tres nuevos integrantes.
Bertelsen,
exrector de la Universidad de Los Andes, y Alicia Romo, son los dos únicos
miembros de la Comisión de Estudios que quedan vivos. Bertelsen dijo el pasado
24 de noviembre en La Tercera que "haber participado en la redacción de la
Constitución del país es indudablemente uno de los grandes desafíos académicos
y profesionales que tuve en mi vida, y es, efectivamente, un logro
significativo. También por haber trabajado con un equipo humano de gran
categoría académica y humana. Yo era uno de los mas jóvenes, con Jaime Guzmán,
entonces, claro, veo cómo se han ido muriendo. Queda uno como
superviviente".
Sobre el rol de Guzmán, dijo que "me atrevería a
decir que es uno de los comisionados que tuvo una participación permanente y
relevante, pero no en todos los artículos prevaleció lo que propuso Jaime
Guzmán. La mayor parte hubo acuerdo; entonces, no puede decirse que es el único
autor de la Constitución".
Navarro agrega: "Yo creo que en la primera etapa
los más relevantes fueron Silva Bascuñán y Evans, pues fueron los que aportaron
en muchas normas. Lo que pasa es que Guzmán después asesoró a la Junta,
entonces tenía de alguna manera una llegada, podríamos decir, 'presta'. Pero,
efectivamente, es una simplificación pensar que la Constitución solo la hizo
Guzmán".
La Comisión de Estudios tuvo 417 sesiones, y elaboraró
un anteproyecto con 123 artículos permamentes y 11 transitorios.
El derecho a la vida y el recurso de protección
Mario Verdugo dice que, "con todo lo que se
critica a la Constitución del 80, y pese a que yo fui parte del 'Grupo de los
24', no puedo perder la objetividad. El Acta Constitucional N°3, con derechos,
obligaciones y deberes constitucionales, fue un muy buen aporte. Allí está,
entre otras cosas, el recurso de protección, que es un aporte". Y añade:
"También la Constitución agrega derechos, como el derecho a la vida, a la
privacidad, a la honra de las personas. Y el derecho a vivir en un ambiente
libre de contaminación".
En 2012, Juan de Dios Carmona contó detalles de la
redacción en una entrevista que concedió al canal de la Biblioteca del Congreso
Nacional. "La misión que tenía la Constitución era suplir las graves
deficiencias que se habían encontrado en la Constitución de 1925. Y no solo eso
se cumplió, sino que también se vio otra cosa, el artículo 1°, que es la más
fundamental de todas las disposiciones: ahí se establece la separación de las
aguas, de lo nuevo a lo que debía perecer y que había producido las
consecuencias que produjo. De una nación o de una sociedad que estaba metida
dentro de un Estado y que creía que el Estado era todo”.
Profundizó: "Pues bien, ahí se puede ver el
alcance que tenía esto, porque la Constitución de 1925 era estatista (...), y
la gente creía que el Estado resolvía todos los problemas. Incluso, los de la
sociedad misma. Y ahí fue precisamente que derivó eso, a que reinaran en tierra
y majestad los postulados que pretendía hacer el Partido Comunista". Luego
añadió: "Entonces se cambió rotundamente esto, y se colocó que el Estado,
por le contrario, estaba al servicio de la persona humana. Se dio un vuelco de
raíz. Eso lo dice el artículo 1°: el Estado está al servicio de la persona
humana y no lo contrario, como sucedía antes".
"¿Sabe cuál es el principal derecho que tiene la
persona humana reconocido por la Constitución? Es el derecho a la vida, que no
estaba en la Constitución del 25. No hay ninguna referencia al derecho a la
vida y la primera que lo establece , es la Constitución del 80 como el derecho
más esencial. Eso, hasta este momento, nadie lo ha ponderado lo
suficientemente: es el artículo más esencial", agregó.
El exministro de Defensa de Frei Montalva también
contó detalles de su relación con Ortúzar y Guzmán.
