SE BUSCA CONSERVADOR DE SANTIAGO: CARGO VITALICIO
CON RENTA SUPERIOR A LOS $2 MIL MILLONES ANUALES
Chile, 23 de agosto 2022
Por Roberto
Bruna / elmostrador.cl
“Pasan los meses y el Presidente Gabriel Boric
aún no procede a designar al nuevo conservador de Hipotecas y Gravámenes, una
de las tres divisiones que integra el Conservador de Bienes Raíces (CBR) de
Santiago. Este cargo es el más codiciado del sistema auxiliar de justicia, cuya
renta podría alcanzar hasta los 180 millones de pesos mensuales, casi 20 veces
lo que gana un Presidente de la República.”
“La papa es caliente y en
La Moneda parece que no quieren tomarla, aun cuando el paso es ineludible. Mal
que mal, se trata de nombrar a una persona que puede “percibir por lo bajo unos
150 millones de pesos, cosa que es impresentable en el Chile de hoy”, dice una
fuente al interior de la Corte de Apelaciones de Santiago, la institución a
cargo de elaborar la terna de aspirantes a ocupar el cargo más codiciado como
auxiliar de la administración de justicia: el Conservador de Hipotecas y
Gravámenes de Santiago, puesto que quedó vacante tras el fallecimiento –en
agosto del año pasado– de Edmundo Rojas García, quien ejerció esa labor por
alrededor de 50 años.
La muerte del conservador
reflotó un tema con varias aristas que resultan incomprensibles para el común
de los chilenos. Se trata de uno de los tres cargos que integran el Conservador
de Bienes Raíces (CBR), una institución añosa en manos de abogados que han
tenido cierta trayectoria en el ámbito notarial y registral. Los otros dos son
el conservador a cargo del Registro de Propiedad y Comercio, que hoy ocupa Luis
Maldonado Croquevielle; y el conservador que controla el Registro de
Prohibiciones e Interdicciones de Enajenar, labor en manos de Kamel Saquel
Zaror. Estos tres cargos son vitalicios, una de sus varias singularidades.
Pese a que la terna fue
presentada el 7 de marzo, el Gobierno de Chile aún no se pronuncia, y todo
parece indicar que postergará el nombramiento, extendiendo así el interinato
que el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, le
confirió a Francisco Leiva, quien se desempeñaba como titular de la Segunda
Notaría de Santiago. Un conocedor del proceso sostiene que no solo es
problemático por el hecho de designar a una persona que “percibirá un botín de
150 millones de pesos mensuales por lo bajo, y más encima limpios de polvo y
paja”, en un país con tantos desequilibrios e inequidades, sino también por las
presiones que se ejercen desde diversos sectores “para quedarse con ese botín”
y, para colmo, por los antecedentes que tienen los tres candidatos: Camila Jorquiera Monardez, actual
conservadora de Bienes Raíces y Archivera Judicial Titular de Talca; Carlos Miranda Jiménez, notario y
conservador de Minas Titular de Concepción; y Tomás
Jarpa Concha, conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial
Titular de Copiapó.
“Las
personas no saben los intereses que hay detrás de cada candidato, porque los
tres tienen sus padrinos y vínculos. Camila Jorquiera pasó hace muy poco de
tiempo de Coyhaique a Talca y ya está aspirando al cargo más apetecido,
arrastrando una serie de sanciones por parte de la Corte Suprema”, señala una fuente
al interior del Palacio de Justicia, quien recordó el castigo que recibió luego
de que un mecánico analfabeto la acusara de estafarlo con una parte del premio
de $580 millones que recibió tras ganar el Loto, hecho que se remonta a 2011,
situación que Jorquiera desmintió en su minuto, asegurando que todo se trató de
un error administrativo. Otra fuente sostiene que “para todos fue fuerte saber
que la Corte de Apelaciones y quienes empujaban su candidatura no tuvieran a la
vista este antecedente. Se les pasó un pequeño detalle”, indica. Dentro de sus
padrinos y madrinas se contaría a Ximena Rincón.
¿Y de los demás? “Los
otros también tienen antecedentes o vinculaciones complicadas para el
Gobierno". Carlos Miranda, por ejemplo, estuvo metido en un escándalo no
menor cuando, en 2017, viajó a Taiwan durante un año y siguió recibiendo
ingresos como notario de Concepción, dejando de suplente a Juan Rubilar,
exministro de la Corte de Concepción. Para ese viaje solicitó un permiso
especial, con lo que consiguió ausentarse de sus obligaciones por un año junto
a toda su familia. Su padre fue uno de los fundadores del ultraderechista
Partido Viauxista, que terminó salpicado por el caso del exquímico de la DINA,
Eugenio Berríos. Dentro de sus padrinos, figura el lobbista Eugenio
González, más conocido como "el pingüino".
