El reto de la nueva AN será
recuperar su autonomía
El nuevo Parlamento deberá inclinar la balanza hacia un equilibrio
entre los poderes en nuestro sistema político.
El
futuro político de Venezuela se decidirá en los próximos comicios electorales
del 6 de diciembre, con la elección de 167 diputados que tendrán la tarea de
devolverle al Parlamento su autonomía, así como su función legisladora,
representativa y controladora, que ha estado en pausa durante los últimos años.
Es
parte de la cultura política venezolana darle mayor relevancia a los procesos
de elección presidencial que a los parlamentarios, pues el presidencialismo
siempre ha estado presente en nuestra historia. Sin embargo, lo que está en
puerta este 6 de diciembre es una oportunidad de jugar una posición delantera
para inclinar la balanza hacia el equilibrio entre los poderes de nuestro
sistema político.
La
Asamblea Nacional es el lugar del debate político por excelencia, entendido
como la resolución de problemas a través de su discusión, entre diputados
electos para representar proporcionalmente a la ciudadanía y atender sus
demandas. Es el espacio donde se mueven los engranajes que ponen a andar el
motor de la democracia, donde la ciudadanía tiene voz y voto en la toma de
decisiones y en el control del poder, a través de la representación.
Hay
un peso importante en el papel que van a jugar los parlamentarios electos. El
reto principal será recuperar la autonomía en el ejercicio de sus funciones,
así como definir los temas prioritarios de la agenda legislativa. Se trata de
contrarrestar el libre ejercicio de poder del Ejecutivo, que hasta ahora ha
tenido carta blanca tras la constante delegación de competencias propias del
órgano legislativo, a través de una excesiva aprobación de leyes habilitantes
en el seno del Parlamento.
Mayoría
simple vs. Mayoría calificada
El
artículo 187 de la Constitución lista 23 funciones principales del Parlamento.
Dependiendo de la importancia de la decisión que se encuentre en discusión, la
Carta Magna establece que el consenso debe lograrse en el marco de uno de los
dos tipos de mayoría, la simple o la calificada.
Para
alcanzar una mayoría simple, es necesario contar con el voto de la mitad de los
parlamentarios más uno, es decir, 84 diputados. Son muchos los cambios posibles
de ejecutar con una mayoría simple, empezando por elegir las autoridades
parlamentarias, posiciones claves para asegurar el desenvolvimiento de un
debate equilibrado, libre y democrático.
La
mayoría simple tiene también la potestad de ejercer la función de control a
través de interpelaciones, investigaciones, autorizaciones y aprobaciones parlamentarias
previstas en la Constitución y en la ley. Tanto funcionarios públicos como
particulares están obligados por el artículo 223 de la Constitución a
comparecer ante las comisiones parlamentarias correspondientes y proporcionar
la información que se les solicite en el marco del proceso investigativo.
Son
competencias de la mayoría simple: acordar un referéndum consultivo nacional
para materias de especial trascendencia, como la consulta para un referéndum
revocatorio, aprobar decretos de estado de excepción, y determinar las faltas
absolutas del presidente según los lapsos que indica la Constitución, así como
autorizar su enjuiciamiento por el TSJ. También podrá aprobar proyectos e
iniciativas de enmienda y reforma de la
Constitución.
Por
su parte, la mayoría calificada puede dividirse en dos tipos, en algunos casos
se necesitan 3/5 de los parlamentarios, lo que se traduce a 101 votos para
llegar a un acuerdo, mientras que para otra jerarquía de decisiones se
necesitan 2/3 de los votos, que equivale a 112 diputados.
Esta
mayoría tiene competencias tan importantes como renovar las autoridades en los
Poderes Públicos. Para designar autoridades del CNE -5 rectores y sus
suplentes- y Magistrados de Tribunal Supremo de Justicia, son necesarios 2/3 de
los votos, así como para escoger los titulares del Poder Ciudadano, crear y
modificar leyes orgánicas, y someter a referendo los tratados y acuerdos
internacionales que pudieran comprometer la soberanía nacional.
Asimismo,
con la mayoría de 3/5, es decir, 101 diputados, podrán aprobar leyes
habilitantes, dar moción de censura a los Ministros y al vicepresidente
ejecutivo, así como decidir que el voto de censura acordado implique su
destitución.
Conforme
al artículo 219 de la Constitución, la nueva representación de la ciudadanía
deberá asumir el primer periodo de las sesiones ordinarias el 5 de enero del
próximo año, fecha en la que una nueva mayoría deberá asumir el compromiso de
equilibrar la balanza en el sistema político.