DERECHO A VOTO PARA LOS PRESOS: UNA DEUDA DEL ESTADO
Chile
26 de julio 2021
Por Antonella Oberti y otros
“Este no es el caso de las personas privadas de
libertad, objetos de una marginación política injustificada. Con fundamentos
moralistas la Constitución actual regula presupuestos de pérdida de la
ciudadanía o del derecho a sufragio”.
“Señor director:
El
2021 pasará a la historia como el año en que mayor número de papeletas habremos
ingresado a las urnas, diez en total, dependiendo de la región. Once si
contamos la inminente segunda vuelta presidencial. Esto aplica para personas
que nos encontramos en libertad, sin condenas ni medidas cautelares, desde
fuera de la potestad punitiva, en una situación de privilegio, pues además,
nuestra ciudadanía se encuentra intacta.
Este no es el caso de las
personas privadas de libertad, objetos de una marginación política injustificada.
Con fundamentos moralistas la Constitución actual regula presupuestos de
pérdida de la ciudadanía o del derecho a sufragio. Entre ellas se encuentra ser
condenado por penas superiores a pena aflictiva (3 años y un día), o ser
acusado de algún delito que merezca dicha pena.
Considerando que cerca del
29% de la población recluida puede votar debido a que no han perdido su
ciudadanía ni se le ha suspendido su derecho a sufragio, ¿qué razón han
argumentado los organismos públicos para oponerse al cumplimiento de la
Constitución? No se justifica la inexistencia de una norma legal que disponga
un mecanismo especial de votación.
La Comisión de Gobierno de
la Cámara de Diputados presentó un conjunto de iniciativas para solucionar el
problema: voto postal, voto anticipado y voto en recintos privativos de
libertad. La sorpresa es mayor cuando constatamos que aún respecto de dichas
propuestas no se quiere avanzar. Este es un derecho político que se viola una y
otra vez en cada elección. Se vulneró el pasado domingo en las primarias
presidenciales. La pregunta es si se volverá a vulnerar en noviembre, cuando
acudamos una vez más para decidir quién gobernará los próximos años y también
en las venideras elecciones, con énfasis en el plebiscito de salida de la Nueva
Constitución en que el voto es obligatorio. Asimismo, ¿volverán las autoridades
a infringir la ley si se promulga la ley sobre voto obligatorio?
Como organizaciones de la
sociedad civil abogamos para que el Estado de Chile deje de vulnerar los
derechos civiles y políticos de los que son titulares las personas, entre
ellas, los presos de la revuelta social. Pero vamos más allá, nos preocupan
todos los presos. Creemos que una auténtica democracia no se acaba con una
sentencia condenatoria. Perseveraremos para que la nueva Constitución incorpore
como parte de la ciudadanía a todas las personas sin exclusiones. Por una
democracia sin muros ni rejas, queremos voto para todas las personas privadas
de libertad”.
Tomado de diario EL MOSTRADOR, Chile.
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