TITÁNICA
MISIÓN LA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Chile,
19 de agosto 2021
Por Sergio Fernández Figueroa
“Solemos llamar "titánica" a aquella
tarea que se nos antoja enorme, casi imposible de resolver, en implícita
referencia a Atlas, el desventurado titán que fue condenado por Zeus a soportar
sobre sus hombros el peso del cielo por toda la eternidad.”
“Pareciera ser, entonces,
un calificativo apropiado para el encargo sin precedentes que les efectuamos a
los convencionales constitucionales (a quienes se lo toman en serio, claro
está). Elaborar una nueva Constitución a partir de una hoja en blanco, sin
capacitación previa, con el Gobierno tratando de colocarles obstáculos y
sabotearlos, con un grupo de infiltrados atornillando al revés, y todo ello en
el lapso de un año es, qué duda cabe, una tarea titánica.
Sin embargo, no es una
misión imposible, y los convencionales no necesitan ser encarnaciones de Ethan
Hunt para llevarla a feliz término, en especial si se organizan de manera
apropiada para abordar las seis grandes áreas temáticas en las que se divide
una Constitución: la identificación de los constituyentes; el tipo de Estado
que constituirán; los objetivos de este; los principios que enmarcarán la vida
social; los derechos y deberes de los constituyentes; y, la guinda de la torta,
la forma en que se organizará ese Estado que se constituye para validar y respetar
esas identidades, alcanzar esos objetivos, controlar que los principios y
deberes sean cumplidos, y garantizar que los derechos establecidos —todos, sin
excepción— puedan ser ejercidos a plenitud por los ciudadanos.
Esa es la ventaja de los
esquemas: una tarea muy compleja se reduce a nada más que siete conceptos:
identidad, tipo de sociedad, objetivos, principios, derechos, deberes y
organización. Vista así parece más abordable, ¿verdad? Incluso, hay una
secuencia implícita, pues la organización, dado que depende en gran medida de
lo que se defina en las restantes áreas, debiera ser resuelta al final.
Demos un breve y
superficial vistazo a cada área temática.
En la primera, la identificación, los convencionales
tendrán que resolver los espinudos temas de la soberanía, los pueblos y las
culturas. ¿Dónde reside la soberanía? ¿Quién o quiénes concurrirán al acto
constituyente (no me venga a decir que la República, porque lo repruebo en el
acto)? ¿Será la Nación chilena como un todo? ¿Habrá una redefinición previa del
concepto "Nación"? ¿Se recurrirá a una "Plurinación"? ¿Cómo
se insertará la plurinacionalidad en la nueva Carta Fundamental? ¿O serán los
pueblos quienes se constituirán? Y, de ser así, ¿cuáles pueblos? ¿Se le dará
aquí, por fin, el reconocimiento constitucional a cada uno de ellos? ¿De qué
manera?
En la segunda área, la del tipo de sociedad que se constituirá,
los convencionales deberán abordar varios temas polémicos. No está en cuestión,
dado lo dispuesto en el artículo 135, el tipo de
Estado que se conformará: será una «república
democrática». Pero ¿tendrá más apellidos? ¿Cuáles? ¿Tendremos más de un idioma
oficial? ¿Más de una bandera? ¿Cuál será el lema que figurará en el escudo
patrio? ¿Se eliminará per saecula saeculorum la tercera estrofa de la canción
nacional? ¿Se dispondrá el derribo, por fin, de las estatuas de genocidas y
criminales de derechos humanos que aún permanecen en pie? Sería esta, además,
una excelente instancia para suprimir de la lista de presidentes de la
República a cualquier dictador sanguinario que aún forme parte de ella, y para
asentar de manera concluyente el carácter laico de nuestra sociedad y extirpar
para siempre toda clase de juramentos en nombre de alguna improbable y
todopoderosa entidad divina.
La tercera área, los objetivos, aunque ausente casi
por completo de la Constitución vigente, es clave. En ella se responde una
inquietud fundamental: ¿para qué conforman los constituyentes esa sociedad
llamada Estado? ¿Cuáles son los beneficios que pretenden lograr por su
intermedio?