"Me acuerdo perfectamente de que se me encargó a
mí que hiciera un principio de redacción del artículo 1°. Lo hice y ahí me
aportillaron Jaime Guzmán y Enrique Ortúzar. Luego se acomodó y salió en
definitiva lo que está: la persona humana al servicio del Estado y, al mismo
tiempo, la ponderación de la familia. Porque toda la esencia del articulo 1°
salió de esas discusiones y correcciones".
Contó que no fue fácil llegar a acuerdo: "Se
proponía una palabra y luego se cambiaba. Discutíamos horas por una palabra,
por el significado y trascendencia que podía tener. Y realmente fue importante
la dedicación que tuvo Jaime Gumán para eso. Incluso, con Jaime redactamos un
preámbulo de la Constitución, preámbulo que don Jorge Alessandri, don Gabriel
González Videla, don Juvenal Hernández, que es otro que
analizó muy bien la Constitución, y otros más, hicieron pedazo. Dijeron: 'Basta
con los artículos, porque el preámbulo va a perturbar las mentes de la gente,
que va a creer más de lo que es'. Entonces, se desechó".
Rol de Alessandri
Couso explica que en un comienzo, cuando la Comisión
Ortúzar empezó a funcionar y aún estaban Ovalle, Silva Bascuñán y Evans,
"se vieron principios generales. Mucho derecho comparado y análisis de
cómo se hacía esto en Alemania y Francia, porque la Constitución francesa
también se evaluó mucho". Añade que "las definiciones centrales e
ideológicas se tomaron hacia el final del período, porque al principio fueron
consideraciones más teóricas. Por ejemplo, los primeros dos años se habló mucho
del derecho a propiedad, de cómo reforzarlo. Se planteó con todo detalle lo
importante que era".
Luego el anteproyecto pasó a manos del Consejo de
Estado.
En el artículo publicado en la Revista de Derecho de la Universidad
Finis Terrae "¿Es necesaria una nueva
Constitución"?, publicado en 2015, Enrique Navarro detalla que este
Consejo se reunió en 57 sesiones para revisar el texto, "efectuándole
diversas enmiendas" y "elaborando un proyecto que contiene 120
artículos permanentes y 27 transitorios".
De este Consejo de Estado, Verdugo dice que "la
verdad es que quien lo manejó fue Jorge Alessandri. Los demás eran más o menos
nominales".
A muy grandes rasgos, Alessandri quería acelerar el
proceso de transición, asunto con el que tuvo roces con Ortúzar, cuyo
anteproyecto tenía una gran sintonía con las ideas de la Junta Militar.
"La poco favorable idea que Alessandri tenía del
proyecto Ortúzar derivaba en gran medida de la interferencia oficial que había
apreciado. Pero no contaba con un detalle: el propio Ortúzar formaba parte de
Consejo de Estado. Con razón, el Ejecutivo intuyó que el veterano expresidente
querría imponer su criterio en el nuevo estudio", se relata en La
historia oculta [...].
El misterio de las últimas actas
Cuando la Junta Militar tuvo en la mano los textos de
la Comisión Ortúzar y el Consejo de Estado, decidió que debía haber una tercera
instancia para consensuar ambos proyectos.
Fue en ese momento que cobraron protagonismo los
ministros Mónica Madariaga y Sergio Fernández, además del jefe de Estado Mayor
Presidencial, el general Santiago Sinclair, y los
auditores generales de Carabineros (Harry Grunewaldt), la
Fach (Enrique Montero), el Ejército (Fernando Lyon) y la
Armada (Aldo Montagna).
"Esta fue una comisión medio secreta y cerrada. Y
a Mónica Madariaga se le deben algunas cosas fuertes, entre ellas que disolvió
los colegios profesionales", dice Verdugo.
El equipo trabajó a contratiempo y en 12 días tenían
lista la Carta Magna con sus propias correcciones y bajo el ojo atento de la
Junta, que estaba más que pendiente. Se reunían, cuenta La historia
oculta [...], en el piso 15 del edificio Diego Portales, al lado de la
oficina de Fernández.
