LA CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL BAJO LA LUPA DE LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES
Chile, 29 de abril2022
Por Cristina Cifuentes, Juan Paulo
Iglesias y Ariadna Rodríguez
“Desde su instalación, el 4 de julio de 2021, la
Convención Constitucional ha sido objeto de interés a nivel global. Por lo
mismo, diversos medios internacionales han abordado sus aspectos más relevantes
o llamativos. Pero también una serie de constitucionalistas han viajado a Chile
para estudiar in situ el trabajo del órgano a cargo de elaborar una nueva
Constitución.”
“Bruce Ackerman,
constitucionalista estadounidense y autor de We the people:
“Abordar el tema del estado de emergencia en la Constitución es clave”
Bruce Ackerman sigue siendo optimista
sobre el proceso constitucional en Chile y advierte entre bromas, al final del
diálogo con este diario, que si la Convención fracasa, “prometo que escribiré
un artículo en The New York Times diciendo ‘Chile le ha fallado al mundo’”.
Porque para el autor de We the people -texto de referencia
entre los constitucionalistas-, el caso chileno puede ser un ejemplo en
momentos en que los equilibrios globales están cambiando. “Basta pensar que
dentro de 20 años vivirá más gente en India que en todo el mundo occidental”,
dice.
Pero pese a su optimismo, el académico de
la Universidad de Yale y uno de los constitucionalistas más reputados del
planeta, alerta sobre algunos puntos que cree importante dejar bien
establecidos en el texto constitucional. Según él, “la estructura
básica que está saliendo del sistema político me parece absolutamente
plausible, pero lo crucial es cómo diseñan el modelo para que funcione
efectivamente”. Y aquí, agrega, “abordar el tema del estado de emergencia
es clave”, porque “si no se hace bien, sus consecuencias pueden ser
dramáticas”.
“El modelo político propuesto hasta ahora
es básicamente el francés: un sistema presidencial, con una Cámara de Diputados
y un Senado débil”, dice. Y precisamente en Francia se aprobó una reforma que
modificó la forma de aplicar el estado de emergencia. “Un sistema que llamo
‘escalador supramayoritario’ y que traspasa paulatinamente la responsabilidad
de renovar el estado de emergencia a la oposición”, dice Ackerman, al exigir al
Presidente un quórum cada vez más alto en el Parlamento si quiere seguir
restableciendo el estado de emergencia cada dos meses.
“La clave de una buena Constitución”,
asegura el académico, “es un buen sistema de check and balance entre
las ramas políticas del sistema institucional”. Y eso es lo que se logra en el
caso del sistema que limita las facultades presidenciales para decretar estado
de emergencia. “Las cortes cumplen un rol importante cuando les corresponde,
como en casos de igualdad de género, pero no tienen nada que hacer en temas
como el estado de emergencia”, dice. Aquí el asunto es político, y el problema
es que, a veces, “confiamos demasiado en un check and balance judicial”.
Para reforzar ese objetivo, Ackerman
agrega otras dos recomendaciones: la creación de una poderosa agencia
anticorrupción y un adecuado manejo del tema indígena. Según él, “la parte
crucial de una Constitución son las instituciones que crea, porque estas una
vez que existen, tienen una vida propia”. Por eso, asegura, es clave
crear una adecuada agencia independiente anticorrupción, cuya composición
permita que no sea cooptada por intereses políticos. Y agrega:
“Diferencias ideológicas siempre van a existir, pero son las instituciones las
que nos permiten tener un lenguaje común”.
Y sobre el tema indígena asegura que el modelo
de “Senado débil” o Cámara de las Regiones propuesto es un buen camino para
proteger los derechos de ese grupo. Porque, asegura, ese “senado” -que según él
no tiene que ver todos los temas- puede contar con facultades para de dilatar
normas regionales propuestas por la Cámara Baja, que los indígenas consideren
que ponen en riesgo sus intereses. Una idea, sugiere, es un veto suspensivo por
seis meses que les dé la posibilidad de devolver la propuesta a los diputados
para que la revisen. “Eso permite establecer una conversación política en el
Congreso y eso es lo que se necesita”, dice.
Ralf Lanau abogado
y político alemán: “Una Constitución debe establecer un marco institucional y
de procedimiento para los futuros procesos de negociación política”
Este profesor de derecho público de la
Universidad para la Administración Pública de Sajonia de Meissen, Alemania,
estuvo en enero pasado en Santiago, donde llevó a cabo una serie de reuniones
con miembros de la Convención, académicos y otros representantes de la sociedad
civil. .
“Respecto del Senado, hay un problema
fundamental que también se puede encontrar en órganos parlamentarios similares
en otros países: parece un Parlamento honorario de principios del siglo XIX, en
cuya composición los senadores como personas juegan un papel más fuerte que los
programas políticos o los temas regionales. La expresión más clara de ello
fueron los cargos de senadores designados, que sólo se suprimieron con la
reforma constitucional de 2005. En Chile, hasta la reforma constitucional de
2015, las circunscripciones rurales estaban desproporcionadamente representadas
en relación con su población, lo que tenía consecuencias en la composición
política del Senado”.
