Chile,
23 de febrero, 2020
“Imprudencia Constitucional III”
Por Francisco Orrego
“En
esta oportunidad me quiero detener a desenmascarar los mitos y “cuchufletas” en
torno al resguardo y protección del derecho de propiedad sobre los derechos de
aprovechamiento de aguas (DDA) y las concesiones mineras, y los riesgos que
aquellas “cuchufletas” conllevan para la libertad de todos los chilenos (…) De
cara al proceso constituyente, convengamos en que el premio mayor para la
izquierda será eliminar, erosionar o debilitar el derecho de propiedad de los
chilenos. Sin embargo, aún estamos a tiempo de detener esta imprudencia
constitucional; o mejor dicho esta debacle constitucional.
En mis dos columnas anteriores
me detuve a desvelar algunas de las “cuchufletas” de la izquierda chilena -que
han seducido a algunos sectores minoritarios de la derecha- en relación a sus
propuestas de cambiar el régimen político, eliminar el Estado subsidiario y las
facultades preventivas del Tribunal Constitucional, destacando lo altamente
imprudente que ellas son para nuestra democracia, y en especial, para la
defensa de nuestros derechos fundamentales. En esta oportunidad me
quiero detener a desenmascarar -nuevamente con respeto y convicción- los mitos
y “cuchufletas” en torno al resguardo y protección del derecho de propiedad
sobre los derechos de aprovechamiento de aguas (DDA) y las concesiones mineras,
y los riesgos que aquellas “cuchufletas” conllevan para la libertad de todos
los chilenos.
La pretensión de algunos
sectores políticos por reformar la Constitución de 1980 con la idea de
nacionalizar nuestros recursos naturales, debilitando con ello el derecho de
propiedad que tanto irrita a cierta izquierda, no debería dejar a nadie
indiferente. Los ojos están puestos en el agua y en la minería, dos recursos
que han sido pilares del crecimiento y desarrollo de nuestro país en los
últimos 30 años, gracias a la estabilidad y
seguridad en las reglas del juego y a la protección constitucional de que gozan
sus titulares. Mientras en el extranjero se destaca la calidad de la regulación
y protección de los derechos de aprovechamientos de aguas y de las concesiones
mineras, aquí se les pretende afectar recurriendo a argumentos tan falaces como
irreales que han tenido amplia difusión. Se dice que ambos recursos
fueron privatizados, lo cual es falso. Mientras el agua es un bien nacional de
uso público, la propiedad de las sustancias minerales es del Estado. En ambos casos, como veremos a continuación, el Estado
otorga derechos o concesiones para su uso o explotación, según el caso.
Una reciente columna del
abogado y ex director general de aguas, Matias Desmadryl, en El Mercurio de
Santiago, se hizo cargo de manera seria y fundamentada sobre el mito de la
privatización del agua bajo el actual marco regulatorio. Nos explicaba que el
Código de Aguas de 1981 “no privatizó el agua ni tampoco creó los DDA, ni,
menos aún, la propiedad sobre ellos”, ya que muchos de ellos provenían desde la
época de la Colonia y que la nueva legislación -como corresponde en un Estado
de Derecho- solo vino a reconocerlos. Del mismo modo, el mérito de la Constitución de
1980 fue elevar a rango constitucional el derecho de propiedad sobre los DDA,
otorgando mayor resguardo y certeza jurídica sobre el uso del agua, y no sobre
el agua misma, como insiste falsa y majaderamente la izquierda. Aunque, por una parte, existe bastante consenso entre los
expertos en la necesidad de perfeccionar la actual institucionalidad, para
asegurar, entre otras cosas, una priorización del consumo humano, existe, por
otra, menos rigor técnico -y más demagogia- entre los políticos de izquierda en
cuanto a que la escasez hídrica producto del cambio climático se solucionaría
“nacionalizando” el agua. ¡Ni Condorito necesitaría mayor explicación!.
La minería, por su parte,
tampoco ha estado ajena a las “cuchufletas” de la izquierda. Se insiste también en la
necesidad de “nacionalizar” los recursos mineros, olvidando -de adrede dicho
sea de paso- que las minas en Chile son de dominio “absoluto, exclusivo,
inalienable e imprescriptible” del Estado de Chile desde el año 1971 (tranquilo, leyó bien; no es su presbicia). Esta expresión
-que se reproduce idénticamente en la Constitución de 1980- fue incorporada en
la Constitución de 1925 con ocasión de la nacionalización del cobre por el ex
Pdte. Salvador Allende, dándose la curiosa paradoja que tanto el gobierno
marxista-socialista como el gobierno militar mantuvieron el dominio del Estado
sobre los recursos mineros en términos idénticos. El ex Pdte. Allende decía al
respecto: “Es necesario dejar establecida clara y definitivamente que el
Derecho que el Estado tiene sobre las minas… es un perfecto derecho de
propiedad o dominio con todas las características de la esencia y la naturaleza
del mismo, de modo que los particulares no han podido adquirir sobre esos
bienes sino los derechos específicos comprendidos en los términos de la
respectiva concesión”.