Por cierto, no vale aquí
el tan manoseado "bien común", concepto indefinible y, por tanto,
inmedible e incontrolable. El preámbulo de la Carta Fundamental española puede
servir de punto de partida al respecto, precisando aún más lo que haya que
precisar y agregando objetivos ineludibles que están ausentes, tales como una
mayor equidad y el respeto irrestricto al medio ambiente.
La cuarta área, los principios, debe incorporar, corregidos y
mejorados, los que forman parte del capítulo de Bases de la institucionalidad
de la actual Constitución, pero también algunos cuya definición no puede
seguirse dilatando. Respecto de la familia, por ejemplo, ¿se restringirá el
concepto solo a la definición tradicional o se abrirá a las demás formas
existentes? Respecto de la jerarquía, ¿se establecerá por fin que las normas
constitucionales prevalecen sin excepciones sobre los códigos y leyes
(terminando así con el absurdo de que la Fiscalía no puede perseguir crímenes
en ausencia de una querella del SII)? Respecto de la probidad, ¿se dispondrá de
una vez por todas que la no denuncia de un posible delito es causal de pérdida
del cargo para el no denunciante? Y respecto de la responsabilidad, ¿se dejará
normado con claridad meridiana que las personas jurídicas no son responsables
de la comisión de faltas o delitos, y que son las personas naturales las únicas
que deben responder por ellos?
La quinta área, los derechos y deberes de los ciudadanos, será
un manjar para algunos y una tortura para otros. No es necesario ser pitoniso
para anticipar aquí un debate sanguinario, en particular respecto del derecho
de propiedad —¿quién debe ser el propietario de las aguas, de los minerales,
pesquerías, playas y riberas, cerros, montañas, del bosque nativo, de la fauna
autóctona?; ¿se seguirá autorizando la caza?; ¿se prohibirán la tala del bosque
nativo y el desarrollo de actividades extractivas que afecten áreas protegidas,
como es el caso de Dominga?; ¿se establecerá algún límite a la acumulación
desmedida de propiedad, ya que atenta contra el bienestar de la sociedad?—, y
de los de salud, educación, vivienda, seguridad social, justicia, igualdad ante
la ley y un largo etcétera. Le doy por firmado que el sistema privilegiado de
pensiones de las FF.AA. y Carabineros generará un gran debate, así como la
impunidad que disfrutan quienes disponen de poder político y económico.
También, no faltaba más, la equidad tributaria.
Por cierto, en una
sociedad donde la asimetría de información es brutal, debe incorporarse el
derecho a recibir información completa, verídica y no sesgada. Y también es
imperioso, y más aún en un país tan desigual e inequitativo como Chile, que se
complemente el derecho de igualdad ante la ley estableciendo que el abuso, todo
abuso, sea por definición un delito y, como tal, deba ser denunciado,
perseguido y sancionado. Por último, y ligado a lo anterior, habría que
plantear un "derecho a la equidad", que sería el derecho de las
personas a que la desigualdad no supere una determinada magnitud (si la medimos
con el coeficiente de Gini, que este no sea mayor que 0,30, por ejemplo).
En cuanto a deberes, hay
que definir si se reestablecerá el voto obligatorio y si se eliminará el
servicio militar obligatorio, buscando profesionalizar al máximo las FF.AA. y
reducir su tamaño a aquel que sea indispensable para preocuparse solo de
nuestra seguridad externa (otro debate sanguinario, uno más).
Ahora
bien, si estas primeras áreas provocarán dolores de cabeza a los
convencionales, en especial la quinta, imagine la cefalea que los abrumará con
la sexta. Tendrán que definir, en el escaso tiempo que les reste, cuál es la
organización del Estado más adecuada para, lo reitero, conseguir que las
identidades definidas se validen y respeten; medir, perseguir y alcanzar los
objetivos establecidos; controlar que los principios y deberes sean cumplidos y
no se transformen en letra muerta; y conseguir que los derechos ciudadanos
—todos, sin excepción— sean respetados y ejercidos a plenitud por quienes los
detentan. Este punto es crucial, porque las organizaciones no son constructos
que pueden ser sujetos de copy paste y seguir
funcionando como si nada. No sirve aquí el prêt-à-porter.