“Sin
embargo, lo veo como una oportunidad para que un segundo órgano parlamentario
de carácter regional tenga un fuerte efecto integrador; especialmente en un
país tan diverso geográfica y paisajísticamente, pero también tan extenso como
Chile. El requisito para este efecto
integrador es que este órgano no repita las diferencias partidistas de la
primera cámara para cada región, sino que agrupe los temas, problemas
e intereses de la región respectiva y los introduzca como su postura en el
proceso general de toma de decisiones a nivel nacional”.
Lanau
también menciona la aprobación de derechos sociales. “Entiendo perfectamente
las aspiraciones de los miembros de la Convención de dar al Estado chileno un
papel más activo en el establecimiento y la garantía de unos estándares
sociales mínimos para todos los ciudadanos. Ciertamente, una Constitución
moderna se mide también por el hecho de que no sólo protege la libertad del
individuo, sino que también le da la oportunidad de vivir con dignidad. Sin
embargo, la adopción de una nueva
Constitución no cambia necesariamente la realidad de los ciudadanos. Es
tarea de la legislación promulgar las normas sobre derechos a prestaciones
sociales concretas, así como adaptarlas constantemente a las circunstancias
económicas, sociales, demográficas y de otro tipo”.
El
abogado también se refiere a la extensión de la Carta Magna. “Un peligro que
veo con los textos legales muy extensos, no sólo con la Constitución chilena,
es la estrechez de las normas asociadas a ellos. La ley siempre tiene que hacer
frente al problema de permitir que se tomen decisiones sobre hechos que aún no
se conocen en el momento de aprobar la ley respectiva. Una Constitución con la
que se formula cada tarea social futura de forma vinculante, con la que se debe
resolver cada conflicto político con previsión, es rápidamente superada por la
realidad y, en consecuencia, pierde legitimidad”, indica.
A
pesar de que Ralf Lanau regresó a Alemania hace varios meses, aún sigue
monitoreando a distancia los debates de la Convención, entre estos, el aumento
de la distancia de un número importante de chilenos respecto del proceso
constituyente, incluido el ascenso de la opción Rechazo. “Por mucho que pueda entender la posición de
quienes han luchado por el proceso de redacción de una nueva Constitución y
ahora quieren anclar en ella objetivos políticos concretos, una Constitución
debe, ante todo, establecer un marco institucional y de procedimiento para los
futuros procesos de negociación política que goce de la suficiente aceptación
como para que los resultados basados en ella puedan ser respetados también por
las minorías políticas”, concluye.
David Landau, Universidad Estatal de Florida: “Es necesario pensar
cómo podemos hacer efectivos los derechos sociales aprobados”
El
trabajo de este profesor de derecho constitucional se ha centrado en el diseño
y la teoría constitucional. Actualmente se encuentra en Chile, invitado por la
Universidad Adolfo Ibáñez, para observar el proceso constituyente. “Creo que es un proceso muy interesante, en
el sentido de que todo lo que se está haciendo es desde una perspectiva legal y
utilizando las opciones que ya existen”, indica.
Landau
también ha puesto interés en la eliminación del Senado. “Si miramos el mundo
desde una perspectiva comparada, hay otros ejemplos en los que una Cámara Alta
tiene menos poder. Ese es el tipo de modelo asimétrico. Lo importante es que se
continúe con la separación de poderes y creo que aunque el tema aún no se
encuentra definido, tengo la impresión de que eso va a seguir en el modelo de
la nueva Constitución. Aunque se cambie el nombre, probablemente va a ser una
Cámara Alta con poderes eficientes”, apunta.
El
académico también se ha concentrado en observar el debate sobre los derechos
fundamentales. “Creo que es un avance
tener una lista más completa de derechos sociales, aunque es necesario pensar
cómo se pueden hacer efectivos. Y eso requiere un proceso, porque si
miramos la doctrina internacional de Derechos Humanos y si miramos la
experiencia de otros países en la región, la gente no va a gozar plenamente y
totalmente ese tipo de derechos el día o el año después del referendo. Creo que
es importante que la gente de la Convención y la sociedad, y el sistema
político chileno, piensen en cuáles van a ser las rutas efectivas de esos
derechos nuevos, porque no basta solamente en incluirlos en la Constitución”.
Respecto
de los sondeos de cara al plebiscito, Landau señala que “si existe un resultado
estrecho eso tendría un efecto en la legitimidad. Creo que es mejor pensar en
esto como un proceso, en el que después del referendo viene la implementación y
en cada fase hay actores diferentes haciendo una intervención en el proceso”,
sostiene.”
Tomado de diario LA TERCERA. cl
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