Por otro lado, el régimen
concesional en minería, al igual que en el caso de los DDA, tampoco es un
invento de la Constitución de 1980 -que solo les concedió una protección
constitucional expresa- ni del Código de Minería de 1984, sino que su origen se
remonta al Código de 1932 y anteriores cuerpos legales, pudiendo remontarse,
incluso, al siglo 19. En su virtud, el Estado -sin
perder su dominio- confiere a sus titulares el derecho de explorar y explotar
los recursos mineros. En
consecuencia, si las minas son del Estado desde el año 1971 y si dos gobiernos
de distinto signo político mantuvieron su reconocimiento constitucional en
iguales términos, ¿qué sentido tiene seguir insistiendo en la “nacionalización”
de algo que ya es de todos los chilenos? Y si las concesiones mineras solo
otorgan derechos específicos -como reconocía Allende- a sus titulares, ¿qué
sentido tiene seguir cuestionando un sistema que tiene larga tradición y
aplicación en Chile? La única respuesta posible es el afán de la izquierda de
vendernos otra “cuchufleta” más. ¡A estas alturas parecería que las
“cuchufletas” son más baratas por docena!.
Pero la izquierda quiere ir más
allá. No se limita al agua y a la minería en general. Tiene también puestos sus
ojos -deliberadamente- en la minería del litio y en la Ley de Pesca.
Sabiendo que unos y otros solo
pueden ser objeto de expropiación -con su debida y justa indemnización-, un grupo de parlamentarios de
izquierda -mediante su clásica “cuchufleta”- patrocina dos proyectos de ley:
uno para declarar la explotación del litio como de interés nacional y otro para
anular la Ley de Pesca, procurando con ello desafiar la institucionalidad
vigente y erosionar el Estado de Derecho,
al promover proyectos de ley que son a todas luces inconstitucionales. A través
de este tipo de iniciativas, la izquierda solo busca debilitar el derecho de
propiedad y la certeza jurídica. No nos engañemos. Este es el
objetivo final: atentar contra el derecho más crítico en el ordenamiento
jurídico-económico a nivel constitucional. Hoy
lo persigue a través de este tipo de proyectos. A partir de abril próximo lo
espera completar bajo la discusión de una nueva Constitución.
El movimiento social del 18/O
puso en acción -más por debilidad que convencimiento- un proceso constitucional
que es irreversible, salvo que -en abril próximo- valoremos la importancia de
la libertad individual. Habiendo tenido la oportunidad de propiciar un pacto
político y reformas constitucionales a través de mecanismos
institucionales, la clase política prefirió tomar un camino lleno de incertezas y
lomos de toro. Un camino donde la
libertad individual tiene un claro oponente: la izquierda -bajo la batuta de
aquella más radical y con el silencio cómplice de aquella más moderada-, que
hasta ahora ha preferido invadirnos de “cuchufletas” y eslóganes, eludiendo dar
a conocer sus propuestas a los chilenos de manera seria y transparente. Pero no
debe sorprendernos.
No es una estrategia novedosa.
Vale la pena evocar al periodista estadounidense Clarence Lee Swartz
(1868-1936), quien afirmaba que “una de las pruebas a cualquier movimiento
social para saber si respeta la libertad individual es: ¿Abolirá el movimiento
la propiedad privada? Si es así, es un enemigo de la libertad. Uno de los más
importantes elementos de la libertad es el derecho a la propiedad sobre los
productos del propio trabajo. Socialistas de Estado, Comunistas, Sindicalistas
y Anarquistas-Comunistas niegan la propiedad privada”. Ha pasado más de un
siglo, y esta cita sigue siendo apropiada.
De cara al proceso constituyente, convengamos en que el premio
mayor para la izquierda será eliminar, erosionar o debilitar el derecho de
propiedad de los chilenos. Será
una de las batallas emblemáticas del proceso. Sin embargo, aún estamos
a tiempo de detener esta imprudencia constitucional; o mejor dicho esta debacle
constitucional. A estas alturas del
partido no hace falta insistir en que sin una adecuada protección del derecho
de propiedad ningún otro derecho es posible; es la “madre de todos los
corderos”. De modo que lo que aquí se juega no es trivial ni accesorio.
Necesitaremos, pues, de lideres que sean capaces de defender el derecho de
propiedad sin complejos ni tibieza. Como decía mi amigo Winston: “No es un
momento para la comodidad y el confort. Es el momento de la osadía y
resistencia”. De no ser así, mejor cambiemos el emblema nacional por “Con
el agua hasta el cuello” o “Estamos bien el refugio los 19.000.000”,
solo por hacer honor al agua y a la minería.
Confieso que pensé en formar un nuevo
partido político bajo el nombre de “No + Cuchufletas” pero me acordé de un tal
Hamilton y se me quitaron las ganas. Por
ahora me despido con un simple pero sonoro ¡Adiós cuchufletas!”
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