Via Lucis
CESIÓN
DE CRÉDITO, NOTIFICACIÓN AL DEUDOR CEDIDO Y CONDENA EN COSTAS
Tomado
de Maximario de Jurisprudencia N° 34
Corte
Suprema de Justicia
Publica
Abg. Rafael Medina Villalonga
Sala de Casación Civil 17-5-1989
Gaceta Forense N° 144,
Vol. IV, 3°E, Pág. 2188
Sala de Casación Civil 1-5-1989
Gaceta Forense N° 144,
Vol. IV, 3°E, Pág. 2188
Sala de Casación Civil 17-5-1989
Gaceta Forense N° 144,
Vol. IV, 3°E, Pág. 2189
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR - DELITO COMODÍN DE LOS
FISCALES MP
Sala Constitucional N°227 – 11/3/2026
Publica Abg. Rafael Medina Villalonga
“El
numeral 9 define la delincuencia organizada como la acción u omisión de tres o
más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los
delitos establecidos en dicha Ley para obtener un beneficio económico o de
cualquier índole. Por su parte, el numeral 12 precisa que el “Grupo
estructurado” es aquel “formado deliberadamente para la comisión
inmediata de un delito”. Esta normativa nacional guarda perfecta armonía
con el artículo 2, literal c) de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), el cual aclara
que un grupo estructurado no se forma fortuitamente para la comisión inmediata
de un delito, sino que exige una planificación dirigida a subvertir el orden legal
de forma sistemática”.
“Bajo
este rigor normativo, esta Sala observa que el Ministerio Público incurre en un
error de subsunción de gravedad constitucional al pretender criminalizar el
concierto funcional de un organigrama empresarial preexistente y lícito, como
lo es el del Hotel Hesperia WTC Valencia. No consta en las actas procesales que
los ciudadanos investigados se hayan asociado “deliberadamente” para conformar
una estructura criminal; por el contrario, su vínculo es de naturaleza
estrictamente profesional, derivado de cargos debidamente conferidos en una
sociedad mercantil legítima”.
“Asimismo,
el numeral 10 del artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo limita la aplicación de esta ley a
los denominados “delitos graves”, definiendo como tales a “aquellos
cuya pena corporal privativa de libertad exceda de cinco años de prisión o
afecten intereses colectivos y difusos”. Si bien la Convención de Palermo
en su artículo 2, literal b), establece un estándar internacional de pena no
inferior a cuatro años para el "delito grave", la aplicación de la
asociación en el caso sub iudice pierde su presupuesto
necesario al haberse demostrado la atipicidad de la estafa. Al no existir un
delito base que supere el umbral de gravedad y que haya sido cometido por una
estructura criminal real, la calificación de asociación queda vacía de
contenido”.
“En
definitiva, esta Sala advierte que el Ministerio Público ha incurrido en una
calificación forzada con el objeto de sostener una pretensión punitiva que
genere, de manera automática, una medida restrictiva de libertad, toda vez que
el delito de asociación acarrea una pena de seis a diez años de prisión. Al no
verificarse la existencia de una finalidad criminal autónoma, se evidencia un
intento de castigar a través del proceso penal una controversia que carece del
elemento de estabilidad delictiva que la Convención de Palermo y la ley
sustantiva exigen. Pretender que la toma de decisiones administrativas
—debidamente registradas en el sistema operativo del hotel y aprobadas por la
Asamblea de Accionistas— constituya crimen organizado, vulnera el principio de
tipicidad y la seguridad jurídica, pues se intenta criminalizar una gestión
mercantil cuya resolución corresponde exclusivamente a la jurisdicción civil”.
“No
puede esta Sala Constitucional pasar por alto una práctica que se ha tornado
recurrente en el sistema de justicia penal, consistente en la utilización del
delito de asociación como un mecanismo artificial de agravación punitiva. Se
observa con preocupación cómo, ante hechos que por su propia naturaleza no
darían lugar a la imposición de medidas privativas de libertad, se recurre a la
imputación de este tipo penal especial con el único propósito de alcanzar un
estándar de pena que asegure, de manera casi automática, la restricción de la
libertad del investigado durante el proceso”.