Una organización debe ser diseñada, sí o sí, de acuerdo con los objetivos que
se pretenden alcanzar por su intermedio.
Dicho esto, hay demasiados
temas que resolver en este ámbito. Por ejemplo: ¿cuántos poderes tendrá el
Estado? ¿Solo tres, como hasta hoy? ¿O a los existentes —Ejecutivo, Legislativo
y Judicial— se agregará un cuarto, el Defensor del pueblo, que defenderá los
derechos de los ciudadanos y supervisará que los tres restantes los respeten a
cabalidad? ¿Cuál será el grado de descentralización que se implementará? ¿Será
Chile un Estado unitario, federal o uno conformado por comunidades
independientes? El sistema de gobierno, ¿seguirá siendo presidencial o derivará
a (semi)parlamentario? El Poder Legislativo, ¿será uni o bicameral? ¿Se
suprimirá el Senado o solo se modificarán sus atribuciones? ¿Se eliminará el
TC, asignando sus funciones a la Corte Suprema? ¿Se creará, al amparo de esta,
un Tribunal de Derechos Humanos y Ciudadanos? ¿Se suprimirá la injerencia del
Gobierno y el Parlamento en la selección de los jueces, estableciendo un
sistema de promociones donde todos los ascensos se efectúen por calificaciones?
¿Se eliminarán los abogados integrantes y los jueces provenientes de la
actividad privada? ¿Se eliminarán las prescripciones de ciertos delitos, como
los homicidios, violaciones, el abuso infantil y los efectuados en contra del
fisco y de la comunidad (mal uso y apropiación de bienes y dineros fiscales,
colusiones, cohechos y delitos tributarios, entre otros)? Destaco que una
medida como esta permitiría perseguir a la mayor parte de los delincuentes de
cuello y corbata que han sido beneficiados con el abuso de la impunidad.
Hay más. ¿Seguirán siendo
las FF.AA. y Carabineros instituciones clasistas con doble escalafón o serán
transformadas en organizaciones inclusivas con uno solo? ¿Serán refundados
Carabineros y la PDI? ¿Habrá policías regionales y municipales? ¿Cuál será el
papel de la Contraloría? ¿Podrá supervisar los gastos de todos los organismos
del Estado o seguirá teniendo las actuales limitaciones? ¿Serán elegidos los
fiscales nacionales por voto popular o se mantendrá el vergonzoso sistema de
selección vigente? ¿Se transformará el SII en un servicio autónomo? ¿Los jefes
de los servicios y los embajadores pasarán a ser funcionarios de carrera? ¿Se
pondrá límites a los cargos políticos a todo nivel?
Respecto del derecho a
informarse, ¿se crearán una radioemisora y un periódico de propiedad pública
cuya misión sea investigar y destapar los abusos, cualquiera sea su origen? ¿Se
reestructurará TVN para convertirlo en el canal público que necesitamos y
dotarlo de autoridades comprometidas con la verdad y la transparencia, y no de
vulgares operadores políticos, como hasta ahora?
Y en temas misceláneos,
¿se reducirán las dietas parlamentarias, asociándolas además al salario mínimo?
¿Se eliminarán las dietas y asignaciones de los expresidentes? ¿Se suprimirá el
CNTV? ¿Se eliminarán las notarías, traspasando sus funciones a un servicio
público?
Y agregue unas cuantas
decenas más.
Espeluznante,
¿verdad? ¡Menuda tarea la que les espera a nuestros convencionales! Espero que
de verdad la hayan aquilatado y estén tomando todas las medidas necesarias para
desarrollarla en buena forma. Estoy seguro, no obstante, de que serán capaces
de sacarla adelante; con algunas canas y arrugas adicionales y un poco menos
pelo, cierto, pero de manera satisfactoria. Tendremos, tengo la certeza, una
nueva Constitución que será muy superior a la que dejaremos en el pasado.
Mal que mal, si de titanes
se trata, no han existido quejas hasta la fecha del desempeño de los antiguos
—el cielo, como es fácil de comprobar, sigue pendiendo sobre nosotros—. ¿Por
qué, entonces, tendría que ser distinto con los nuevos?
Tomado de diario El
Mostrador, Chile.