Tomás Jarpa Concha, por su
parte, es el conservador y archivero de Copiapó, hijo del exdiputado Carlos
Abel Jarpa Wevar, quien se sabe echó en su momento a todos los funcionarios
para recontratarlos por menos plata. "Está bien, es todo legal, pero son
cosas que se vuelven incómodas para sopesar en un proceso evaluativo”, sostiene
una fuente.
“Imagínate lo que debe ser
para el Gobierno tener que nombrar a alguien sabiendo que su inclusión en la
terna es fruto del pituto. Para un Gobierno que llegó con el discurso de
detener esta mala práctica, es algo muy difícil”, agrega.
En el Ministerio de
Justicia declinaron entregar luces sobre este espinoso tema, silencio
institucional que también impera en el Poder Judicial. Mientras tanto el tiempo
pasa y el Gobierno aún no se decide a designar al nuevo conservador de
Hipotecas y Gravámenes, el codiciado cargo que genera más ingresos que el que
puede percibir, incluso, el gerente de una gran empresa, y que equivale a 20
veces el sueldo de un Presidente de la República. Un funcionario del CBR
reconoce que el solo hecho de aspirar al cargo requiere de contactos judiciales
y políticos.
“Afortunadamente ahora se
han hecho mejoras con autos acordados e iniciativas que ha impulsado la Corte
de Apelaciones en orden a establecer un ranking y
una evaluación algo más objetiva, pero el ingreso a la carrera registral
todavía está en una zona gris, y en eso no hay ninguna mentira”, sostiene.
“Tampoco son muchos los requisitos, salvo tener dos años de ejercicio, pero no
existe un curso habilitante para ingresar a la carrera notarial y registral
como el que tienen los jueces, por ejemplo”, detalla.
Tampoco es, como se dice
en jerga futbolística, “tirar y abrazarse”, ya que la fuente al interior del
CBR recuerda que “la evaluación curricular, que marca la primera etapa,
descrema al 60% de los aspirantes. Luego viene una evaluación de conocimientos
y se vuelve a quedar un grupo bastante menor del 40%, que saltó la primera
valla. De ahí se pasa a una evaluación psicolaboral y psicológica, un examen de
conocimientos y habilidades que son típicos en las áreas de recursos humanos
para cargos gerenciales. La Corporación Judicial ha invertido harto en eso,
hasta que llega a un grupo de 15, y a todos ellos se les llama a una audiencia
pública para escucharlos. De ahí en más, se pasa a la terna que se le propone
al Presidente de la República”. Es en este último cedazo donde surge ese
"componente subjetivo" de los magistrados del tribunal de alzada,
sostiene.
La confección misma de la
terna fue, de hecho, blanco de duras críticas en su minuto, pues los tres
finalistas obtuvieron un puntaje menor que otros postulantes. De un total de 90
puntos como evaluación máxima, Camila Jorquiera Monardez obtuvo 79,50 puntos;
Carlos Miranda Jiménez llegó a 82,30; mientras que Tomás Jarpa Concha obtuvo
72,50. Otros aspirantes, como el conservador de Bienes Raíces y Archivero
Judicial Titular de Arica, Fernando Monterola Salas, obtuvo 85,90, mientras que
el conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial Titular de Puente Alto,
Sergio Yáber Lozano, sacó 86,70 de puntaje final.
Maldonado Croquevielle, el
conservador a cargo del Registro de Propiedad y Comercio, reconoce la
existencia de este problema y sostiene que "la Corporación de Derecho
Registral durante años le ha hecho ver a los distintos gobiernos que esto debe
cambiar, para que se condiga con los estándares de transparencia que exige la
ciudadanía hoy en día. Por eso, insistimos en que los nombramientos deben ser
hechos para quien obtenga el mayor puntaje en la ponderación de los exámenes
que actualmente la Corte Suprema exige para cada concurso de notario o
conservador (examen de evaluación curricular, examen de conocimientos,
evaluación de habilidades y destrezas y entrevista psicolaboral), además de
exigirles una propuesta seria y viable de tecnologización de los oficios".
Respecto a los altos ingresos, Luis Maldonado ya ha dicho en otras ocasiones
que se han creado muchos mitos al respecto.
