martes, 25 de enero de 2022

DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DERECHO REAL DE HERENCIA, SE ACOGE

 

DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DERECHO REAL DE HERENCIA, SE ACOGE

Chile, 22 de enero 2022

                                                               Por redacción de Diario Constitucional

 

“El máximo Tribunal actuó de oficio al determinar que la sentencia recurrida contenía errores evidentes.”

 

“La Corte Suprema invalidó de oficio, al conocer los recursos de casación interpuestos, el fallo dictado por la Corte de La Serena que confirmó la sentencia de base que rechazó una demanda sobre prescripción adquisitiva de derecho real de herencia.

 

El demandante solicitó que se declarara la prescripción a su favor, ya que desde el año 2001, luego del fallecimiento de su tía (la causante) posee la herencia, en la especie, un inmueble en la ciudad de Los Vilos. No obstante, el año 2017 fue notificado de una acción de petición de herencia hecha por un particular a quien su tía, en 1995, mediante testamento abierto declaró heredero universal, situación que desconocía hasta ese momento. Por ello, presenta la demanda pidiendo la prescripción adquisitiva del derecho real de herencia, solicitando que se acumulen los autos.

 

El tribunal de primera instancia rechazó la demanda, indicando que en contra del actor operó la cosa juzgada, ya que existía sentencia firme y ejecutoriada en favor de la demandada en el juicio de petición de herencia (seguido ante el mismo tribunal), y que todas las alegaciones en cuanto a la prescripción adquisitiva debieron ser efectuadas en esa causa, lo que el demandante no hizo. De igual forma, negó dar lugar a la acumulación de autos por considerar que no concurrían todos los presupuestos para ello; decisión que fue ratificada por la Corte de La Serena en alzada.

 

En contra de dicha decisión, el actor presentó los recursos de casación en la forma y en el fondo, manifestando que la sentencia recurrida le produce un perjuicio que es reparable únicamente con su anulación.

Al respecto, la Corte Suprema indica que en uso de sus facultades disciplinares, puede anular de oficio los fallos que pongan en su conocimiento por la vía de casación, ya que del examen del recurso y antecedentes allegados al juicio, queda de manifiesto el error en los jueces del grado al complicar la decisión por considerar una cosa juzgada que no le es imputable al demandante, ya que tanto el juez de base como los de alzada, evitaron referirse al fondo del asunto, desestimando las alegaciones del demandante por considerar tal situación. Mismo razonamiento aplicaron para desestimar la acumulación de autos, lo cual es contradictorio.

 

En el mismo orden de razonamiento, destaca que “(…) sin embargo, congruente con aquella decisión, cada proceso debe ser resuelto conforme las acciones que han sido ejercidas, y no resulta posible al juez, luego de desestimar la acumulación de causas, vincular ambos procesos y fundar el rechazo de la acción ejercida en este caso en una cuestión procesal, por estimar que la prescripción adquisitiva del derecho real de herencia debió́ ser alegada en el proceso Rol C-84-2015 por la vía reconvencional. Lejos de resolver el fondo de la acción planteada por el recurrente, complejizó la decisión y le impuso requisitos procesales no previstos en la ley sin decidir la cuestión sustantiva planteada”.

 

De igual forma, en cuanto a la incongruencia de desestimar la acumulación y luego considerar ambos procesos para su fallo, la Corte estimó que, “(…) de lo anterior resulta claro que la resolución recurrida parte de un supuesto equivocado al colacionar procesos cuya acumulación había desestimado, afectando la debida congruencia en el curso procesal, y más aún, al haber entendido que uno de ellos, por haber concluido primero, producía cosa juzgada en esta causa, sin que aquello haya sido objeto de alegación o planteamiento por la parte demandada. Lo anterior no viene sino a poner de relieve el yerro que autoriza a la invalidación oficiosa del fallo en cuestión por esta Corte, toda vez que el juez a quo ha omitido pronunciamiento acerca de la acción que se ha formulado en esta causa, al vincular un proceso no acumulado, asumiendo luego que aquel produjo cosa juzgada en éste, sin que ello se debatiese a instancia de parte interesada”.

En mérito de lo expuesto, invalidó de oficio el fallo dictado por la Corte de La Serena, y en sentencia de reemplazo, revocó aquella de primer grado y acogió la demanda de prescripción adquisitiva de derecho real de herencia.”

