A DÍAS DEL PLEBISCITO
Chile, 23 de octubre 2020
Por Ana María García
“Por Ana
María García, Prof. Derecho Constitucional, U. de Chile / Presidenta de la
Asociación Chilena de Derecho Constitucional.”
“Todos los procesos constitucionales de
Chile han tenido lugar en medio de crisis, conflictos y quiebres
institucionales.
Así ocurrió en la época que precedió a la
Constitución de 1833, convulsionada por una guerra civil que dio paso a la
elaboración de esa Carta, vigente por casi un siglo. A fines del siglo
XIX, esa Constitución mutó de un gobierno presidencial a uno
pseudo parlamentario, que dio paso incesantemente a
sucesivos gabinetes presidenciales. Tiempos de crisis que culminaron en la
caída del Presidente Arturo Alessandri en 1924, el advenimiento de juntas
militares y posterior regreso del Presidente para elaborar la nueva Carta de
1925, con una vigencia de casi cincuenta años. Posteriormente, la crisis
institucional de 1973 dio lugar, como se sabe, a la intervención militar y a la
elaboración de la Constitución de 1980, controvertida por la ilegitimidad de su
origen y que, no obstante sus casi trescientas normas modificadas, aún es
objeto de reparos.
Por lo dicho, hoy debe valorarse que
estemos ante una oportunidad histórica inédita en la que la ciudadanía podrá
pronunciarse sobre un nuevo texto constitucional, dentro de un proceso
institucional democrático previamente establecido y sin afectar el
funcionamiento del Estado.
La democracia supone una manera de ser y
de estar en un régimen político, supone un “ethos” democrático de ciudadanos
que respetan el diálogo, que practican la tolerancia y la apertura al pensar de
los otros, y, por supuesto, el primer requisito para que esto se materialice es
el abandono de la violencia.
Luego, un nuevo texto constitucional
debería ser más bien breve que extenso, contener los aspectos fundamentales de
los órganos del Estado, dejando la regulación de detalle al legislador; definir
los fines prioritarios de la gestión del Estado, pero sin señalar modelos
específicos para alcanzarlos.
Nuestros ordenamientos constitucionales,
más de dos veces centenarios, contienen un acervo histórico de adhesión a
valores y a derechos, a las libertades en toda su amplitud. Asimismo, ha sido
reconocida la dignidad y el principio de igualdad en sus diversos aspectos, el
derecho de propiedad y los derechos sociales y económicos. Una nueva
Constitución habrá de elevar el actual estándar en materia de derechos y perfeccionarlos,
dando adecuada protección a los derechos sociales de educación, salud,
previsión social y trabajo, con sobriedad, equilibrio y responsabilidad fiscal,
sin especulaciones detalladas que más bien son declarativas que efectivas.
Aspectos imprescindibles y hasta ahora
omitidos en la Constitución son el reconocimiento de los pueblos originarios,
como asimismo la incorporación de medios de participación ciudadana con
posibilidad de convocatoria a referéndums, plebiscitos e iniciativas
legislativas, mecanismos jurídicos indispensables para complementar la
actual democracia representativa.
Tomado de diario LA TERCERA, Chile.
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