Un
servicio caro y discreto
Hay
algo muy llamativo respecto de esta institución que auxilia la labor de la
justicia. En primer término, y contrario a lo que mucha gente piensa, los
conservadores no son funcionarios públicos y ejercen ese rol de manera
vitalicia, sin que nadie hasta ahora logre explicar por qué. Incluso las
personas que más han investigado del tema, como Julio Peña, investigador de
Clapes UC y académico de la Universidad del Desarrollo (UDD), son incapaces de
ir más allá de las conjeturas.
Otra pregunta que surge es
por qué el Estado no puede asumir esa labor del mismo modo que lo hace, por
ejemplo, el Registro Civil, procurando con ello un mejor servicio y a un menor
precio. ¿Cómo es posible que nadie haya podido impulsar una reforma? ¿Cómo es
posible que ni la Convención Constitucional, que tuvo la audacia de eliminar el
Senado, tampoco haya logrado acabar con esta institución? ¿Cómo es posible que
se perpetúe una lógica endogámica y tan poco meritocrática, según apuntan sus
críticos? Y, para colmo, ¿cómo es posible que el Conservador de Bienes Raíces
de Santiago, algo así como el epítome de todos los vicios del sistema, puede
generar un ingreso tan alto para un profesional?
El conservador Luis
Maldonado Croquevielle avisa que el Estado "no tiene la capacidad ni la
experticia de llevar los registros conservatorios, en particular los de bienes
raíces, ya que la calificación registral implica un estudio detallado de la
situación jurídica pasada y actual de un inmueble, para que su transferencia se
haga conforme a la ley (...). Por otra parte, el Registro Civil está lejos de
ser infalible: con cierta habitualidad encontramos sentencias en tribunales que
corrigen alguna actuación". Asimismo, Maldonado Croquevielle advierte que
"un eventual sistema de repositorio de información de inmuebles sería
tercerizado en algún gigante tecnológico a través de una licitación, lo que
sumado a la falta de un marco de protección de los datos personales, expone
gravemente la información personal de la ciudadanía".
Una fuente dentro del
Palacio de Justicia entrega un dato interesante: “El botín es un argumento
atractivo para desechar cualquier reforma. ¿Cómo se financian las campañas de
los amigos en política? En este lugar se mueve mucha plata. El conservador de
Santiago tiene personal que saca fotocopias ganando 4 millones, solo porque es
amigo o familiar de alguien. Eso no puede ser donde el sueldo promedio es de
700 mil pesos”.
“No lo sé, francamente”,
dice el académico Julio Peña con una franqueza que llama al asombro, el mismo
que provocó hace unos 10 años cuando él y el abogado Javier Velozo publicaron,
en la Universidad Alberto Hurtado, un paper donde
calculaban que el conservador de Santiago genera un ingreso mensual mínimo de
180 millones. Acaso confluyen muchas cosas: el desconocimiento que mucha gente
tiene de su labor, la idea de que no es un servicio que esté en los medios
dando problemas, la clásica inercia institucional que con el paso de las
décadas inhibe el impulso reformador…
“Tengo una intuición y la
sugerimos con Javier (Velozo), y creo que tiene que ver con entrega de
privilegios”, sostiene el economista en referencia a eso que llamamos la inercia histórica. “Hay una historia
muy antigua de que este tipo de trabajos, originalmente los escribanos de la
Colonia española, eran puestos que se compraban. Y a la Corona le interesaba
vender poco porque, siendo pocos y muy caros, recaudaban más. ¡Pero es
increíble cómo persiste en el tiempo!”, agrega.
Otro
elemento crítico del sistema es que “el alto costo no se ve reflejado en un servicio
de calidad. ¿Cómo no va a ser posible licitarlo? Entonces, surgen las historias
en el ámbito judicial de cómo los conservadores son parientes y amigos con
gente de la Corte de Apelaciones, y en ese sentido sería interesante establecer
los vínculos que pudieran existir para darle más transparencia al sistema”,
declara Peña. "Insisto: ¿por qué no poder licitar de forma transparente
este cargo exigiendo estándares de calidad determinados, con tecnología online, por ejemplo? La última vez que fui al
Conservador, hace 8 años, estaba lleno de gente haciendo cola. Hace un año,
hice el papeleo para una empresa, y por el error del Conservador me demoré casi
un año en finalizar el trámite. Y ganan un montón de plata, y contratan al hijo
de tal, o al amigo del otro de más allá", agrega, en referencia a esa ya
clásica práctica cultural del "pituto".