FISCO DE CHILE DEBERÁ PAGAR MONTOS NO INCLUIDOS EN DESAHUCIO DE EX FUNCIONARIA DE CARABINEROS

 

FISCO DE CHILE DEBERÁ PAGAR MONTOS NO INCLUIDOS EN DESAHUCIO DE EX FUNCIONARIA DE CARABINEROS

Chile, 24 de enero 2022

                                                             Por redacción de Diario Constitucional.cl

“La Corte Suprema ordenó considerar el total de años servidos a la institución, sin el tope de 30 años, y declaró imprescriptibles las acciones tendientes a reclamar derechos de la seguridad social.

“La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo, interpuesto en contra de la sentencia de la Corte de Santiago, que confirmó aquella de base que desestimó la demanda de reliquidación de desahucio, presentada por un particular en contra del Fisco de Chile.

Una ex funcionaria de Carabineros, con 35 años de servicio, demandó a la institución junto a Contraloría y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. En su libelo, la actora declaró que, al momento de retirarse en el año 2012, se le concedió la pensión de retiro y desahucio, fijando un monto correspondiente sólo a 30 mensualidades de su renta imponible, lo que infringe el artículo 3 transitorio de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros N°18.961, que le reconoce el total de años de servicio al momento del desahucio.

En esta línea argumental, sostuvo que desde el 2015 ha recurrido a los órganos administrativos pertinentes para que se efectúe la reliquidación de su desahucio y se le computen las 5 mensualidades que inicialmente se le desconocieron, no obstante, pese a que la institución reconoce que tiene el derecho a pedir la reliquidación y puestos los antecedentes en conocimiento de Contraloría para que tome razón, su petición fue negada por ser hecha fuera de plazo, sosteniendo la prescripción administrativa del acto, razón por la cual, solicitó al tribunal que ordene una nueva reliquidación, con el correspondiente pago más intereses, reajustes y costas.

El tribunal de primera instancia, rechazó la demanda y declaró la existencia de la prescripción del plazo para solicitar la reliquidación; decisión que fue ratificada por la Corte de Santiago en alzada.

En virtud de lo anterior, la actora dedujo recurso de casación en el fondo, señalando que la sentencia de alzada infringió dos grupos de normas. El l primero, que comprende los artículos 73 y 76, 3 transitorio y 93, de la Ley N°18.961; artículo 14 de la Ley N°18.870, en relación a los artículos 135 del DFL N°2 de 1968 y 6 de la Ley N°18.747; artículo 132 de DFL N°2 que fija el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile; y artículo 54 de la Ley N°19.880. el segundo, que alude a los artículos 4, 13, 2514, 2515 y 2497 del Código Civil, y artículo 132 inciso segundo del DFL N°2 que fija el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile.

Al respecto, la Corte Suprema sostiene que por sobre una reliquidación, la demandante pide parte del derecho a desahucio que no está gozando, precisando que, “(…)el artículo 3° transitorio citado consagra un derecho a que el desahucio sea liquidado conforme a determinados parámetros, respecto de quienes ejercieron la opción entregada por la ley 18.747, relativa a destinar dineros, obtenidos como anticipo de desahucio, a la adquisición de acciones CORFO, todo en el contexto de un plan previsto para tal efecto. Se trata, pues, de un derecho al desahucio, que se sujeta a una hipótesis fáctica específica y determinadas reglas legales, por lo que, aunque la demandante solicita su ‘reliquidación’, en estricto rigor, lo que está haciendo valer es su derecho a este beneficio, en este caso, a un complemento del desahucio del que no está́ gozando, y respecto del cual afirma cumplir los requisitos impuestos por la norma, cuestión esta última que no ha sido controvertida por la demandada”.

En este orden de razonamiento, en cuanto a las alegaciones referidas al plazo prescrito, hace presente que, “(…) esta Corte y la jurisprudencia de los tribunales, en general, ha sostenido reiteradamente, desde épocas incluso anteriores a la ley 19.260, dictada en 1993, que recogió́ este principio, que el derecho a demandar el reconocimiento de las prestaciones de seguridad social no prescribe, desde que tienen un carácter alimenticio, “cuestión que demuestra estrecha coherencia con él parámetro constitucional que reconoce a favor de las personas el derecho a la seguridad social, el cual, dado su carácter de fundamental, debe ser interpretado en forma amplia, a fin de permitir su ámbito de protección…, especialmente en lo relativo a la caducidad de los derechos en cuanto pautas de excepción del mencionado principio general”.