“Bajo
esta perspectiva pedagógica, debe recordarse que el Derecho Penal se rige por
los principios de ultima ratio, de legalidad estricta y
restrictiva, por lo que la calificación de asociación para delinquir no debe
ser instrumentalizada como un recurso estratégico por parte del titular de la
acción penal para subvertir la regla general de la libertad. Una imputación de
tal magnitud exige la verificación rigurosa de una estructura criminal con
finalidad autónoma y el análisis exhaustivo de los distintos grados de
participación de los sujetos”.
“En
consecuencia, esta figura no puede ser utilizada para dotar de una gravedad
aparente a controversias que son, en esencia, de naturaleza civil, mercantil o
de cualquier otra índole que carezca de los elementos de estabilidad y permanencia
delictiva, so pena de desnaturalizar los fines de la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y vulnerar el debido
proceso, la seguridad jurídica y el sistema de libertades ciudadanas”.
DEFINICÓN
DEL DELITO DE STAFA POR SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
Sala
Constitucional N° 27 – 11/3/2026
Publica
Abg. Rafael Medina Villalonga
“Sin embargo,
la Sala observa que, para que se verifique el delito de estafa, debe existir
una relación de causalidad ininterrumpida entre el artificio, el error, la
disposición patrimonial y el provecho injusto”.
“En
este mismo orden, la doctrina, siguiendo a Hernando Grisanti Aveledo en su
obra “Manual de Derecho Penal, Parte Especial” (Vigésima Séptima
Edición, págs. 299 al 311), sostiene que la estafa requiere de una conducta
engañosa que, con ánimo de lucro injusto, induzca a error a una persona para
que esta realice un acto de disposición en perjuicio de su patrimonio”.
“En
este sentido, la doctrina internacional —representada por Antón Oneca en
la 'Nueva Enciclopedia Jurídica' (t. IX, pág. 57)— define este
ilícito como la conducta que, al determinar un error en el sujeto pasivo, lo
induce a realizar un acto de disposición con un consecuente perjuicio
patrimonial. Por su parte, Sebastián Soler en su obra 'Derecho Penal
Argentino' (t. VI, pág. 284), destaca que se trata de una disposición
patrimonial lograda mediante ardides tendientes a obtener un beneficio indebido”.
“De
estas definiciones se desprenden los elementos concurrentes y necesarios para
su configuración: i) El Artificio: definido por Manzini como
toda astuta simulación o disimulación apta para engañar, generando una falsa
apariencia material; ii) El Error: entendido como la falsa
representación de la realidad inducida por los medios fraudulentos; iii)
El Provecho Injusto: cualquier beneficio económico o moral que el
sujeto activo deriva de su conducta sin motivo legítimo; y iv) El
Perjuicio Ajeno: consistente en el daño económico, jurídicamente
apreciable y correlativo al provecho obtenido”.
“Bajo
esta misma línea, la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de
Justicia, en sentencia Nº 363 del 9 de agosto de 2010, ha ratificado que la
estafa se caracteriza primordialmente por el dolo inicial o precedente a la
recepción de la cosa. El criterio jurisprudencial establece que el artificio
debe ser una conducta activa desplegada y suficiente para llevar al engaño,
debiendo existir un "vaso comunicante" o vínculo directo entre el
artificio que provoque el error y la prestación perjudicial”.
“En
definitiva, la estafa es un delito doloso donde el agente actúa con voluntad y
conciencia para obtener un provecho injusto con perjuicio de otro. Por tanto,
no se concibe la existencia de este tipo penal si la disposición patrimonial no
es consecuencia directa de un error provocado por una artimaña previa,
elementos que resultan fundamentales para analizar la tipicidad de los hechos
que constan en el presente expediente. De allí tenemos, que la Estafa es todo
artificio, artimaña para provocar que otra persona incurra en error y así
generar un beneficio económico para sí o tercera persona”.
ARENDAMIENTO
COMERCIAL, ARBITRAJE Y CONTROL DIFUSO CONSTITUCIONAL
Sala
Constitucional N° 207 – 11/3/2026
Publica
Abg. Rafael Medina Villalonga
“Así, visto que el mandamiento constitucional a que se refiere el
artículo 258 impone el desarrollo, promoción y sana operatividad de los medios
alternativos para la resolución de conflictos en el foro venezolano (que
compele tanto al legislador como al operador judicial), toda norma
legal o interpretación judicial que lo contraríe debe considerarse reñida al
texto fundamental y, por tanto, inconstitucional. Así se
declara’. (Resaltado y
subrayado añadido)”.
