DOCTRINA DE LA SALA CONSTITUCIONAL
SOBRE EL FRAUDE PROCESAL
Sala Constitucional N° 218 – 11/3/2026
Publica Abg. Rafael Medina Villalonga
“Ello así, es de hacer notar respecto
al sentido y alcance del fraude procesal, esta Sala, en su
sentencia n.° 908, del 4 de
agosto de 2000, estableció lo siguiente:
“(…) a partir del vigente Código de Procedimiento Civil, en forma
genérica y no puntual, el dolo procesal y sus efectos aparece recogido en el
ordenamiento procesal, cuando el ordinal 1° del artículo 170 crea en
las partes el deber de veracidad (exponer los hechos de acuerdo a la verdad),
mientras que el artículo 17 al desarrollar el deber de lealtad
y probidad en el proceso por parte de los litigantes, ordena la prevención de
la colusión y el fraude procesal (máximo exponente del
dolo procesal).
Aparece así, como categoría propia y muestra del dolo procesal
(entendido en un sentido amplio), el fraude procesal,
resultando impretermitible establecer, si éste sólo puede ser
perseguido ‘con las medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes a
prevenir o a sancionar’, lo que podía ser interpretado desde un punto de vista
estricto: que su sanción se logra sólo con los medios prevenidos
expresamente para obrar dentro del proceso, o si su interpretación
debe ser más amplia, y el dolo en todas sus manifestaciones puede ser impedido
y enervado con los medios sancionatorios generales, dispuestos en la ley.
A juicio de esta Sala, al crearse como categorías específicas la colusión
y el fraude procesales, dentro de los principios o disposiciones
fundamentales del Código de Procedimiento Civil que rigen el proceso, tales
conductas deben ser interpretadas como reprimibles en forma general,
independientemente de los correctivos específicos que aparecen en las leyes,
ya que el legislador en lugar de perseguir actuaciones puntuales, como lo hizo
hasta la vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1916, ha establecido una
declaración prohibitiva general, la que a su vez se conecta con la tuición del
orden público y las buenas costumbres a cargo del juez en el proceso (artículo
11 del Código de Procedimiento Civil); y que en estos momentos también se
conecta con el derecho a la tutela judicial efectiva, del cual deben gozar los
que acceden a los órganos judiciales, al igual que a obtener de éstos una
justicia idónea, transparente y eficaz (artículos 26 y 257 de la vigente
Constitución). En consecuencia, el fraude procesal (dolo) puede ser
atacado con el fin de hacerle perder sus efectos, sin necesidad de
acudir a especiales supuestos de hecho señalados en la ley, para específicas
situaciones, las cuales de todos modos siguen vigentes…”. (Resaltados añadidos).
(…)
“(…) El fraude procesal o dolo genérico tiene especies, tales
como el dolo específico (puntual), la colusión, la simulación y hasta el abuso
de derecho, como infracción al deber de lealtad procesal, y dados los alegatos
y referencias del accionante en su confuso escrito de amparo, es el fraude
procesal el que debe analizar en este caso esta Sala. El
se encuentra contemplado en el artículo 17 aludido, el cual reza:
“El Juez deberá tomar de oficio o a petición de parte, todas las medidas
necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a sancionar las
faltas a la lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética
profesional, la colusión y el fraude procesales, o cualquier acto contrario a
la majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes.”
Las medidas necesarias establecidas en la ley, son tanto las
particulares para situaciones prevenidas, como las de efectos generales,
nacidas de las instituciones jurídicas.
El fraude procesal puede ser definido como las
maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso, o por medio
éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los
sujetos procesales, a impedir la eficaz administración de justicia, en
beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de tercero. Estas
maquinaciones y artificios pueden ser realizados unilateralmente por un
litigante, lo que constituye el dolo procesal stricto sensu, o
por el concierto de dos o más sujetos procesales, caso en que surge la
colusión; y pueden perseguir la utilización del proceso como instrumento ajeno
a sus fines de dirimir controversias o de crear determinadas situaciones
jurídicas (como ocurre en el proceso no contencioso), y mediante la apariencia
procedimental lograr un efecto determinado; o perjudicar concretamente
a una de las partes dentro del proceso, impidiendo se administre justicia
correctamente…”. (Resaltado
añadido).
(…).