El
libro añade que el Grupo de Trabajo en un comienzo estuvo solo, pero luego
recibió como invitados a los Chicago Boys: acudieron los ministros de Economía
y Hacienda, Pablo Baraona y Sergio de Castro, respectivamente, "debatiendo
sobre la autonomía del Banco Central". También fue el ministro de
Odeplán, Miguel Kast, y Óscar Aitken, quien más de 30 años después se
convirtió en el albacea de Pinochet.
El
constitucionalista Javier Couso agrega que "en su visita no es que ellos
lograran meter muchas cosas, pero en un momento se llegó a plantear establecer
un máximo de déficit fiscal en la Constitución. Pero eso fue finalmente
desechado".
Se
sabe que las reuniones fueron largas y extenuantes y de su registro se
encargaba, en su rol de secretario, el contralmirante Mario Duvauchelle,
quien poco antes había sido subsecretario de Justicia (1974-1977). "En las
copias preparadas por el equipo de Duvachelle se fueron marcando con un signo
de aprobación los textos que tendrían validez final, escogiendo entre uno y
otro proyecto cada artículo y, a veces, cada inciso. Sorprendemente, el Grupo
de Trabajo tampoco tuvo acceso a las Actas del Consejo de Estado [...]. Cada
noche, al terminar la sesión, los apuntes de los acuerdos eran llevados por Duvachelle
para que sus funcionarios los pasaran en limpio y los tuvieran disponibles a
primera hora", dice La historia oculta [...].
El
resultado final fue una Constitución más Ortúzar que Alessandri. "Él
[Alessandri] no compartió algunos cambios que se le hicieron al texto,
especialmente en materia de transición política", cuenta Enrique Navarro.
Entonces, el expresidente decidió renunciar al Consejo de Estado, lo que no
quiso hacer público -y también se lo pidió la Junta- hasta después del
plebiscito.
De
hecho, el 11 de septiembre de 1980, cuandio fue a votar, Alessandri optó por no
dar ninguna declaración a la prensa como señal de molestia.
En
el libro, Cavallo, Salazar y Sepúlveda profudizan en el impasse y relatan que
se habían cambiado "aspectos fundamentales del proyecto de Alessandri. Por
lo tanto, se regresó al proyecto Ortúzar, que había sido hecho con la venia de
Mónica Madariaga, quien a su vez había consultado a Jaime Guzmán".
Y
añade que lo que más le molestó a Alessandri -de lo mucho que le molestó- fue
que la Constitución señalara que Pinochet podía estar 16 años más en el poder.
El expresidente lo hizo saber. Y al final el texto quedó así: tras ganar el
plebiscito, Pinochet podría quedarse hasta 1988. Y en un nuevo referéndum, de
ganar el Sí, otros ocho más. Es decir, 16 en total.
Pero
en 1988 triunfó el No
Navarro
destaca otro punto: "Hay casos en que la propia Junta de Gobierno no
siguió ni el criterio de de la Comisión Ortúzar ni la de el Consejo de Estado.
Y en esos casos es bien extraño tratar de buscar una intención, pues no sabemos
por qué se redactó de esa manera".
Esto,
pues hay un misterio que permanece hasta hoy: no hay certeza de dónde quedaron
las actas en las que dio el visto final para el texto, es decir, el detalle de
las últimas conversaciones que sellaron la Constitución de 1980 y que
Duvachelle se encargaba de recolectar.
"Cuando
el texto pasa a manos de la Junta (a tavés del Grupo de Trabajo), en algunos
casos mantuvo articulados y, en otros, se modificó. Pero cuando se hicieron
cambios, no hay antecedentes respecto de por qué se modificó, por lo tanto,
sobre eso no hay historia constitucional", acota Navarro.
No
ocurrió lo mismo con las actas de Comisión Ortúzar
y del Consejo de Estado, que se hicieron públicas muchos años después.
Tomado de: www.pauta.cl
No hay comentarios.:
Publicar un comentario