Por lo anterior, concluye que, “(…) la sentencia impugnada yerra al declarar la caducidad del derecho reclamado por la recurrente, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 76 de la ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros y 74 del DFL N°2 de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros, en la medida que lo solicitado no es la reliquidación del desahucio sino, como se dijo, el derecho al complemento de aquél”.

En mérito de lo expuesto, acogió el recurso de casación en el fondo, revocó el fallo de alzada, y dictó sentencia de reemplazo en la que accedió a la demanda y ordenó el pago de las 5 mensualidades no computadas en el desahucio de la demandante

 Comentario de lector

Exequiel Contreras Cárdenas, dice:

25 de enero de 2022 a las 10:35

“Bien por la carabinero pero que pasa con los ex carabineros con menos de 20 que siempre se escudan en los plazos que imponen y que no dan cumplimiento años derechos ejemplo una pensión digna y tampoco quieren traspasar los fondos a la AFP LO DIGO POR QUE TRABAJE 17 AÑOS EN CARABINEROS Y NO ME QUISIERON REGRESAR LOS FONDOS MEDIANTE VALE VISTA VALORADO A MI AFP DIPRECA SON UNOS SIMBERGUENSA trabajas tanto para que, si cuando te vas con menos de 20 no te regresan lo que ahorrarte en dipreca legalmente solo por sus plazos en los que se escudan para no pagar y devolver el dinero que es tuyo por derecho”

lunes, 24 de enero de 2022

LA COMISIÓN DE VENECIA

 

LA COMISIÓN DE VENECIA

Chile, 22 de enero 2022

                                                          Por Ana María García Barzelatto

 

“Recientemente, un grupo de 23 senadores formuló una consulta a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, comúnmente denominada “Comisión de Venecia”, sobre ciertas materias que hoy se discuten en la Convención Constitucional.

 

 

“Los principales temas de la consulta se refieren a cómo debe interpretarse la regla que establece el quórum de dos tercios de aprobación de las normas constitucionales; qué opinión le merece a la Comisión la posibilidad de transformar el Congreso Nacional en un órgano unicameral; y qué opina sobre el establecimiento de una nueva judicatura constitucional.

 

El hecho de la consulta, en sí misma, ha levantado en algunos sectores una serie de críticas y ciertas suspicacias, las que parecen ser totalmente infundadas si se atiende a la función que cumple la Convención de Venecia. Ella nace del Consejo de Europa, en 1990, con la finalidad inicial de contribuir al establecimiento de las instituciones democráticas de los países de Europa central y oriental después de la caída del muro de Berlín. Posteriormente, fue ampliando sus funciones con el propósito de contribuir al fortalecimiento de los procesos democráticos y formular recomendaciones a petición de los estados interesados.

 

Es un órgano consultivo, no deliberativo, que asesora sobre materias constitucionales, compuesto por más de 60 estados miembros, entre ellos 47 del Consejo de Europa, y otros, como Chile (desde 2005) y países latinoamericanos (Brasil, Costa Rica, México, Perú). Su función es asistir, recomendar y/o formular propuestas sobre materias constitucionales, a países que lo solicitan, para mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas y la protección de los derechos fundamentales.

 

Son numerosos los estados que han consultado en los últimos años. En 2018, el presidente del Tribunal Electoral federal de México sobre su legislación electoral; en 2019, Perú sobre el proyecto de adelanto de la elección de Presidente de la República; el Parlamento Federal de Bélgica sobre la protección de minorías nacionales.


La Comisión se compone de expertos en Derecho Constitucional, independientes, nombrados cada cuatro años por los estados miembros, quienes emiten opinión a petición de gobiernos y parlamentos estatales.

No caben suspicacias. La consulta recién formulada por los 23 senadores enriquecerá el debate, y la Convención Constitucional, órgano plenamente autónomo, resolverá, en definitiva.”

