REPRESENTACIÓN
EN JUICIO POR QUIEN NO ES ABOGADO
Actualizada el
8 de noviembre 2026
Sala
Constitucional N° 338 – 25/3/20226
CRÍTICA DE
LAS DECISIONES JUDICIALES N° 28
Publica Abg.
Rafael Medina Villalonga
La Sala Constitucional declaró en este
caso, nula la sentencia del tribunal Superior porque supuestamente había
violado los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados, 150, 154 y 166 del Código de
Procedimiento Civil.
Señala la sentencia de la Sala
Constitucional que aquí criticamos:
“Por su parte, el Juzgado Superior Octavo (…), respecto al poder
mediante el cual se facultó a la abogada M. G. C. N., (…), para instaurar la
presente demanda, en representación del ciudadano V. L. F. H., (…), se puede
verificar que el poderdante cumplió la exigencia del artículo 155 del Código de
Procedimiento Civil, (…) razón por la cual, el poder que otorgara el ciudadano
A. F. M., en nombre del ciudadano V. L. F. H., a la Abogada M. G. C. N., es
válido en derecho, en consecuencia, se desecha la denuncia planteada por la
parte demandada (…)”.
Este criterio del tribunal Superior es
el acertado en derecho y cumple con los lineamientos de los artículos 3 y 4 de
la Ley de Abogados y 150, 154 y
166 del Código de Procedimiento Civil.
El artículo 3 de la Ley de
Abogados, en su único aparte expresa:
“Los representantes
legales de personas o derechos ajenos, los presidentes o representantes de
sociedades cooperativas, asociaciones o sociedades civiles o mercantiles que no
fueren abogados, no podrán comparecer en juicio a nombre de sus representados
sin la asistencia de abogados en ejercicio.”
Contrario a lo que afirma la Sala
Constitucional, “Los representantes legales de personas o derechos ajenos…”,
SÍ “podrán comparecer en juicio a nombre de sus representados” con
la asistencia de abogados en ejercicio.
El padre o la madre del menor de edad,
por ejemplo, o el tutor del entredicho… podrán estar en juicio en representación
de esos incapaces con la sola asistencia de un abogado o mediante la representación
con poder otorgado a ese abogado.
El artículo 4 de la Ley de Abogados
lo expresa en forma dramática:
“Toda persona puede
utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus
derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en
juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la
representación por disposición de la ley o en virtud de contrato,
deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el
proceso”.
Veamos: “cuando se trate de quien
ejerza la representación (…) en virtud de contrato…”, podrá “estar
en juicio como actor o como demandado”, con la sola asistencia o por
medio de poder de representación otorgado a un abogado.
El artículo 1.684 del Código Civil,
dispone: “El mandato es un contrato…”. El poder es un mandato, luego, el poder es un contrato.
En consecuencia, si el ciudadano V.
L. F. H, le confirió al ciudadano A. F. M (quien
no es abogado) un poder para que ejerciera su representación en juicio, el
ciudadano A.F.M. actuó ajustado a derecho cuando otorgó el poder a la abogada
M. G. C. N. para que defendiera los derechos e intereses de su representado
y, el poder ejercido por la abogada M. G. C. N. es
jurídicamente válido y procesalmente suficiente para ejercer la defensa de
los derechos e intereses del ciudadano V. L. F. H., lo cual hace válida
la demanda anulada indebidamente por la Sala Constitucional
La Sala detalla esta situación
jurídica:
“De tal forma que, cuando
una persona, sin que sea abogado, ejerce poderes judiciales, incurre en una
manifiesta falta de representación, al carecer de esa especial capacidad de
postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el
ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que preceptúan la Ley de
Abogados y demás leyes de la República, así se estableció en el fallo n.°
1.674 del 2 de diciembre de 2009”.
En el anterior párrafo se condensa el
error de interpretación en que incurrió la Sala Constitucional al tergiversar
el criterio de la misma Sala, expresado “en el fallo N° 1.674 del 2 de
diciembre de 2009”.
En el fallo de 2009, se lee:
“…cuando una
persona, sin que sea abogado, ejerce poderes judiciales,
incurre en una manifiesta falta de representación, (Subrayado de quien
publica).
Resulta que, el ingeniero A. F. M, poderdante
de la abogada M. G. C. N., no ejerció “poder
judicial” en el juicio, sino que otorgó un poder autenticado en Notaría
a una abogada para que defendiera los derechos e intereses de su propio
representado. Pero, según el error de interpretación en que incurrió la Sala Constitucional,
el poderdante de la abogada había ejercido poder judicial en juicio sin
ser abogado.
En el siguiente párrafo, la Sala ahonda
en su error de interpretación de las normas jurídicas en que fundamenta su
lamentable sentencia:
“… por ello, visto que en la presente causa se incurrió en una
manifiesta falta de representación por no ostentar tal capacidad procesal de
postulación atribuida a todo abogado que no esté inhabilitado para el libre
ejercicio de su profesión, cuya consecuencia era la declaratoria de
inadmisibilidad de la demanda (…) conforme con lo establecido en los artículos 150, 154 y 166 del Código de Procedimiento Civil y artículos 3
y 4 de la Ley de Abogados. (Ver sentencias nros. 302/2025 y 289/2025). Así se
decide”.
“En virtud de lo
anterior, esta Sala, (…) por cuanto se constató de las actas procesales que
conforman el presente expediente la vulneración flagrante de derechos
constitucionales y visto que la demanda (…), incurrió en una causal de
inadmisibilidad de conformidad con lo previsto en el artículo 341 del Código de
Procedimiento Civil, por lo que esta Sala procede a declarar
inadmisible la acción de marras. Así se decide”.
(…).
En el párrafo final, la Sala apercibe
a los jueces:
“Finalmente, esta Sala Constitucional apercibe a los jueces de
los órganos jurisdiccionales indicados en el párrafo anterior, para que en el futuro sean más acuciosos en el análisis y la
tramitación de las causas sometidas a su conocimiento, teniendo en
consideración los criterios jurisprudenciales de esta Sala. Así se decide”.
¡Que ironía!
“Summum ius summa inuria”.
Marco Tulio Cicerón.