“(…) Cuando el fraude ocurre dentro de un solo
proceso, puede detectarse y hasta probarse en él, ya que allí pueden estar
todos los elementos que lo demuestren; pero la situación cambia cuando
el fraude es producto de diversos juicios, donde los incursos en colusión
actúan cercando a la víctima, y donde las partes de los procesos son distintas,
excepto la víctima y tal vez uno de los incursos en colusión. Pretender que en
cada proceso haya que plantear por vía incidental el fraude, es dejar indefensa
a la víctima, ya que en cada uno de ellos no se podrá alegar la colusión de las
diversas personas que conforman el círculo artero, puesto que ellas pueden no
ser partes en todos los juicios, y mal podría declararse el fraude múltiple
producto de la combinación entre ellos, sin oírlos. De allí, que en supuestos
como éstos, la única manera de constatarlo es mediante una demanda que englobe
a todos los partícipes, donde -además- se les garantiza el derecho de
defensa. Nacen así, dos vías procesales para enervar el dolo
procesal en general, de acuerdo con la situación como se manifiesta,
una acción principal o un incidente dentro del proceso donde tiene
lugar, si ello fuese posible”. (Destacado añadido).
(…)
“(…) siempre hay que distinguir, en materia de fraude
procesal, entre dolo procesal específico (estricto), donde
uno de los sujetos procesales, en uno o varios actos, trata de
perjudicar ilegítimamente a otro, sin que haya un concierto entre
varios ‘litigantes o intervinientes’, y el fraude procesal o colusión en
sentido amplio, que implica el concierto de varios sujetos procesales (lo que
puede incluir jueces).
Pero cuando el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, considera
el fraude procesal como una categoría propia y particular, proyectada hacia el
proceso, lo separa como forma concreta de figuras con las cuales se conecta y
que son más generales, como el fraude a la ley y la simulación.
Muchos fraudes procesales involucran un fraude a la ley, ya que se
utiliza a ésta, a las formas procesales que ella crea, como artificio, dando
una apariencia de legalidad a las maquinaciones; pero además, tales
artificios son formas de simular lo que se esconde, de allí que autores como
Walter Zeiss (El Dolo Procesal. EJEA. Buenos Aires 1979), lo
denominen ‘simulación procesal’.
Cuando el dolo procesal estricto es detectado, por aplicación del
artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, el remedio es la
nulidad de los actos dolosos, declaración que puede
plantearse en el proceso donde aquél ocurre, o cuya declaración se
logra por la vía de la invalidación, si fuere el caso, como lo prevén los
ordinales 1° y 2° del artículo 328 eiusdem…”. (Resaltados añadidos).
(…).
“(…) Las figuras específicas del artículo 17 del Código de
Procedimiento Civil (fraude procesal y colusión), no puede pensarse
que hayan sido diseñadas para su aplicación únicamente a los procesos en
marcha. Se trata de un deber procesal amplio que hay que cumplir, y que
mediante el juicio ordinario puede dar lugar a que se declare: la inexistencia
de los procesos fraudulentos y la anulación de los actos o causas fingidas, ya
que ellos no persiguen dirimir controversias en un plano de igualdad entre
partes. Si el juez detecta de oficio el fraude puede declararlo,
tal como lo hizo esta Sala en fallo de fecha 9 de marzo de 2000 (expediente N°
00-0126), y antes lo había dispuesto así la Sala de Casación Civil de la
extinta Corte Suprema de Justicia, en fecha 24 de abril de 1998 (caso
Andrés Asdrúbal Páez vs. Constructora Concapsa C.A.); en
consecuencia, no hay razón para que las partes, víctimas del dolo,
no puedan solicitarlo…”. (Resaltados añadidos).
(…)
“(…) La declaratoria de la nulidad, con su secuela:
la pérdida de efecto de los procesos forjados, viene a ser la
medida necesaria tendente a sancionar la colusión y el
fraude procesal, a que se refiere el artículo 17 antes aludido, y que
si bien es cierto (la nulidad) no está prevista expresamente en la ley, es
ella el resultado lógico y natural de la sanción al fraude, contemplada
en figuras cuya aplicación analógica es posible, como la invalidación en
proceso el civil, o la revisión en el penal…”. (Destacados añadidos en
esta decisión).