                                           Tomado de diario La Tercera.cl

viernes, 21 de enero de 2022

EL PLAZO PARA CONTESTAR LA DEMANDA SERÁ DE 18 DÍAS EN EL JUICIO ORDINARIO, MÁS LA TABLA DE EMPLAZAMIENTO SI PROCEDIERE

 

EL PLAZO PARA CONTESTAR LA DEMANDA SERÁ DE 18 DÍAS EN EL JUICIO ORDINARIO, MÁS LA TABLA DE EMPLAZAMIENTO SI PROCEDIERE

Chile, 30 de noviembre 2021

                                                      Por redacción de Diario Constitucional

 

“En el juicio ejecutivo el plazo para oponer excepciones se fija en 8 días contados del requerimiento de pago.

La nueva legislación tiene por finalidad modernizar el acceso a la justicia, hacerlo más expedito, rápido y ágil, limitando la presencia física de las personas por motivos sanitarios.”

 

“Para enfrentar la pandemia en el sistema de justicia, la Ley N° 21.226, de fecha 2 de abril de 2020, estableció un régimen jurídico de excepción, para los procesos judiciales, en las audiencias y en las actuaciones judiciales, y para los plazos y el ejercicio de acciones judiciales.

 

La Ley Nº 21.394 de fecha 30 de noviembre de 2021, reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción de catástrofe por calamidad pública. En tal sentido persigue modernizar el acceso a la justicia, hacerlo más expedito, rápido y ágil, limitando la presencia física de las personas por motivos sanitarios, de modo que la Administración de Justicia pueda responder adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía, lo que no solo es requerido para la mantención de la paz social, sino que también porque lo exige el Estado de Derecho.

 

Una de las modificaciones que introduce el citado cuerpo legal, dice relación con el plazo para contestar la demanda en el juicio ordinario y para oponer excepciones en el juicio ejecutivo.

 

El plazo para contestar la demanda será ahora de 18 días en el juicio ordinario. No obstante, se mantiene el aumento del plazo conforme la tabla de emplazamiento para aquellas notificaciones que deban realizarse fuera del territorio jurisdiccional del tribunal.

 

Para ello se modifica el inciso tercero del artículo 41 del Código de Procedimiento Civil, que actualmente señala:

 

“Si la notificación se realizare en día inhábil, los plazos comenzarán a correr desde las cero horas del día hábil inmediatamente siguiente, y si se hubiere practicado fuera de la comuna donde funciona el tribunal, los plazos se aumentarán en la forma establecida en los artículos 258 y 259”.

 

El nuevo texto de esta disposición indica que:

“Si la notificación se realizare en día inhábil, los plazos comenzarán a correr desde las cero horas del día hábil inmediatamente siguiente, y si se hubiere practicado fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, los plazos se aumentarán en la forma establecida en el artículo 259”.

 

Se elimina así la distinción asociada a si la notificación se practica en la comuna que funciona el tribunal o fuera de la comuna, pero dentro de su territorio jurisdiccional, de modo que el plazo para contestar la demanda en el juicio ordinario queda fijado en 18 días.

 

Lo anterior conlleva a la modificación de los artículos 258 y 259 del Código de Procedimiento Civil.

 

Así, el artículo 258 de ese cuerpo legal queda redactado de la siguiente forma:

 

“El término de emplazamiento para contestar la demanda será de dieciocho días si el demandado es notificado en el territorio jurisdiccional en que se haya presentado la demanda.”

 

A su vez, el inciso primero del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil queda redactado de la siguiente forma:

 

“Si el demandado se encuentra en un territorio jurisdiccional diverso o fuera del territorio de la República, el término para contestar la demanda se aumentará de conformidad al lugar en que se encuentre. Este aumento será determinado en conformidad a una tabla que cada cinco años formará la Corte Suprema con tal objeto, tomando en consideración las distancias y las facilidades o dificultades que existan para las comunicaciones.”

 

El plazo para oponer excepciones en el juicio ejecutivo, se fija en ocho días, para lo cual se modifica el artículo 459 del Código de Procedimiento Civil, quedando redactado de la siguiente manera:

 

“Si el deudor es requerido de pago en el territorio jurisdiccional del tribunal en que se interpuso la demanda, tendrá el término de ocho días útiles para oponerse a la ejecución.”

 

Consideraciones del Tribunal Constitucional conociendo en control preventivo de las modificaciones referidas (STC ROL 12.300).

En relación a la modificación introducida a los artículos 258 y 41 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal Constitucional estimó que no revestían caracteres de ley orgánica constitucional por no incidir lo que en esas disposiciones legales se regula en una materia propia de la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.”