“Hay una renta económica
muy jugosa y esa renta quizás se reparte en favores para mantener la
estructura. Es tan obvio que esto se puede cambiar a un costo bajo. En otros
países todos estos servicios de organizan de otra manera: en Estados Unidos hay
un conjunto de cosas que acá hacen los notarios, pero que allá las hace
cualquier persona; y en el caso de España, el notario es una de las posiciones
más difíciles de obtener. Es muy meritocrático”, agrega el investigador Clapes
UC y académico de la UDD.
La
reforma que todos quieren pero que nunca llega
Pero
hay una nueva reforma corta propuesta por los senadores Álvaro Elizalde (PS) y
Matías Walker (DC), tendiente a dividir al Conservador de Bienes Raíces (CBR)
de Santiago creando seis nuevos registros, a efectos de desconcentrar su poder,
sus rentas y, desde luego, su influencia, apelando de esa manera a una mayor
eficiencia en el uso de los recursos, así como a una distribución territorial
algo más razonable, considerando para ello la cercanía y la densidad
demográfica. El CBR de Santiago, al concentrar bajo su alero a 26 comunas,
limita ostensiblemente las posibilidades de que pueda ejercer un control más
cercano sobre los actos que allí se realizan.
El senador Walker sostiene
que es necesario “desconcentrar la oferta tanto en Santiago como en regiones y
aumentar la competencia, y darles más opciones a las personas (…). No hemos
podido poner en tabla el proyecto, y estamos a la espera de que el Gobierno le
dé urgencia a través del Ministerio de Justicia. Creo que todos compartimos el
mismo objetivo”, señala.
“No queremos crear cargos
de superricos. Esto es inexplicable para la ciudadanía”, agrega Walker, en
torno a las altas rentas que percibe el “triunvirato” al interior del CBR de
Santiago.
Luis Maldonado
Croquevielle indica que nunca "nos hemos negado a los cambios o
perfeccionamientos, todo lo contrario, desde las academia han surgido ideas muy
interesantes para mejorar el sistema y dar solución, como por ejemplo, la
creación del Consejo Superior para la Fe Pública, encargado de la
supervigilancia de los procesos de certificación y registro públicos y privados
que rescata experiencia comparada, como el Consejo Superior del Notariado
francés o la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
española".
El mismo CBR, según
Maldonado Croquevielle, asume que tiene tareas pendientes, como la
"aceleración y obligatoriedad de tecnologización del sistema; la
unificación de registros para avanzar a un sistema de folio real (donde lo que
importa es el inmueble), modificaciones al Reglamento que nos rige para
unificar criterios, y un cambio al sistema de nombramiento, haciéndolo
totalmente objetivo". Y hay más: "Sin embargo, también es necesario
generar un entorno de más transparencia y seguridad, y para ello es clave que
cualquier institucionalidad que se proponga esté amparada por el deber del
Estado de velar por el resguardo de los datos personales de los ciudadanos que
se relacionan con las instituciones públicas y privadas que llevan registros,
archivos y certificaciones; en especial atendidos los avances de las
tecnologías de la información y la protección de los derechos humanos de quinta
generación".
Asimismo, esboza una
autocrítica: "No hemos sido capaces de explicar con claridad qué hacemos y
cuál es la importancia de esta función para la defensa de los derechos de las
personas, no solo frente a terceros (empresas, personas naturales, etc.), sino
que incluso frente al Estado. Por eso, es gratificante que entidades como la
Fiscalía Nacional Económica, reconozcan, como hizo ya el año 2018, 'el esfuerzo
que ha desarrollado el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, modernizando
su proceso de gestión documental, transformándolo en un referente en temas de
digitalización'. Hoy, más del 90% de los requerimientos efectuados al
Conservador, lo son de manera remota", concluye, Maldonado Croquevielle en
defensa del CBR.
La fuente al interior del
Palacio de Justicia cree, en cambio, que ahora es la oportunidad de hacer esa
anhelada reforma. “El Conservador de Valdivia atiende ahora solo a la comuna, y
antes lo hacía con toda la región. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con el de
Santiago? Cuando sea nombrado el nuevo conservador de Hipotecas y Gravámenes,
el tema va a volver a perder interés y seguiremos en lo mismo. Por eso es que
la ventana de oportunidad es ahora”, puntualiza.
Pero Julio Peña, el
investigador de Clapes UC, es algo más escéptico: “Me aburrí de que todo el
mundo dijera cosas obvias en los noticieros y pasen y pasen los años y seguimos
sin ver cambios. Esto es como Hamlet: Algo
huele mal”.