(…)
“(…) Cuando el dolo procesal es puntual, dirigido
hacia determinados actos procesales, las partes perjudicadas pueden
atacarlo dentro del proceso, y no es necesario ni siquiera acudir
al amparo constitucional, ya que el dolo o el fraude van a surtir efectos en la
sentencia definitiva y antes que ella se dicte dentro del proceso,
pueden repelerse sus efectos perjudiciales. El legislador tomó en
cuenta algunos de estos actos dolosos particulares, como causales de
invalidación o revisión, en juicios donde ya existe cosa juzgada”.
“Entonces, del
análisis sistemático del precedente jurisprudencial antes transcrito, se puede
inferir que esta Sala Constitucional fijó los siguientes lineamientos
interpretativos:
1. A
partir del vigente Código de Procedimiento Civil, en forma genérica y no
puntual, el dolo procesal y sus efectos aparece recogido en el ordenamiento
procesal, cuando el ordinal 1° del artículo 170 crea en las partes el deber de
veracidad (exponer los hechos de acuerdo a la verdad), mientras que el artículo
17 al desarrollar el deber de lealtad y probidad en el proceso por parte de los
litigantes, ordena la prevención de la colusión y el fraude procesal (máximo
exponente del dolo procesal).
2. Al
crearse como categorías específicas la colusión y el fraude procesales, dentro
de los principios o disposiciones fundamentales del Código de Procedimiento
Civil que rigen el proceso, tales conductas deben ser interpretadas como
reprimibles en forma general, independientemente de los correctivos específicos
que aparecen en las leyes.
3. El
fraude procesal (dolo) puede ser atacado con el fin de hacerle perder sus
efectos, sin necesidad de acudir a especiales supuestos de hecho señalados en
la ley, para específicas situaciones, las cuales de todos modos siguen
vigentes.
4. El
fraude procesal puede ser definido como las maquinaciones y artificios
realizados en el curso del proceso, o por medio éste, destinados, mediante el
engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, a impedir
la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en
perjuicio de parte o de tercero.
5. Cuando
el fraude ocurre dentro de un solo proceso, puede detectarse y hasta probarse
en él, ya que allí pueden estar todos los elementos que lo demuestren.
6. Existen
dos vías procesales para enervar el dolo procesal en general, de acuerdo con la
situación como se manifiesta, una acción principal o un incidente dentro del
proceso donde tiene lugar, si ello fuese posible.
7. Siempre
hay que distinguir, en materia de fraude procesal, entre dolo procesal
específico (estricto), donde uno de los sujetos procesales, en uno o varios
actos, trata de perjudicar ilegítimamente a otro, sin que haya un concierto
entre varios “litigantes o intervinientes”, y el fraude procesal o colusión en
sentido amplio, que implica el concierto de varios sujetos procesales (lo
que puede incluir jueces).
8. Cuando
el dolo procesal estricto es detectado, por aplicación del artículo 17 del
Código de Procedimiento Civil, el remedio es la nulidad de los actos dolosos,
declaración que puede plantearse en el proceso donde aquél ocurre.
9. No
hay razón para que las partes, víctimas del dolo, no puedan solicitarlo.
10. La
declaratoria de nulidad, con su secuela: la pérdida de efecto de los procesos
forjados, viene a ser la medida necesaria tendente a sancionar la colusión y el
fraude procesal, a que se refiere el artículo 17 antes aludido, y que si bien
es cierto (la nulidad) no está prevista expresamente en la ley, es ella el
resultado lógico y natural de la sanción al fraude, contemplada en figuras cuya
aplicación analógica es posible, como la invalidación en proceso el civil, o la
revisión en el penal.
11. Cuando
el dolo procesal es puntual, dirigido hacia determinados actos procesales, las
partes perjudicadas pueden atacarlo dentro del proceso, y no es necesario
ni siquiera acudir al amparo constitucional, ya que el dolo o el fraude van a
surtir efectos en la sentencia definitiva y antes que ella se dicte dentro del
proceso, pueden repelerse sus efectos perjudiciales”.
“Este criterio,
ha sido ratificado reiteradamente por esta Sala en sentencias 2.749 del 27 de
diciembre de 2001; 3.620 del 6 de diciembre de 2005; 2.449 del 18 de diciembre
de 2006; 1242 del 28 julio 2008; 1042 del 18 de julio de 2012; y
1.853, del 17 de diciembre de 2014, entre otras, en las cuales este órgano
jurisdiccional ha declarado la existencia del fraude procesal, con la
consiguiente declaratoria de nulidad de las actuaciones que han sido producto
del mismo”.