“De donde se colige que, el carácter imperativo, irrenunciable y de
orden público de ciertas normas en materia de arrendamiento de inmuebles
destinados al uso comercial, no es óbice para que las partes (arrendador y
arrendatario) puedan ejercer su derecho fundamental de someter a arbitraje las
controversias que puedan surgir, o que surjan entre ellos con motivo de la
relación arrendaticia, tales como, las demandas por desalojo, cumplimiento o
resolución de un contrato de arrendamiento, reintegro de alquileres pagados en
exceso, reintegro de depósito en garantía, ejecución de garantías, prórroga
legal, retracto legal arrendaticio y cualquier otra acción derivada de una
relación arrendaticia, claro está, siempre que se trate de un arbitraje de
derecho, el cual obliga al árbitro a utilizar las normas sustantivas previstas,
en este caso, en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación
del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial”.
“Lo anterior, en modo alguno implica la desaparición de la justa y
equilibrada tuición que requiere el débil jurídico en estos casos y, que se
encuentra establecida en la legislación especial, así como tampoco el anular el
ejercicio de competencias administrativas atribuidas al Ministerio del Poder
Popular para la Industria y el Comercio y a la Superintendencia Nacional para
la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDEE), tales como las previstas
en los artículos 5, 7, 22, 31 y 32 del mencionado Decreto Ley”.
“La ampliación del arbitraje a sectores tradicionalmente considerados
ajenos a su ámbito de aplicación es la tendencia moderna, lo cual resulta
plenamente acorde con el espíritu, propósito y razón de los artículos 253 y 258
de nuestra Carta Magna, en contraposición a lo que ocurre con lo dispuesto
en el artículo 41, literal ‘j’ del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley, que en lugar de promover, impulsar o favorecer este medio alternativo de
resolución de conflictos, lo rechaza de plano y de forma tajante coarta e
impide su admisibilidad, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en las normas
constitucionales antes citadas, así como a los criterios vinculantes sentados
por esta Sala Constitucional en sentencias números 192/2008; 1.541/2008 y
1.067/2010”.
La sentencia parcialmente transcrita estableció que el arbitraje,
constituye un medio alternativo de solución de conflictos, y que su uso debe
ser estimulado, particularmente en materia arrendataria.
“Así las cosas, para esta Sala no hay dudas que en caso de autos
existe una cláusula compromisoria de arbitraje comercial contenida en un
contrato privado, suscrito entre las ciudadanas Corina Mercedes Rojas Cauro y
María Del Rosario Rojas Alvarado, antes identificadas donde señalaron: “DÉCIMA
TERCERA: En todo lo concerniente a la aplicación e interpretación de este
contrato, las partes se apegarán en primer lugar a las normas contenidas en el
mismo, y de no lograrse la resolución del conflicto las resoluciones de las
diferencias serán dirimidas por la vía del arbitraje”.
“Conforme a lo antes expuesto, esta
Sala señala que las partes, en ejercicio del principio de la autonomía de la
voluntad, consagrado en el artículo 1.159 del Código Civil, decidieron someter
las controversias que pudiesen surgir entre ellas a la decisión de un tribunal
arbitral, sin que exista renuncia tácita a dicha cláusula de alguna de las partes,
razón suficiente para concluir que la acción planteada debe ser admitida,
sustanciada y decidida por un tribunal de arbitraje”.
“Ello así, en el presente caso,
la sentencia sometida a revisión, justamente, desaplicó el literal J del
artículo 41 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del
Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, que excluye los
conflictos que versan sobre arrendamiento comercial del arbitraje, lo cual,
conforme al citado criterio, colide con las disposiciones contenidas en los
artículos 253 y 258 del Texto Fundamental”.
“Por tanto, de acuerdo a la
citada doctrina, debe declararse conforme a derecho la desaplicación
de literal J del artículo 41 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. Así se
decide”.
IV
DECISIÓN
“Por las razones que anteceden
esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando
justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara:
“1. COMPETENTE para
conocer de la desaplicación por control difuso de la
constitucionalidad del literal J del artículo 41 del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso
Comercial, realizada por la Sala Político-Administrativa de este Alto Tribunal,
en la decisión dictada el 31 de octubre de 2024, signada con el número 00828.
“2. CONFORME A DERECHO la
desaplicación.
